Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó el pronunciamiento dictado en la ejecución de una sentencia de amparo. La decisión dejó sin efecto la respuesta jurisdiccional impugnada, con costas por su orden. La controversia giraba en torno a la imposición de medidas coercitivas mientras el Ministerio de Salud informaba que se encontraba en trámite la contratación directa de un centro terapéutico para brindar el tratamiento indicado. El tribunal entendió que correspondía atender ese estado administrativo y que la decisión recurrida no había valorado suficientemente los informes acompañados por la Provincia al contestar la intimación. Por eso admitió la apelación, sin resolver de modo amplio el fondo sanitario original.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de los amparistas y mantuvo la sentencia que no admitía la vía urgente contra la Fundación Educativa y Cultural Escuela del Sur. La decisión dejó sin modificación el rechazo del amparo vinculado con la continuidad educativa de un niño con discapacidad. Los recurrentes alegaban arbitrariedad, afectación del interés superior del niño, diagnóstico de TEA y necesidad de permanecer en el mismo ámbito escolar. El tribunal, al confirmar la solución impugnada, sostuvo que la apelación no habilitaba revisar por esta vía excepcional una pretensión que ya había sido encuadrada como improcedente para el trámite de amparo. No impuso costas por falta de sustanciación.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la Provincia de Río Negro en el proceso de daños y perjuicios promovido por Fuentes y otro contra Aguas Rionegrinas S.A., con costas. La decisión cerró la vía casatoria y no reabrió la discusión sobre responsabilidad o prueba. La Provincia pretendía demostrar que la Cámara había denegado indebidamente el recurso de casación. El tribunal sostuvo que la queja no acreditaba un error grave en la denegatoria, que los obstáculos señalados por la Cámara eran parámetros correctos de inadmisibilidad y que los agravios insistían en cuestiones de hecho y prueba, ajenas a la instancia extraordinaria salvo arbitrariedad demostrada. En consecuencia, mantuvo clausurado el recurso de hecho.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y mantuvo el amparo que ordenaba al Ministerio de Salud y otros garantizar medicación a favor de C.S.J., con costas por su orden. La decisión confirmó la protección urgente frente a demoras en la entrega regular del tratamiento. La Provincia sostenía que no había negativa prestacional y que la vía de amparo era improcedente. El tribunal sostuvo que los agravios repetían informes administrativos ya considerados, sin rebatir la arbitrariedad señalada por la jueza. Destacó que la continuidad del tratamiento era necesaria para no afectar la calidad de vida y evitar complicaciones, por lo que la demora configuraba una lesión actual del derecho a la salud.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de D.C.J.G. en una causa por abuso sexual, con costas. La decisión cerró la vía extraordinaria penal y no reabrió la condena. La defensa sostenía que el Tribunal de Impugnación había valorado de modo arbitrario un testimonio de descargo y que existía duda razonable. El STJ sostuvo que el TI sí había tratado ese testimonio, ponderando su afinidad con el imputado, conflictos familiares, la falta de sustento del móvil espurio alegado y su contraste con la prueba de cargo. Agregó que la intervención extraordinaria sólo procede ante quiebres graves del método histórico, no ante una lectura alternativa de la prueba. Por violencia sexual, queda en revisión.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado, declaró la nulidad del proceso de amparo iniciado por S.S.M. contra el Ministerio de Salud y ordenó reenviar las actuaciones para que otra unidad jurisdiccional reencauce el trámite y dicte decisión de fondo. La decisión no resolvió la prestación sanitaria reclamada, sino que anuló el procedimiento por un defecto de citación. El tribunal sostuvo que, cuando la demanda se dirige contra la Provincia, deben notificarse el Gobernador, la Fiscalía de Estado y los organismos correspondientes en los domicilios electrónicos válidos. La omisión afectó la defensa estatal y justificó el reenvío. Por salud y nulidad procesal, requiere revisión.

El Superior Tribunal de Justicia anuló parcialmente la providencia simple dictada por el presidente de la Cámara y ordenó reenviar las actuaciones para que el tribunal de origen, integrado en pleno, se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad. La decisión no abrió directamente la instancia extraordinaria ni resolvió el fondo del reclamo contencioso laboral. El defecto advertido fue procesal: la admisibilidad del recurso no podía quedar decidida por una providencia unipersonal cuando correspondía un pronunciamiento del Tribunal. Por eso el STJ ejerció una función correctora limitada y dispuso que vuelvan los autos para cumplir los recaudos procesales omitidos.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación de la demandada, declaró la nulidad de la sentencia de Cámara y remitió la causa para que, con distinta integración, se dicte un nuevo pronunciamiento. La decisión no resolvió el fondo del cobro de pesos promovido por SAGAI, sino que invalidó el fallo por un defecto procesal relevante. La recurrente había invocado arbitrariedad formal, ausencia de firma del juez ponente y errores de interpretación normativa. El tribunal consideró que el vicio advertido descalificaba la sentencia como acto jurisdiccional válido, por lo que correspondía anular y reenviar. Las costas de la instancia extraordinaria fueron impuestas por su orden por provenir la nulidad de un error del tribunal anterior.

El Superior Tribunal de Justicia declaró que la presentación contra la Provincia de Río Negro participaba de la naturaleza jurídica del amparo, pero declaró improcedente la acción que buscaba la inconstitucionalidad de la Ley 5811. La decisión cerró el trámite, con costas. El planteo invocaba afectación de derechos constitucionales por la ley provincial; sin embargo, el tribunal no desarrolló fundamentos propios extensos, sino que remitió por brevedad al Dictamen N° 41/26 del Procurador General, cuyos antecedentes, consideraciones y conclusiones compartió. Por esa remisión, el extracto debe leerse como una síntesis operativa del resultado y no como reconstrucción autónoma de los fundamentos del dictamen externo.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la parte actora en un proceso de daños y perjuicios regido por la Ley de Defensa del Consumidor. La decisión cerró la instancia extraordinaria y dejó firme la denegatoria del recurso de casación. El recurrente pretendía revisar cuestiones vinculadas con cosa juzgada, valoración del caso y acceso a la casación, pero el tribunal sostuvo que no se superaba el obstáculo de falta de sentencia definitiva o equiparable y que la invocación de arbitrariedad o garantías constitucionales no suplía ese requisito. Impuso costas, aunque eximió del pago por el carácter de consumidor y el principio de gratuidad del art. 53 LDC.