Sumarios jurisdiccionales

Configura estafa procesal la utilización de instrumentos apócrifos presentados dolosamente en el expediente judicial a fin de procurar un menoscabo en el interés legítimo del demandado, y con la intención de inducir a error al juez para obtener un pronunciamiento ventajoso. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann en minoría)

La critica del señor defensor en relación al dolo directo o eventual como lo hizo saber en la audiencia del art. 239 del CPP, no es mas que una interpretación subjetiva del razonamiento del magistrado que no mella la resolución judicial que vincula a su pupilo con el delito reprochado. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa solo en cuanto a la escala penal aplicable e imponer al imputado la pena de tres años de prisión, desde que este Tribunal de Impugnación ya se ha expedido en la causa “Leiton”, en la que se sostuvo que el agravante del art. 41 bis no eleva la escala del delito calificado. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Resultan infundados los supuestos de arbitrariedad invocados por la defensa por cuanto el sustento sobre el cual se erige la necesidad de la medida (amenazas a testigo) aparece como suficiente en orden al aseguramiento contra riesgos procesales, resultando instrascendente las consideraciones que realiza tangencialmente la jueza sobre la actividad fiscal en orden la protección de los testigos. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Se estableció que el vendedor debía tener conocimiento de la situación existente, y en ese modo causal se integra con la simulación de H. en su verdadera identidad (utilizó otro nombre y apellido para el engaño), se acreditó la adulteración de la documentación del rodado y el boleto de compra y venta que le correspondía de puño y letra al imputado. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Cabe descartar el agravio de la defensa por cuanto la consideración de la corta edad de las víctimas no entraña una doble valoración en función que las circunstancias particulares del hecho requieren un análisis de la situación de mayor vulnerabilidad de las niñas, quienes siendo menores de edad (no puede desconocerse que la minoría de edad conlleva un extenso lapso temporal entre el nacimiento y los 18 años) comenzaron a ser atacadas sexualmente cuando rondaban apenas 6 años lo que conlleva un plus disvalioso en tanto acrecienta una evidente asimetría de poder entre el victimario y las víctimas. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La sentencia acierta cuando sostiene que como agravante el entorno socio-cultural y en especial la pertenencia a un culto religioso del imputado, porque ello lejos de disminuir el reproche, tal como ha sostenido la sentencia para evaluar la culpabilidad “evidencia que tenía las herramientas necesarias para valorar lo disvalioso de su conducta y no obstante ello persistir en su comisión durante un importante lapso de tiempo y respecto de dos víctimas”. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Se ha sostenido que en estos casos -abuso sexual- en que los hechos ocurren en la intimidad “no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”. (criterio establecido por el STJ Se. 203/16, 187/17, 276/17 y 67/18, entre otros) y que en el caso de testigo único corresponde corroborar la información aportada con otros medios de prueba que, de manera independiente, den fuerza convictiva al mismo. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

El tenor de los hechos concretos investigados en autos y la naturaleza del delito reprochado -lesiones agravadas, amenazas y desobediencia judicial-, el que se hayan cometido en contra de una mujer, y lo más relevante, llegando incluso a comportamientos violentos y amenazantes respecto de hechos anteriores que han sido ponderados por el magistrado, son argumentos que sugieren claramente el peligro de fuga, y la necesidad de proteger a una mujer que ha sido victima de violencia de género, cuya conjura exige el sometimiento procesal a la caución privativa de libertad en forma preventiva. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Los jueces valoraron, como agravantes, la naturaleza de la acción (la pérdida de un vida), el medio empleado para ejecutarla (un arma de fuego), el modo de actuación (en soledad y confianza), el contexto familiar de la víctima y los antecedentes condenatorios. En tanto que como atenuante, se merituó la edad de la imputada, su grupo familiar, la condición económica, su pertenencia social, el grado de instrucción, el haber ejercido la prostitución para contribuir al sostén familiar (que la posiciona en un lugar de vulnerabilidad), todo ello bajo la visión de la perspectiva de género. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias )