Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de los demandados y cerró la vía de casación contra la resolución dictada en la medida precautoria, con costas y pérdida de los depósitos. La discusión se centró en la pretensión de revisar la denegatoria del recurso principal, a partir de alegaciones de falta de fundamentación, dogmatismo, omisión de agravios y valoración arbitraria de los hechos y de la prueba. El Tribunal sostuvo que la queja no rebatió de modo directo y eficaz los fundamentos de la denegatoria, sino que reiteró los agravios ya introducidos en la casación. También señaló que los planteos remitían a cuestiones fácticas y probatorias ajenas a la instancia extraordinaria, sin demostrar arbitrariedad.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente, por mayoría, a las casaciones de los letrados Marcos Luis Botbol y Slavko Lucas Jankovic y revocó el punto que regulaba honorarios de la perito tasadora. Además, reguló esos honorarios en $ 5.187.234 y distribuyó costas por su orden. La cuestión se centró en si la Cámara había duplicado sin fundamento la base económica del proceso al tomar el 100% del inmueble para calcular la regulación. El Tribunal sostuvo que la controversia sólo comprendía el derecho a escriturar el 50% indiviso del inmueble, sin mejoras, decisión firme. Por ello, la base regulatoria debía ser ese porcentaje y no la totalidad del bien. La decisión corrige un error arancelario, sin reabrir el fondo de la escrituración.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de Aliche Carniel contra la sentencia que había rechazado su queja en una incidencia cautelar sucesoria. Impuso costas y reguló honorarios. La recurrente invocaba arbitrariedad, incongruencia, exceso ritual y violación de defensa en juicio, cuestionando que se aplicara la doctrina de falta de definitividad de las medidas cautelares. El Tribunal sostuvo que no se verificaba el presupuesto indispensable de sentencia definitiva o equiparable exigido por la Ley 48 y la Acordada 4/07. Recordó que las decisiones cautelares son mutables y, como regla, no habilitan la instancia federal. Por ello no abrió la revisión ante la Corte.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación del padre, declaró la nulidad de la sentencia de Cámara sobre cuidado personal y dispuso el reenvío para dictar un nuevo pronunciamiento con debida intervención del adolescente. Impuso costas por su orden. La discusión se centró en si la decisión que confirmó el cambio de residencia había respetado el derecho de F. a ser oído y el interés superior del niño. El Tribunal no resolvió definitivamente el régimen de cuidado: sostuvo que, por la edad y madurez del adolescente y por la entidad de la medida, debía asegurarse una escucha actual, personal y efectiva antes de adoptar una solución que incidiera de modo directo en su vida familiar.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la actora y mantuvo cerrada la vía de casación en el proceso de daños y perjuicios, con costas. La recurrente cuestionaba el encuadre del reclamo, el cómputo de la prescripción y la supuesta omisión de agravios por la Cámara. El Tribunal sostuvo que la presentación era formalmente insuficiente según la Acordada 9/23-STJ y que no refutaba de manera concreta los fundamentos independientes de la denegatoria. También remarcó que los agravios se apoyaban en cuestiones fácticas, de derecho común y procesal, especialmente vinculadas con la prescripción, cuya revisión extraordinaria exige una demostración contundente de absurdidad que no fue desarrollada.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la parte demandada y de integrantes de la comunidad indígena demandada, cerrando la vía de casación en el proceso de desalojo, con costas. La queja buscaba reabrir agravios sobre la suspensión vinculada a la Ley 26.160, la competencia de la Cámara y la ausencia de sentencia firme para ordenar el desahucio. El Tribunal sostuvo que el recurso tenía una deficiencia técnica insalvable: dirigía sus críticas contra decisiones anteriores y no contra la sentencia interlocutoria que denegó la casación, que era el objeto propio de la queja. También señaló incumplimientos de admisibilidad y falta de refutación precisa de los fundamentos de la denegatoria.

El Superior Tribunal de Justicia declaró la competencia de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma y ordenó remitir allí las actuaciones para que continúe el trámite. La controversia fue promovida por UPCN contra la Provincia en una medida autosatisfactiva vinculada con descuentos y la relación de empleo público. El Tribunal compartió los fundamentos del Dictamen N° 64/26 del Procurador General y, por brevedad, remitió a ellos para concluir que el conflicto debía tramitar ante el fuero laboral. La decisión no resuelve el fondo del reclamo sindical ni la validez de los actos cuestionados; sólo fija el órgano competente para continuar la causa.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la parte actora en el proceso de daños y perjuicios, con costas, y cerró la vía de casación contra la sentencia cuestionada. La actora invocaba arbitrariedad, reparación plena, cuantificación insuficiente del daño e intereses que degradaban el crédito. El Tribunal sostuvo que la queja no ofreció una crítica jurídica clara y convincente contra la denegatoria, sino que exteriorizó una discrepancia subjetiva con la solución de Cámara. También recordó que la arbitrariedad y el absurdo tienen carácter excepcional y restrictivo, y que la casación controla legalidad, no el acierto estimativo de los jueces de mérito. La ausencia de una crítica apta llevó al rechazo del recurso de hecho.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso de casación de la parte actora en un proceso de daños y perjuicios por prisión preventiva seguida de absolución, con costas y regulación de honorarios. La discusión giraba en torno a si la Cámara había omitido o interpretado erróneamente las reglas sobre responsabilidad estatal por error judicial. El Tribunal sostuvo que los agravios pretendían reabrir cuestiones de hecho, prueba y efectos jurídicos ya valoradas, sin demostrar arbitrariedad ni un desvío palmario del razonamiento. También recordó que la indemnización por privación de libertad sólo procede cuando la prisión preventiva se revela incuestionablemente infundada o arbitraria, extremo no acreditado. Por eso cerró la casación concedida.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja de la parte actora y declaró admisible el recurso de casación que había sido denegado en la causa principal de daños y perjuicios. La decisión no resolvió el fondo del litigio, sino que abrió la instancia extraordinaria para revisar el recurso principal. El Tribunal tuvo por superado el umbral de admisibilidad y ordenó oficiar a la Cámara de origen para que remita los autos principales a la sede del STJ. El efecto práctico es procesal: la discusión de casación queda habilitada y deberá tramitarse en esta instancia, sin que el fallo anticipe una decisión sobre la procedencia sustancial de los agravios.