Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría la queja de CRAB KICK S.R.L. y mantuvo cerrada la vía casatoria denegada en el proceso sumarísimo contra Banco BBVA Argentina S.A., con costas. La quejosa alegaba que la Cámara había desatendido agravios de orden constitucional y consumeril. La mayoría sostuvo que el recurso de hecho no demostró error en el criterio denegatorio: los planteos ya habían sido tratados, remitían a cuestiones de hecho y prueba sobre el acuerdo entre las partes y no desarrollaban una crítica jurídica capaz de evidenciar violación legal o doctrinaria. Hubo voto minoritario favorable a conceder la casación, pero no modificó el resultado.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso de casación del actor en el sumarísimo de readecuación contractual contra F.C.A. S.A. de Ahorro para Fines Determinados, por lo que cerró la instancia extraordinaria. El planteo invocaba defensa del consumidor, imprevisión contractual y tutela frente al aumento de cuotas del plan de ahorro. El tribunal sostuvo que el recurso no formuló una crítica concreta de los fundamentos de la Cámara, reiteró cuestiones ligadas a la valoración de la conducta contractual, pagos, información y prueba, y no demostró violación legal ni arbitrariedad extrema. Impuso costas al actor, pero lo eximió de pago por el principio de gratuidad del art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, y reguló honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación de la parte actora y confirmó la sentencia que había desestimado la demanda ordinaria contra María Graciana Jaime, con costas a la recurrente. La controversia giró sobre si la tramitación inicial bajo la Ley de Defensa del Consumidor impedía que el juez resolviera luego con normas civiles. El tribunal sostuvo que la firmeza de aquella providencia no generaba un derecho adquirido al encuadre consumeril, que el juez podía calificar jurídicamente los hechos por el principio iura novit curia y que las sentencias anteriores habían dado razones suficientes dentro del marco de pretensión y oposición. Reguló honorarios por la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación de Lago S.A. y confirmó la sentencia de Cámara que había mantenido la condena en un litigio de daños derivado de un plan de ahorro. Impuso las costas de la instancia extraordinaria a la recurrente. La discusión se centró en la alegada arbitrariedad de la sentencia por valoración ilógica de los hechos, especialmente la cesión del plan, la promesa de reintegro atribuida a un empleado y la carga de la prueba. El Tribunal sostuvo que, aun después del examen preliminar, podía revisar la admisibilidad del recurso y advirtió que los agravios remitían a cuestiones de hecho y prueba ajenas a la casación, sin demostrar absurdidad ni arbitrariedad. Consideró que la impugnación expresaba una discrepancia subjetiva con la valoración probatoria y no habilitaba la instancia de legalidad.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso de casación de la Provincia de Río Negro y revocó sólo la distribución de costas de segunda instancia en un proceso de expropiación, sustituyendo el reparto 70% a cargo de la actora y 30% a cargo de la demandada por una imposición en partes iguales. Las costas de la instancia extraordinaria fueron impuestas por su orden. La discusión se centró en si la Cámara había aplicado correctamente el criterio de vencimientos parciales y mutuos luego de fijarse la indemnización expropiatoria. El Tribunal sostuvo que la comparación entre la oferta estatal, el reclamo de Argovis S.A. y el monto finalmente establecido mostraba que la Provincia logró descartar el 70% del exceso pretendido, pero que ambas partes tuvieron vencimientos parciales. Por eso readecuó las costas de Cámara al 50% para cada una.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a los recursos de casación y revocó parcialmente la sentencia de Cámara en lo relativo a la conversión de la base regulatoria de honorarios expresada en dólares, en el marco de una sucesión con discusión patrimonial. Impuso costas por su orden y reguló honorarios de la instancia extraordinaria. La discusión se centró en si la Cámara podía tomar el dólar MEP vigente al llamado de autos para dictar sentencia, cuando los recurrentes sostenían que ello excedía la jurisdicción y producía una indexación encubierta. El Tribunal consideró que correspondía corregir parcialmente la solución sobre honorarios ante la variación normativa y cambiaria, y fijó el alcance de la revocación sin reabrir el resto de las cuestiones del proceso principal.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría la queja deducida por los letrados y mantuvo cerrada la casación contra la decisión que había levantado una prohibición de innovar en un incidente cautelar. Impuso costas. La discusión se centró en si la resolución cautelar era equiparable a sentencia definitiva por el perjuicio alegado y si mediaba arbitrariedad suficiente para abrir la vía extraordinaria. La mayoría sostuvo que las decisiones sobre cautelares no son, en principio, revisables por casación ni por la instancia extraordinaria, por su carácter mutable y provisorio. Añadió que los recurrentes no rebatieron la falta de definitividad ni demostraron una cuestión de derecho o arbitrariedad real, sino una discrepancia con la valoración de oportunidad y mérito efectuada por la Cámara.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la Asociación Bancaria y dejó cerrada la vía de casación contra la decisión que había considerado inadmisible el recurso. Declaró perdido el depósito e impuso costas. El planteo buscaba reabrir la discusión sobre la regla solve et repete y la supuesta existencia de cuestión constitucional suficiente. El Tribunal no ingresó al fondo tributario: sostuvo que la presentación incumplía recaudos de admisibilidad de la Acordada 9/23, en especial límites formales y la carga de refutar todos los fundamentos independientes de la denegatoria. Agregó que los agravios reiteraban argumentos ya tratados y no demostraban sentencia definitiva ni circunstancias excepcionales para abrir la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso extraordinario de casación del actor en un juicio de daños y perjuicios, por lo que no abrió la revisión de la sentencia que rechazó su pretensión resarcitoria. Impuso costas y reguló honorarios de esta instancia. El recurrente alegaba violación y errónea aplicación de la ley, arbitrariedad probatoria y aplicación descontextualizada de doctrina legal sobre prioridad de paso y responsabilidad objetiva. El Tribunal sostuvo que el escrito incumplía requisitos formales de la Acordada 9/23 y que, además, los agravios expresaban disconformidad con la valoración de hechos, pruebas y efectos jurídicos, sin una crítica razonada que descalificara los fundamentos del fallo. Por eso la casación quedó cerrada.

El Superior Tribunal de Justicia declaró por mayoría la caducidad de la instancia recursiva abierta por los demandados con su recurso de casación contra la sentencia de Cámara en una reivindicación. Además, dispuso que el planteo de inconstitucionalidad del DNU 1083/24 sea tratado en Primera Instancia, impuso costas a la demandada y reguló honorarios. El pedido de caducidad fue formulado por los actores, quienes sostuvieron que, cesada la suspensión vinculada a la emergencia de la Ley 26.160, la parte interesada en sostener el recurso no realizó actos útiles. El Tribunal concluyó que debía decidir la caducidad en esta tercera instancia y que el planteo constitucional sobre el decreto correspondía al grado. La clasificación requiere revisión por falta de categorías específicas.