Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la parte demandada y de integrantes de la comunidad indígena demandada, cerrando la vía de casación en el proceso de desalojo, con costas. La queja buscaba reabrir agravios sobre la suspensión vinculada a la Ley 26.160, la competencia de la Cámara y la ausencia de sentencia firme para ordenar el desahucio. El Tribunal sostuvo que el recurso tenía una deficiencia técnica insalvable: dirigía sus críticas contra decisiones anteriores y no contra la sentencia interlocutoria que denegó la casación, que era el objeto propio de la queja. También señaló incumplimientos de admisibilidad y falta de refutación precisa de los fundamentos de la denegatoria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja del actor y cerró la vía extraordinaria en el reclamo contencioso administrativo laboral contra la Provincia de Río Negro, con costas. El recurrente cuestionaba la liquidación aprobada y sostenía que el trabajador percibiría una porción mínima del valor real de los salarios adeudados, con afectación de principios laborales. El Tribunal sostuvo que la queja no cumplía las exigencias de la Acordada 9/23-STJ ni refutaba de manera concreta la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley. La decisión se mantiene en el plano procesal: no revisa la liquidación de fondo, sino que confirma el cierre por defectos de admisibilidad y falta de crítica eficaz.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado, revocó el párrafo de la sentencia que imponía costas a Ipross y dispuso costas por su orden; además, formuló un llamado de atención a la jueza de amparo por la tramitación dilatada del expediente. El caso se había tornado abstracto por el fallecimiento de la amparista, que reclamaba cobertura de radioterapia y quimioterapia. El Tribunal sostuvo que no había vencidos ni derrotados y que la decisión de costas carecía de base normativa suficiente. También señaló una anomalía grave: el amparo permaneció más de un año sin actividad útil pese a su naturaleza urgente, y la sentencia consignó erróneamente la fecha de fallecimiento.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia que había ordenado a Ipross evaluar una derivación y eventual cobertura de tratamiento ortopédico para una niña con discapacidad. Las costas fueron impuestas por su orden y se dejó sin efecto la regulación de honorarios de la asesora de la obra social. El Tribunal sostuvo que no estaba acreditado un acto lesivo manifiesto ni la urgencia propia del amparo, porque no se había completado el circuito administrativo de derivación. También indicó que la elección de prestadores corresponde en principio al sistema de la obra social, salvo prueba excepcional de insuficiencia, no demostrada en el caso.

El Superior Tribunal de Justicia declaró improcedente el habeas corpus intentado por D.T.S. y ordenó remitir copia al Juzgado de Ejecución Penal N° 10 para el seguimiento de su salud y el tratamiento de lo pedido en el proceso correspondiente. El interno solicitaba traslado y alojamiento en enfermería para favorecer la recuperación de una cirugía maxilar y ser operado del hombro izquierdo. La jueza sostuvo que no surgían elementos que justificaran apartarse del principio de improcedencia del habeas corpus cuando existe un cauce judicial específico ante el juez competente. A la vez, preservó el canal de control de ejecución penal mediante la remisión al juzgado a cuya disposición se encuentra el interno.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja del actor y dejó cerrada la vía extraordinaria contra la sentencia laboral-contenciosa que había admitido la caducidad de la acción administrativa. Impuso costas. El planteo buscaba reabrir la discusión sobre el cómputo del plazo para demandar luego de la cesantía y sobre la validez de la notificación digital. El Tribunal sostuvo que la presentación incumplía los requisitos de la Acordada 9/23-STJ y que el recurrente no formuló una crítica jurídica concreta contra la denegatoria. Además, señaló que los agravios pretendían revisar prueba documental y hechos consentidos, sin demostrar arbitrariedad en la valoración efectuada por la Cámara.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó los puntos de la sentencia interlocutoria que imponían costas y regulaban honorarios en una ejecución de sentencia de amparo. Dispuso costas por su orden en ambas instancias. La discusión se centró en si correspondía aplicar el principio objetivo de la derrota o el régimen específico del art. 19 del Código Procesal Constitucional. El Tribunal sostuvo que la resolución impugnada se apartó de la normativa propia de los procesos de amparo y que esa arbitrariedad habilitaba revisar una cuestión normalmente accesoria. También tuvo en cuenta que la amparista contó con Defensa Pública y que el requerido era un organismo estatal.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de revisión interpuesto por la defensa de J.E.C. contra una condena firme por abuso sexual con acceso carnal agravado, con costas. La defensa invocaba una supuesta retractación posterior de la víctima y pedía anular la sentencia, producir prueba, suspender la ejecución de la pena, otorgar prisión domiciliaria y absolver al condenado. El Tribunal sostuvo que la revisión penal es excepcional y no funciona como nueva instancia ordinaria. Consideró que el planteo no satisfacía los requisitos formales y que la alegada retractación no tenía entidad de hecho nuevo suficiente para poner en crisis la condena firme, sino que reeditaba cuestiones ya tratadas en las instancias previas.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de la Provincia, revocó la sentencia que había ordenado a Ipross cubrir al 100% un acompañante de aprestamiento laboral para N.C. y reguló honorarios de alzada. Impuso costas por su orden. La discusión se centró en si la negativa o modalidad prestacional de la obra social habilitaba la vía excepcional del amparo. El Tribunal sostuvo que no se acreditó arbitrariedad manifiesta ni urgencia suficiente: existía una prestación vigente y el desacuerdo versaba sobre la modalidad técnica de apoyo. También remarcó que el amparo no puede sustituir el circuito administrativo ni la auditoría médica del organismo, salvo prueba clara de insuficiencia o lesión actual.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la parte actora en el proceso de daños y perjuicios, con costas, y cerró la vía de casación contra la sentencia cuestionada. La actora invocaba arbitrariedad, reparación plena, cuantificación insuficiente del daño e intereses que degradaban el crédito. El Tribunal sostuvo que la queja no ofreció una crítica jurídica clara y convincente contra la denegatoria, sino que exteriorizó una discrepancia subjetiva con la solución de Cámara. También recordó que la arbitrariedad y el absurdo tienen carácter excepcional y restrictivo, y que la casación controla legalidad, no el acierto estimativo de los jueces de mérito. La ausencia de una crítica apta llevó al rechazo del recurso de hecho.