Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la recusación contra el juez Miguel Ángel Cardella, admitió las recusaciones contra Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann, apartó a estos dos magistrados del legajo y anuló la Resolución N° 102/26 del Tribunal de Impugnación, preservando la Resolución N° 101/26. La incidencia se originó en una causa penal por administración fraudulenta y peculado, luego de que el Ministerio Público Fiscal cuestionara la intervención de integrantes del Tribunal de Impugnación. El STJ sostuvo que Cardella se había abstenido de votar, por lo que no existía base objetiva para apartarlo. En cambio, respecto de Mussi y Zimmermann, consideró comprometida objetivamente la imparcialidad por las decisiones cuestionadas y la necesidad de evitar intervenciones futuras en el mismo legajo.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

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El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la parte actora y llamó autos al acuerdo. La decisión abre la instancia extraordinaria en el litigio contencioso administrativo laboral promovido por agentes policiales contra la Provincia de Río Negro, sin resolver todavía el fondo de los agravios. La discusión procesal se limitó a verificar si el recurso reunía las condiciones formales y sustanciales suficientes para ser tratado por el STJ. El Tribunal entendió que la vía estaba correctamente habilitada, por lo que dispuso avanzar al examen de los planteos en la etapa correspondiente. La clasificación se mantiene en admisibilidad porque el fallo sólo habilita el tratamiento posterior.

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El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la parte demandada y llamó autos al acuerdo. La decisión es instrumental y opera como apertura parcial de la instancia extraordinaria en el mismo conflicto laboral colectivo, sin decidir aún los agravios de fondo. El planteo procesal consistía en verificar la admisibilidad del recurso principal presentado el 05-10-25. El Tribunal consideró que la concesión correspondía sólo de manera parcial, por lo que el tratamiento posterior quedará limitado a los agravios admitidos. En consecuencia, el extracto no presenta una conclusión sobre despido, indemnizaciones, multas o tasa de interés, sino únicamente la habilitación recursiva parcial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a la queja de la demandada y declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo respecto de agravios vinculados con un presunto pronunciamiento extra petita, la valoración de la injuria como causal de despido indirecto, la multa del art. 80 de la LCT y la tasa de interés. Rechazó la queja en lo demás y ordenó tratar los agravios admitidos en los autos principales. La decisión no resuelve el fondo laboral: abre parcialmente la instancia extraordinaria porque detectó cuestiones con entidad suficiente para revisión, pero mantuvo cerrados los restantes planteos. También dispuso restituir el depósito efectuado por la recurrente.

El Superior Tribunal de Justicia declaró la competencia de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma y ordenó remitir allí las actuaciones para que continúe el trámite. La controversia fue promovida por UPCN contra la Provincia en una medida autosatisfactiva vinculada con descuentos y la relación de empleo público. El Tribunal compartió los fundamentos del Dictamen N° 64/26 del Procurador General y, por brevedad, remitió a ellos para concluir que el conflicto debía tramitar ante el fuero laboral. La decisión no resuelve el fondo del reclamo sindical ni la validez de los actos cuestionados; sólo fija el órgano competente para continuar la causa.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la aclaratoria del amparista contra la Sentencia N° 54 y declaró formalmente improcedente el recurso de reposición deducido contra ese mismo pronunciamiento, sin costas. El recurrente pedía aclarar si se había considerado la falta de acceso oportuno al Dictamen N° 38/26 de la Procuración General y el intercambio de correos acompañado. El Tribunal sostuvo que la aclaratoria no encuadraba en los supuestos de corrección de errores materiales, conceptos oscuros u omisiones, porque la sentencia anterior había valorado las constancias y la normativa aplicable. Respecto de la reposición, señaló que el art. 18 del Código Procesal Constitucional sólo la prevé contra sentencias de fondo dictadas por un juez o jueza del STJ.

El Superior Tribunal de Justicia declaró que la demanda no constituye un conflicto de poderes de competencia originaria del STJ y ordenó devolver las actuaciones al tribunal contencioso administrativo de origen. El actor, concejal y ciudadano de Bariloche, cuestionaba resoluciones municipales sobre transporte y sostenía que el Intendente había invadido facultades legislativas. El Tribunal sostuvo que la sola invocación del cargo de concejal y de la división de poderes no alcanza para configurar una contienda institucional entre órganos municipales. Consideró que la pretensión aparece orientada a la protección de derechos subjetivos, en especial igualdad ante la ley, por lo que corresponde al fuero contencioso administrativo examinar la admisibilidad y revisar los actos impugnados.