Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal de la parte actora en un litigio contencioso laboral contra la Provincia de Río Negro, con costas. La decisión cerró el acceso a la Corte Suprema y no revisó nuevamente las diferencias salariales o pretensiones de empleo público discutidas. El tribunal sostuvo que el escrito no cumplía las exigencias formales y sustanciales de la Acordada 4/2007, no demostraba una cuestión federal suficiente ni una relación directa e inmediata con lo resuelto, y se apoyaba en discrepancias sobre derecho público local y valoración de antecedentes. En consecuencia, mantuvo la decisión local como límite de la vía extraordinaria federal.

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido y, en el mismo acto, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la Provincia en una causa contencioso laboral. Ordenó reenviar el expediente para que, en etapa de liquidación, se trate la capitalización de intereses conforme el art. 770 inc. b) del Código Civil y Comercial y la doctrina legal Machin. La decisión no rehízo la liquidación en sede extraordinaria, sino que corrigió la omisión de aplicar el criterio legal invocado y devolvió el punto al tribunal de origen. Por existir un ajuste de taxonomía pendiente para capitalización de intereses en empleo público, el extracto queda marcado para revisión editorial.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de Julio Andrés Peinado en un proceso de desalojo promovido por la Provincia de Río Negro, con costas. El tribunal cerró la vía extraordinaria porque el escrito no demostraba un supuesto casatorio ni un error concreto en la denegatoria. La discusión venía de una incidencia procesal dentro del desalojo, pero el STJ remarcó que la queja no puede sustituir los requisitos de admisibilidad ni convertir una discrepancia ordinaria en revisión extraordinaria. También ponderó que no se acreditaba una sentencia definitiva ni una crítica técnica suficiente contra los fundamentos que habían impedido abrir la casación. En consecuencia, mantuvo clausurado el acceso a la instancia de legalidad.

El Superior Tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 153 del Código Procesal Penal, dejó sin efecto el sobreseimiento de W.D.D.G. y declaró la caducidad de la instancia recursiva. Además, ordenó poner el legajo a disposición del Ministerio Público Fiscal. La decisión se dictó tras la intervención de la Corte Suprema y se concentró en los efectos procesales de la regla que imponía el sobreseimiento por vencimiento del plazo. El tribunal sostuvo que esa consecuencia automática resultaba incompatible con el marco constitucional aplicado al caso y que, al mismo tiempo, correspondía declarar caduca la instancia pendiente. Por tratarse de una causa penal por abuso sexual y con identidad abreviada, queda sujeta a revisión humana.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado contra la sentencia de amparo que ordenaba cobertura de salud, con costas a la vencida. La decisión mantuvo la protección urgente dispuesta a favor de C.M.D.D.C. frente al Hospital y al Ministerio de Salud. La discusión se centró en la obligación estatal de responder ante un reclamo sanitario concreto y en la suficiencia de la vía de amparo. El tribunal sostuvo que subsistían los presupuestos de urgencia y necesidad, que la respuesta administrativa no resultaba adecuada para neutralizar el riesgo, y que la orden judicial era proporcionada al derecho comprometido. En consecuencia, confirmó la continuidad del mandato de cobertura sanitaria.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el habeas corpus intentado por J.A. y remitió copia al Juzgado de Ejecución Penal N° 8 para su intervención. La resolución no sustituyó el control propio de la ejecución penal ni abrió una instancia originaria para revisar condiciones o incidencias de detención. El interno formulaba un reclamo que debía ser examinado por el juez competente, dentro de las vías ordinarias y específicas disponibles. El tribunal sostuvo que no había elementos que justificaran apartarse de ese cauce institucional y que el habeas corpus ante el STJ no procede como vía paralela cuando existen órganos naturales de control. Por eso cerró la acción y ordenó la remisión correspondiente.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de M.A.P. en una causa penal por hechos de violencia de género y amenazas. La decisión cerró la vía extraordinaria y no reabrió el análisis probatorio de la condena o de la intervención previa del Tribunal de Impugnación. La defensa pretendía superar la denegatoria mediante agravios sobre valoración de prueba, motivación y arbitrariedad. El tribunal sostuvo que la presentación no demostraba el error concreto de la denegatoria y reiteraba planteos ya examinados, sin cumplir la carga técnica propia del recurso de hecho. Por el contenido sensible de violencia de género y la identidad abreviada, el extracto queda marcado para revisión editorial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la demandada, sólo respecto de las costas vinculadas con el reclamo del art. 248 de la LCT y del rubro SAC 2020. Revocó parcialmente la sentencia laboral y remitió la causa para nueva liquidación y readecuación de costas. La discusión principal giraba sobre el alcance de la indemnización por muerte del trabajador y la incidencia de precedentes invocados por la mutual. El tribunal sostuvo que el precedente Fernández no había fijado doctrina legal aplicable en los términos pretendidos y que la revisión procedía de manera limitada. Impuso las costas de la instancia por su orden y reguló honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja del Ministerio Público Fiscal en el incidente de prisión domiciliaria de T.T.M.G. La decisión dejó cerrada la vía extraordinaria intentada por la acusación contra la resolución que mantenía esa modalidad de cumplimiento. El MPF invocaba gravedad institucional, perjuicio irreparable y una interpretación indebida de la Ley 24.660 y del Código Penal. El tribunal sostuvo que la queja había sido presentada fuera del plazo legal y que, además, no cumplía con la carga de refutar de modo concreto los fundamentos independientes de la denegatoria, conforme la Acordada 09/23. Ese defecto temporal y argumental impedía ingresar al análisis sustancial del beneficio.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y mantuvo la sentencia de amparo que ordenaba prestaciones sanitarias a favor de C.R.O., con costas por su orden. La decisión preservó el mandato urgente frente al Ministerio de Salud y el Hospital Francisco López Lima. La Provincia cuestionaba la procedencia del amparo, el alcance de las prestaciones, el plazo y el apercibimiento. El tribunal sostuvo que los agravios no rebatían los fundamentos centrales de la sentencia, que el amparo resultaba idóneo ante la afectación concreta del derecho a la salud y que la orden se limitaba a las prestaciones solicitadas. También descartó arbitrariedad, pues el fallo no regulaba situaciones futuras de modo genérico.