Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal de la actora, con costas y regulación de honorarios, por lo que quedó cerrada la vía federal contra la decisión dictada en el proceso contencioso administrativo. La recurrente invocaba tutela judicial efectiva, acceso a la jurisdicción y gravedad institucional. El Tribunal sostuvo que el recurso no cumplía las exigencias de la Acordada 4/07 de la Corte Suprema: no demostraba un gravamen personal, concreto y actual ajeno a la propia actuación procesal, ni contenía crítica concreta y autosuficiente de los fundamentos autónomos del fallo. También descartó la gravedad institucional, al no advertir afectación de las instituciones ni del interés general de la comunidad.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la amparista, revocó la sentencia que había rechazado la acción y ordenó al Ministerio de Salud de Río Negro entregar en cinco días hábiles el material prescripto por el médico tratante. La discusión se centró en si la demora administrativa frente a una cirugía indicada a la brevedad justificaba la vía de amparo. El Tribunal sostuvo que la sentencia de grado fue arbitraria porque descartó la urgencia sin valorar adecuadamente las constancias médicas y porque la situación de salud seguía sin resolución pese a los pedidos reiterados. En consecuencia, admitió la tutela urgente y fijó una orden concreta de cumplimiento. Costas por su orden.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación del amparista contra la sentencia que había desestimado su planteo frente al Ipross, con costas. El actor, persona con trasplante cardíaco y certificado de discapacidad, cuestionaba la cuota de afiliación y sostenía que su monto tornaba imposible la continuidad de la cobertura. El Tribunal entendió que el amparo no era la vía adecuada para revisar criterios arancelarios cuya presunta irrazonabilidad no surgía de modo palmario. Señaló que el asunto requería debate y prueba sobre la situación económica, la modalidad de afiliación y la normativa aplicable, y que la declaración de invalidez constitucional no podía introducirse tardíamente dentro de esta vía excepcional.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de J.G.A. contra el rechazo de la queja vinculada a su condena por delitos sexuales, amenazas y lesiones leves contra víctimas menores, con costas. La defensa alegaba arbitrariedad en la valoración probatoria, uso indebido de perspectiva de género y afectación de garantías federales. El Tribunal sostuvo que el recurso no cumplía exigencias formales de la Acordada 4/2007, carecía de fundamentación autónoma y no demostraba relación directa entre los agravios y una cuestión federal. También señaló que los planteos buscaban reabrir valoración probatoria y calificación legal, materias de derecho común ajenas a la instancia federal extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia declaró que la acción de inconstitucionalidad promovida por los colegios profesionales contra resoluciones del intendente de Dina Huapi devino abstracta, por lo que no trató el fondo del planteo. Impuso costas por su orden. La discusión apuntaba a si el Poder Ejecutivo municipal había invadido competencias del Concejo Deliberante mediante normas sobre visado de proyectos en propiedad horizontal. El Tribunal sostuvo que las resoluciones cuestionadas habían perdido vigencia por el vencimiento de sus plazos y por el dictado de una ordenanza posterior que derogó el régimen impugnado. Al no existir un conflicto actual, aplicó la doctrina que impide emitir pronunciamientos inoficiosos sobre cuestiones abstractas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja deducida a favor de M.A.B. en un incidente de ejecución penal, por lo que no reabrió la revisión extraordinaria del rechazo del beneficio pretendido. La defensa cuestionaba la valoración de informes penitenciarios y la falta de consideración de alternativas para viabilizar el egreso. El Tribunal sostuvo que la impugnación no demostraba un defecto grave de fundamentación ni un agravio constitucional irreparable. Según el fallo, la crítica expresaba una discrepancia subjetiva con la ponderación técnica realizada en las instancias anteriores, que habían considerado la evolución, la red de contención y la evaluación negativa para un egreso anticipado. La vía extraordinaria quedó cerrada.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de Joaquín Sebastián Olavarría, con costas, y mantuvo cerrada la vía extraordinaria en el proceso penal por hurto agravado en grado de tentativa. La defensa sostenía que el Tribunal de Impugnación excedió el control de admisibilidad y afectó el derecho al recurso y el doble conforme. El STJ no reabrió el debate de fondo: sostuvo que la queja no rebatió los motivos independientes de la denegatoria, volvió sobre cuestiones de hecho, prueba y derecho común ya tratadas y no demostró arbitrariedad ni ninguno de los supuestos del art. 242 del CPP. La insuficiencia formal bastó para desestimar el remedio.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso de casación de la parte actora en un proceso de daños y perjuicios por prisión preventiva seguida de absolución, con costas y regulación de honorarios. La discusión giraba en torno a si la Cámara había omitido o interpretado erróneamente las reglas sobre responsabilidad estatal por error judicial. El Tribunal sostuvo que los agravios pretendían reabrir cuestiones de hecho, prueba y efectos jurídicos ya valoradas, sin demostrar arbitrariedad ni un desvío palmario del razonamiento. También recordó que la indemnización por privación de libertad sólo procede cuando la prisión preventiva se revela incuestionablemente infundada o arbitraria, extremo no acreditado. Por eso cerró la casación concedida.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de amparo, con costas por su orden. La discusión se centró en la orden dictada contra el Ministerio de Salud en favor de B.I.M.E., patrocinada por la Defensa Pública. El Tribunal sostuvo que no se verificaban los presupuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que habilitan la vía excepcional, y que la situación exigía una revisión más amplia que la que permite el amparo. En consecuencia, dejó sin efecto la decisión de grado y rechazó la tutela urgente en esta instancia, sin agregar una capa de anonimización distinta de la fuente oficial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado, declaró inoficioso el tratamiento de la prestación principal por objeto cumplido y revocó los puntos vinculados con honorarios, además de formular un llamado de atención a la jueza por la tramitación del amparo. Los antecedentes y agravios fueron resueltos por remisión al Dictamen N° 52/26 del Procurador General subrogante. El Tribunal agregó que la ejecución de honorarios regulados a defensores oficiales contra la propia Provincia resultaba incompatible y que la prolongación del trámite por más de un año desnaturalizó la vía expedita de amparo. Costas por su orden.