Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de los amparistas y confirmó, en lo sustancial, el rechazo del amparo contra el Ipross para obtener cobertura integral y urgente de Vosoritide para una niña con acondroplasia. Costas por su orden. La discusión se centró en si la negativa de cobertura era manifiestamente arbitraria frente a la prescripción médica y la alegada ventana terapéutica. El Tribunal sostuvo que la pericia del CIF describía evidencia científica aún limitada, ausencia de certeza sobre beneficios clínicos integrales y falta de urgencia médico-vital inmediata, por lo que el caso requería mayor debate y prueba. Afirmó que el amparo no es la vía para sustituir criterios técnicos razonables ni tramitar controversias sanitarias complejas cuando existen vías legales útiles. Por ser `tier=escape` y sensible, requiere revisión humana.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a los recursos de casación y revocó parcialmente la sentencia de Cámara en lo relativo a la conversión de la base regulatoria de honorarios expresada en dólares, en el marco de una sucesión con discusión patrimonial. Impuso costas por su orden y reguló honorarios de la instancia extraordinaria. La discusión se centró en si la Cámara podía tomar el dólar MEP vigente al llamado de autos para dictar sentencia, cuando los recurrentes sostenían que ello excedía la jurisdicción y producía una indexación encubierta. El Tribunal consideró que correspondía corregir parcialmente la solución sobre honorarios ante la variación normativa y cambiaria, y fijó el alcance de la revocación sin reabrir el resto de las cuestiones del proceso principal.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la demandada, anuló la sentencia laboral que había reconocido una relación de dependencia y reenvió la causa al tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte un nuevo fallo. Costas por su orden. La discusión se centró en si la Cámara acreditó válidamente el vínculo laboral previo a la registración, sobre la base de la presunción del art. 23 LCT y el principio de primacía de la realidad. El Tribunal no resolvió el fondo: consideró que la sentencia era arbitraria por déficit de fundamentación, al enunciar extremos fácticos sin analizar rigurosamente la subordinación jurídica, técnica y económica ni correlacionar la presunción legal con el régimen vigente al momento del cese. La causa quedó abierta a un nuevo pronunciamiento.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja interpuesto por la aseguradora de riesgos del trabajo, con lo que quedó firme la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y consolidada la condena laboral dictada en su contra. Impuso costas y declaró perdido el depósito. La discusión de fondo apuntaba al reconocimiento de incapacidad psicológica del trabajador, que la ART consideraba improcedente por no haber sido denunciada en sede administrativa. El Tribunal no ingresó en ese fondo: sostuvo que la queja no refutó el argumento central de la denegatoria, referido a la extemporaneidad del planteo porque la aseguradora consintió el objeto litigioso y no se opuso a la pericia psicológica. Al reiterar agravios sin crítica concreta y autosuficiente del auto denegatorio, la vía extraordinaria quedó cerrada.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría la queja deducida por los letrados y mantuvo cerrada la casación contra la decisión que había levantado una prohibición de innovar en un incidente cautelar. Impuso costas. La discusión se centró en si la resolución cautelar era equiparable a sentencia definitiva por el perjuicio alegado y si mediaba arbitrariedad suficiente para abrir la vía extraordinaria. La mayoría sostuvo que las decisiones sobre cautelares no son, en principio, revisables por casación ni por la instancia extraordinaria, por su carácter mutable y provisorio. Añadió que los recurrentes no rebatieron la falta de definitividad ni demostraron una cuestión de derecho o arbitrariedad real, sino una discrepancia con la valoración de oportunidad y mérito efectuada por la Cámara.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja del actor y dejó cerrada la vía extraordinaria contra la sentencia laboral que había rechazado su reclamo contra La Segunda ART por enfermedad vinculada al trabajo. Impuso costas. La discusión se centró en si la queja demostraba error en la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley, especialmente por el apartamiento de informes periciales psicológico y psiquiátrico. El Tribunal sostuvo que el escrito no cumplía la Acordada 9/23-STJ porque no refutaba de manera precisa todos los fundamentos autónomos de la denegatoria. Agregó que insistía en la valoración probatoria sin demostrar violación legal ni arbitrariedad, y que las diferencias con el precedente invocado impedían usarlo como base suficiente para abrir la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la Asociación Bancaria y dejó cerrada la vía de casación contra la decisión que había considerado inadmisible el recurso. Declaró perdido el depósito e impuso costas. El planteo buscaba reabrir la discusión sobre la regla solve et repete y la supuesta existencia de cuestión constitucional suficiente. El Tribunal no ingresó al fondo tributario: sostuvo que la presentación incumplía recaudos de admisibilidad de la Acordada 9/23, en especial límites formales y la carga de refutar todos los fundamentos independientes de la denegatoria. Agregó que los agravios reiteraban argumentos ya tratados y no demostraban sentencia definitiva ni circunstancias excepcionales para abrir la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado, revocó el pronunciamiento dictado en el incidente de ejecución y declaró cumplido el objeto del amparo vinculado a la provisión de Ofatumumab. Impuso costas por su orden. La discusión se centró en si la intimación judicial podía exigir al Estado informar gestiones actuales o futuras sobre dosis no incluidas en la sentencia firme. El Tribunal sostuvo que la providencia impugnada excedió los límites de la cosa juzgada: la condena original ordenó entregar una cantidad determinada de medicación y no impuso un deber permanente de supervisión o información. Consideró que transformar la ejecución en un control preventivo indefinido incorporaba obligaciones sin título ejecutivo y afectaba la zona de actuación administrativa, por lo que correspondía tener por cumplido el amparo.