Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de V.H.V.H. en una causa por tentativa de femicidio. La decisión cerró el acceso a la Corte Suprema desde el orden local, con costas. La defensa invocaba arbitrariedad, gravedad institucional, afectación del debido proceso, errónea subsunción y cuestionamientos sobre la valoración probatoria y la calificación jurídica. El tribunal sostuvo que el recurso no cumplía los arts. 2 y 3 de la Acordada 4/2007 de la CSJN, que reiteraba agravios ya tratados y que no rebatía los fundamentos de la sentencia impugnada sobre prueba y calificación. Tampoco demostró una cuestión federal suficiente ni arbitrariedad excepcional.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja del actor en un proceso contencioso administrativo laboral contra la Provincia de Río Negro, vinculado con la baja como auxiliar legislativo de carácter político. La decisión cerró la vía extraordinaria y dejó firme la inadmisibilidad del recurso principal. El recurrente alegaba que la Cámara había omitido considerar una contestación de traslado y que ello afectaba el debido proceso. El tribunal sostuvo que esa crítica no rebatía los fundamentos centrales sobre la inhabilitación de la instancia judicial: el acto administrativo había sido notificado, la vía administrativa no fue agotada y la cuestión quedó consentida por falta de recursos en plazo. Impuso costas al quejoso.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el habeas corpus intentado por el interno C.D.P. y no abrió el trámite constitucional en esa sede. La decisión, sin embargo, ordenó remitir copia de la presentación y del pronunciamiento al Juzgado de Ejecución Penal N° 8 para que trate lo solicitado por la vía correspondiente y dé intervención a la Defensa. El tribunal mantuvo así una revisión limitada: descartó la procedencia directa del habeas corpus ante el STJ, pero preservó el canal institucional de ejecución penal para examinar el planteo del interno. También ordenó notificar al Procurador General conforme el Código Procesal Constitucional.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de María Rosa Nuñez contra Emprendimientos Crown S.A. La decisión cerró la vía extraordinaria y dejó firme, en ese estado, el rechazo de la demanda laboral dispuesto por la Cámara. La actora alegaba arbitrariedad por valoración parcial de la prueba, especialmente de testimonios y constancias del vínculo laboral. El tribunal entendió que el planteo no habilitaba la instancia excepcional, porque remitía a cuestiones de hecho, prueba y derecho común propias del tribunal de mérito, sin demostrar un defecto grave que justificara la revisión. Impuso las costas de esta instancia a la actora y reguló honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de M.G.H. en una causa por abuso sexual. La decisión cerró la vía federal desde el orden local y mantuvo sin revisión la condena o decisión penal impugnada. El recurso buscaba llevar el caso ante la Corte Suprema, pero el tribunal consideró que no se satisfacían las exigencias propias del remedio federal ni se demostraba una cuestión federal suficiente o un supuesto excepcional de arbitrariedad. Por tratarse de una causa de violencia sexual, el extracto conserva las iniciales usadas oficialmente y evita reconstruir hechos íntimos que no son necesarios para comprender el alcance procesal del pronunciamiento. Se impusieron costas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación del amparista C.H.A. contra Ipross y mantuvo la sentencia que no hizo lugar al amparo de salud. La decisión cerró la vía urgente, con costas por su orden por falta de contestación de la Provincia. El recurrente sostenía que la cobertura reconocida por la obra social era insuficiente y que no se efectivizaban reintegros, pero el tribunal no encontró acreditada una omisión actual, concreta y manifiestamente ilegítima que justificara el amparo. Además, efectuó un llamado de atención a la letrada patrocinante: recordó que el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa no exime del deber profesional de control establecido por las Acordadas 15/24 y 22/25.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja presentada por Fabián Figueroa, vinculada con un proceso contencioso administrativo contra la Municipalidad de Allen. La decisión cerró la instancia extraordinaria local. El recurrente pretendía abrir la casación contra una resolución que la Cámara consideró no definitiva ni equiparable. El STJ sostuvo que la queja no atacaba de modo concreto y pormenorizado los fundamentos de la denegatoria, sino que reiteraba desacuerdos y agravios del recurso principal. También recordó que el acceso a la instancia extraordinaria exige demostrar con precisión el error del auto denegatorio y no basta invocar errores de derecho de manera general. Impuso costas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de Nelson Benedicto Manquilef, con lo que quedó cerrada la vía extraordinaria para revisar el cómputo de pena en ejecución. La decisión mantiene el criterio que aplicó la Ley 27375 según la fecha de algunos hechos atribuidos en concurso real. La discusión se centró en si correspondía habilitar una excepción a la regla que limita la revisión extraordinaria de decisiones de ejecución penal ya controladas por el órgano revisor. El Tribunal sostuvo que la defensa no cumplió requisitos de admisibilidad de la Acordada 9/23, no demostró una relación directa con una garantía constitucional afectada y no formuló crítica concreta contra el fundamento central: la existencia de hechos cometidos durante la vigencia de la Ley 27375.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Provincia de Río Negro contra la providencia que aprobó la liquidación de astreintes en un amparo contra Ipross, por lo que se mantiene la multa derivada del incumplimiento en la provisión de insumos para el tratamiento indicado. La discusión se centró en si la aprobación de la liquidación era apelable y si afectaba el debido proceso de la obra social. El Tribunal sostuvo que la incidencia era accesoria, pero igualmente revisó la arbitrariedad invocada y concluyó que Ipross no acreditó haber cumplido la entrega semestral ordenada, pese a nuevas entregas parciales y a períodos sin provisión del insumo. Esa conducta renuente justificó la liquidación aprobada. Costas a la vencida.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y mantuvo la sentencia de amparo dictada contra el Hospital Francisco López Lima. La decisión preservó la tutela urgente solicitada por C.J.M.C. en representación de C.M.I.A., con costas por su orden. La Provincia alegaba que no existía negativa de prestación, que el trámite administrativo estaba en curso y que no se había agotado la vía correspondiente. El tribunal sostuvo que esos argumentos no desvirtuaban la procedencia del amparo frente a la necesidad sanitaria acreditada y al tiempo del trámite relativo a la provisión de prótesis. La sentencia queda limitada al caso concreto y no reemplaza la gestión administrativa ordinaria fuera de la urgencia examinada.