Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de Jesús Jonatan González y mantuvo cerrada la vía extraordinaria en una causa por robo agravado. El planteo cuestionaba la extemporaneidad declarada por el Tribunal de Impugnación, discutía el dies a quo del plazo y reiteraba agravios de fondo sobre prueba, inocencia, nulidades y calificación legal. El STJ sostuvo que, ante presentaciones fuera de término, corresponde rechazar sin ingresar al análisis de las cuestiones planteadas. Añadió que el ordenamiento procesal no prevé la ampliación por distancia pretendida y que la queja tampoco satisfizo la carga de refutar de modo concreto los fundamentos de la denegatoria. La condena no fue reabierta.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de R.H.A. en una causa por abuso sexual, cerrando la vía ante la Corte. El recurso invocaba arbitrariedad, omisión de valorar prueba de descargo, in dubio pro reo y falta de respuesta suficiente a agravios defensivos. El Tribunal, al controlar la admisibilidad federal, sostuvo que la presentación incumplía la Acordada 4/07 de la CSJN por defectos en la carátula, falta de cuestión federal concreta y ausencia de fundamentación autónoma. También destacó que los agravios reiteraban planteos ya tratados sin refutar los fundamentos de las sentencias previas. Por la materia penal sensible y la referencia a una adolescente, el extracto conserva anonimización y requiere revisión.

El Superior Tribunal de Justicia declaró por mayoría la caducidad de la instancia recursiva abierta por los demandados con su recurso de casación contra la sentencia de Cámara en una reivindicación. Además, dispuso que el planteo de inconstitucionalidad del DNU 1083/24 sea tratado en Primera Instancia, impuso costas a la demandada y reguló honorarios. El pedido de caducidad fue formulado por los actores, quienes sostuvieron que, cesada la suspensión vinculada a la emergencia de la Ley 26.160, la parte interesada en sostener el recurso no realizó actos útiles. El Tribunal concluyó que debía decidir la caducidad en esta tercera instancia y que el planteo constitucional sobre el decreto correspondía al grado. La clasificación requiere revisión por falta de categorías específicas.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible la acción de habeas corpus deducida por el interno J.M.P. y remitió copia al Juzgado de Ejecución Penal N° 8 para que trate la solicitud en el proceso correspondiente, con intervención del defensor. El planteo pedía ampliar el horario de uso del teléfono, porque el régimen de 14:00 a 20:00 dificultaría la comunicación familiar y con su defensa. El Tribunal sostuvo que la pretensión no encuadraba en los arts. 25 y siguientes del Código Procesal Constitucional como habeas corpus autónomo y que no correspondía desplazar al juez competente ante quien está a disposición la persona detenida. Por eso cerró la vía constitucional directa, pero derivó el pedido para tratamiento por ejecución penal.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación del Defensor Penal Adjunto contra la sentencia que había denegado el habeas corpus de S.D.T. La decisión mantiene cerrada la vía excepcional y no desplaza el control del juez de ejecución. El recurrente alegaba arbitrariedad, incumplimientos de la autoridad requerida y agravamiento de las condiciones de detención. El Tribunal, con apoyo en los dictámenes de la Defensa General y la Procuración, sostuvo que los agravios no desvirtuaban los fundamentos del fallo recurrido. De las constancias incorporadas no surgía, en forma evidente o flagrante, un agravamiento de las condiciones de detención que habilitara la intervención por habeas corpus. Por tratarse de una persona privada de libertad, requiere revisión editorial.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación del Defensor Oficial contra la decisión vinculada al habeas corpus de un detenido, aunque ordenó comunicar al juez competente las circunstancias informadas por la OADYC para verificar su salud y condiciones de detención. El Tribunal no reconstruyó fundamentos propios extensos: remitió a los antecedentes, agravios, fundamentos y conclusiones del Dictamen N° 67/26 del Procurador General, que compartió por razones de brevedad. Con ese alcance, cerró la apelación, pero dejó una manda preventiva para que el magistrado a cargo controle el estado del interno y resguarde sus derechos. Por tratarse de persona privada de libertad y decisión por remisión, requiere revisión editorial.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inoficioso el tratamiento de la apelación de la Provincia contra la sentencia de amparo sobre cobertura farmacológica por Ipross. La decisión no revisó el fondo de la controversia sobre el porcentaje de cobertura ni la equivalencia terapéutica entre medicamentos: aplicó la regla de cuestión devenida abstracta. El Tribunal tomó el dictamen de Procuración y recordó que los órganos judiciales no deben pronunciarse cuando ya no existe un conflicto litigioso actual. En esas condiciones, cualquier decisión sobre los agravios de la Provincia sería meramente académica. Impuso costas por su orden, considerando que la amparista actuó con patrocinio de la Defensa Pública y que el requerido es un organismo estatal.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó el amparo que ordenaba al Hospital General Roca proveer material quirúrgico para una prótesis de cadera. Costas por su orden. La discusión se centró en si la demora administrativa configuraba ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y urgencia extrema. El Tribunal sostuvo que no se acreditó negativa, reticencia ni dilación injustificada: el trámite de compra se había iniciado antes del amparo, avanzaba por el circuito de contrataciones y contaba con proveedor válido. Además, los informes médicos indicaban que no había un plazo máximo preestablecido para la cirugía. Por eso concluyó que la sentencia carecía de fundamentación suficiente para habilitar la vía excepcional.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de amparo promovida contra el Ministerio de Educación. Costas por su orden. La discusión giró en torno a un reclamo económico-patrimonial que la actora intentó canalizar por amparo, invocando antecedentes judiciales y la supuesta conducta arbitraria del organismo. El Tribunal sostuvo que los agravios de la Provincia rebatían los fundamentos del fallo: no se acreditó una situación de urgencia que comprometiera salud, vida u otro derecho constitucional de tutela inmediata, ni la ausencia o insuficiencia de vías ordinarias. También observó que la sentencia utilizó como base expedientes en los que el Ministerio no había sido parte. Por eso dejó sin efecto el amparo.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y confirmó el amparo que ordenaba al Ipross proveer material quirúrgico al afiliado. Impuso costas a la vencida y reguló honorarios. La Provincia alegaba que no había arbitrariedad porque existía un trámite administrativo de compra y que el fallo desconocía las complejidades del régimen de contrataciones. El Tribunal sostuvo que los agravios no refutaron los fundamentos centrales de la sentencia: el expediente administrativo llevaba más de un año sin concretar la provisión y el último movimiento útil informado no mostraba un procedimiento activo. También distinguió el caso de un amparo anterior con igual objeto, porque las circunstancias habían cambiado. La tutela de salud quedó confirmada.