Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó in limine los planteos de nulidad deducidos por las defensas contra el Auto Interlocutorio N° 70/26, manteniendo la decisión que había rechazado una recusación, admitido otras y declarado la nulidad de una resolución del Tribunal de Impugnación dictada sin jurisdicción. Impuso costas. La discusión se centró en si el STJ podía revisar, por vía de nulidad ante el mismo tribunal, su propia decisión correctora. El Tribunal sostuvo que contra los pronunciamientos del superior tribunal de la causa no procede formar incidente ni recurso de nulidad, salvo un error serio, inequívoco y manifiesto, que aquí no se verificó. Añadió que la Resolución N° 102/26 generó una incertidumbre procesal real al coexistir con la Resolución N° 101/26, por lo que la nulidad absoluta declarada de oficio no vulneró bilateralidad ni congruencia.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación de Lago S.A. y confirmó la sentencia de Cámara que había mantenido la condena en un litigio de daños derivado de un plan de ahorro. Impuso las costas de la instancia extraordinaria a la recurrente. La discusión se centró en la alegada arbitrariedad de la sentencia por valoración ilógica de los hechos, especialmente la cesión del plan, la promesa de reintegro atribuida a un empleado y la carga de la prueba. El Tribunal sostuvo que, aun después del examen preliminar, podía revisar la admisibilidad del recurso y advirtió que los agravios remitían a cuestiones de hecho y prueba ajenas a la casación, sin demostrar absurdidad ni arbitrariedad. Consideró que la impugnación expresaba una discrepancia subjetiva con la valoración probatoria y no habilitaba la instancia de legalidad.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Provincia y confirmó la sentencia que había hecho lugar al amparo, de modo que el Ipross debe entregar a un niño con pectus excavatum el dispositivo Vacum Bell prescripto, con cobertura de costos y honorarios. Costas a la vencida. La discusión giró en torno a si existió arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del Ipross, que alegaba estar tramitando la compra conforme al régimen de contrataciones provincial. El Tribunal sostuvo que el recurso no rebatió el argumento central del fallo: más de quince meses desde el pedido de cobertura sin respuesta a los reclamos ni fecha estimada de entrega, con el trámite impulsado recién luego de notificado el amparo. Ponderó la urgencia médica acreditada, el agravamiento de la patología y el interés superior del niño, por lo que la decisión no luce arbitraria.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso de casación de la Provincia de Río Negro y revocó sólo la distribución de costas de segunda instancia en un proceso de expropiación, sustituyendo el reparto 70% a cargo de la actora y 30% a cargo de la demandada por una imposición en partes iguales. Las costas de la instancia extraordinaria fueron impuestas por su orden. La discusión se centró en si la Cámara había aplicado correctamente el criterio de vencimientos parciales y mutuos luego de fijarse la indemnización expropiatoria. El Tribunal sostuvo que la comparación entre la oferta estatal, el reclamo de Argovis S.A. y el monto finalmente establecido mostraba que la Provincia logró descartar el 70% del exceso pretendido, pero que ambas partes tuvieron vencimientos parciales. Por eso readecuó las costas de Cámara al 50% para cada una.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que había declarado inadmisible el habeas corpus promovido por internos alojados en el Pabellón 4 del Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca, y ordenó el archivo una vez firme. La discusión llegó al Tribunal por la apelación de defensores particulares contra lo resuelto por la Presidencia del STJ. La sentencia no desarrolla fundamentos propios extensos: remite, por razón de brevedad, al Dictamen N° 77/26 del Procurador General, cuyos antecedentes, agravios, fundamentos, consideraciones y conclusiones comparte. Por esa remisión, el extracto sólo puede afirmar el cierre de la apelación y la inadmisibilidad de la acción en los términos del dictamen citado, sin reconstruir razones que no surgen directamente del texto del fallo.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia que había admitido parcialmente el amparo, dejando sin efecto la orden que obligaba al Ipross a cubrir doce horas diarias de acompañamiento terapéutico a una afiliada con discapacidad. Costas por su orden. La discusión se centró en si el Ipross incurrió en arbitrariedad o ilegalidad manifiesta al autorizar seis horas de acompañamiento terapéutico y seis de cuidador domiciliario, en lugar de las doce horas prescriptas. El Tribunal sostuvo que no se configuró un obrar manifiestamente ilegítimo, porque la obra social aprobó el máximo previsto por su normativa vigente y el Decreto 340/2019. Agregó que, ante la discrepancia técnica entre profesionales, debió consultarse al Cuerpo de Investigación Forense, por lo que la sentencia carecía de fundamentación legal suficiente.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa, con lo que quedó firme el rechazo de la queja y cerrada la vía para discutir ante la Corte Suprema la negativa a la suspensión del juicio a prueba. El planteo invocaba arbitrariedad y afectación del debido proceso, defensa en juicio y doble conforme. El Tribunal no ingresó en esos agravios: sostuvo que el recurso carecía de la carátula exigida por la Acordada 4/07 de la CSJN, defecto formal autónomo e insalvable que basta para denegar el remedio federal. Añadió que los agravios remitían a una cuestión de hecho y prueba ajena a la instancia federal, y que la defensa no rebatió defectos formales ya señalados en la vía local.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de F.B.S. y dejó cerrada la vía extraordinaria contra la condena firme en una causa por abuso sexual agravado. Impuso costas. La discusión no reabrió la valoración de la prueba ni la condena: se centró en si la queja refutaba los fundamentos de inadmisibilidad del Tribunal de Impugnación. El Tribunal sostuvo que el escrito incumplía la Acordada 9/23-STJ porque no atacaba de modo concreto todos los fundamentos independientes de la denegatoria y, además, superaba el límite formal de renglones por página. Añadió que la defensa reiteraba agravios sobre testimonio único, acceso carnal y guarda, ya tratados en instancias previas, sin demostrar un error propio de la resolución denegatoria ni un supuesto del art. 242 del CPP.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación las quejas interpuestas por las defensas de los imputados y mantuvo cerrada la vía extraordinaria contra la decisión que había admitido el recurso de la querella y revocado sobreseimientos en una causa por estafa. Impuso costas. La discusión se centró en si la resolución del Tribunal de Impugnación era equiparable a definitiva y habilitaba revisión extraordinaria. El Tribunal sostuvo que la ausencia de impugnabilidad objetiva constituía un fundamento autónomo suficiente: la decisión cuestionada no clausuraba el proceso ni causaba un agravio irreparable, sino que reanudaba el trámite. Añadió que los planteos sobre doble conforme, exceso jurisdiccional, imparcialidad y admisibilidad no transformaban la resolución en sentencia definitiva ni demostraban lesión constitucional irreparable en las instancias ordinarias subsiguientes.