Sumarios jurisdiccionales

La amplitud probatoria que confiere la ley en estos casos -violencia de género- permite la mayor búsqueda de datos para comprobar los hechos fácticos de la acusación (artículo 165 del CPP) y ello exige una “debida diligencia reforzada” de los acusadores para investigar los delitos de violencia de género y como contrapartida, el deber de los jueces de aplicar enfoque de género al evaluar las probanzas, pero no implica de ninguna manera que se erija una condena sin pruebas suficientes solo sobre la íntima convicción del juzgador. (voto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

La prisión preventiva es la máxima coerción personal que establece el Código y procede cuando no exista otra medida para asegurar la investigación y los fines del proceso. De hecho el art. 109 establece que procede la privación de libertad cuando “las demás medidas cautelares o de coerción personal fueran insuficientes para asegurar los fines del procedimiento”, lo cual concuerda con los principios dispuestos en el art. 7 y 100. En ese marco no es posible generalizar la procedencia o improcedencia para todas las situaciones, por el contrario, el Superior Tribunal de Justicia ha sostenido “la necesidad de analizar en cada caso las circunstancias que permitan inferir tal riesgo de entorpecimiento de la investigación o de elusión de la acción de la justicia, contexto en el que cobra especial significación el mérito que resulta de las constancias del expediente” (STJ 268/16, “Forno”). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Los indicios probatorios carecen de hechos base plenamente probados y el referido a la expresión amenazante en sí misma resulta débil porque es un hecho intermedio que no permite llegar de forma unívoca a la existencia del elemento físico arma de fuego por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)

Corresponde señalar que el testimonio de la víctima es creíble y respecto de la relación violenta que ha padecido existen elementos corroborantes tales como el testimonio de su amiga y un mensaje de audio reproducido en juicio. Pero en el caso concreto para dar por acreditadas todas las proposiciones fácticas de la acusación, en particular el uso de arma, es esperable una investigación más amplia por parte de la acusadora, sobre todo en casos como el presente en el cual se investigan hechos enmarcados en violencia de género (conf. Convención de Belen Do Para, art.7). (voto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

Recuerdo el deber de observar las pautas sentadas in re "Casal" en la revisión integral de la sentencia de condena, vinculadas, en lo sustancial, con el examen a partir de las reglas de la sana crítica y de la aplicación de un método racional de reconstrucción histórica. La mencionada reconstrucción presupone, entre otros aspectos, el cotejo entre los diferentes elementos de prueba, la evaluación de las condiciones de cada proveedor de prueba respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa y su compromiso con los acusados o el ofendido. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)

El inc. 4 del art. 110 del CP no puede interpretarse que la prisión preventiva en domicilio procede solo y exclusivamente en esos casos enunciados por cuanto toda interpretación restrictiva en orden a las libertades personales se encuentra vedada (art. 9 y 15 ). Entonces, cabe señalar que el art. 110 inc. 4 del CPP de ninguna manera establece taxativamente los supuestos que habilitan la prisión preventiva con modalidad domiciliaria. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La impugnación presentada es inadmisible, porque este Tribunal de Impugnación no es una tercera instancia para revisión ordinaria. Como se ha sostenido: “…el CPP no prevé impugnación contra la resolución no definitiva que dicten los integrantes del Foro de Jueces en su función de revisión o el Tribunal revisor del art. 264 del CPP, por ausencia de impugnabilidad objetiva (art. 222 primer párrafo en función de los arts. 25 inc. 1 y 224 del CPP)…” (TI, “Henriquez” del 4/2/19, “Baldebenito” del 7/12/18, entre otros). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Se convalidó un doble estándar de valoración probatoria en desmedro de los principios de la sana crítica racional pues: - por un lado, luego de efectuar un análisis parcial y sesgado del testimonio de C. le dio pleno valor probatorio sobre la existencia del arma. Ello sucedió cuando pese a que dijo haberla visto no la describió ni dio ningún otro detalle; ni siquiera vio el color pues negra era la que vio en anterior oportunidad cuando el imputado iba a su casa y la dejaba en la mesa. - y, por otra parte, ante las mismas circunstancias relatadas por la testigo S. (pese a que dijo haberla visto no la describió ni dio ningún otro detalle), desde el mismo lugar de observación, el a quo sostuvo que le generó dudas restándole fuerza de convicción. (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)

La procedencia de la prisión preventiva y su modalidad de ejecución dependerá del análisis puntual que realice la judicatura sobre la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas requeridas para asegurar la investigación y los fines del proceso, análisis que deberá procurar la menor afectación de derechos del imputado. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Corresponde rechazar la queja in límine y ordenar se continué el proceso en tanto deviene improcedente su suspensión por encontrarse agotada “la instancia de control” que como presupuesto de tal efecto prevé el artículo 226 del CPP. (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí)