Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el habeas corpus intentado por el interno C.D.P. y no abrió el trámite constitucional en esa sede. La decisión, sin embargo, ordenó remitir copia de la presentación y del pronunciamiento al Juzgado de Ejecución Penal N° 8 para que trate lo solicitado por la vía correspondiente y dé intervención a la Defensa. El tribunal mantuvo así una revisión limitada: descartó la procedencia directa del habeas corpus ante el STJ, pero preservó el canal institucional de ejecución penal para examinar el planteo del interno. También ordenó notificar al Procurador General conforme el Código Procesal Constitucional.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al pedido de regulación de honorarios de alzada en el amparo promovido por C.L.A. contra la Caja Forense de Río Negro. La decisión fue instrumental y no volvió sobre el fondo del amparo, que ya había tenido pronunciamiento anterior. El tribunal fijó los honorarios de Alberto E. Visintin y Paola Lirio del Valle Villaverde, en conjunto, en el 30%, y los de Luis Courtaux, patrocinante del amparista, en el 25%, todos calculados sobre los emolumentos regulados por sus actuaciones en la instancia anterior. También tuvo presente la cesión de honorarios efectuada en favor de la Caja Forense y ordenó cumplir la Ley D 869.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación del amparista C.H.A. contra Ipross y mantuvo la sentencia que no hizo lugar al amparo de salud. La decisión cerró la vía urgente, con costas por su orden por falta de contestación de la Provincia. El recurrente sostenía que la cobertura reconocida por la obra social era insuficiente y que no se efectivizaban reintegros, pero el tribunal no encontró acreditada una omisión actual, concreta y manifiestamente ilegítima que justificara el amparo. Además, efectuó un llamado de atención a la letrada patrocinante: recordó que el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa no exime del deber profesional de control establecido por las Acordadas 15/24 y 22/25.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Provincia de Río Negro contra la providencia que aprobó la liquidación de astreintes en un amparo contra Ipross, por lo que se mantiene la multa derivada del incumplimiento en la provisión de insumos para el tratamiento indicado. La discusión se centró en si la aprobación de la liquidación era apelable y si afectaba el debido proceso de la obra social. El Tribunal sostuvo que la incidencia era accesoria, pero igualmente revisó la arbitrariedad invocada y concluyó que Ipross no acreditó haber cumplido la entrega semestral ordenada, pese a nuevas entregas parciales y a períodos sin provisión del insumo. Esa conducta renuente justificó la liquidación aprobada. Costas a la vencida.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y mantuvo la sentencia de amparo dictada contra el Hospital Francisco López Lima. La decisión preservó la tutela urgente solicitada por C.J.M.C. en representación de C.M.I.A., con costas por su orden. La Provincia alegaba que no existía negativa de prestación, que el trámite administrativo estaba en curso y que no se había agotado la vía correspondiente. El tribunal sostuvo que esos argumentos no desvirtuaban la procedencia del amparo frente a la necesidad sanitaria acreditada y al tiempo del trámite relativo a la provisión de prótesis. La sentencia queda limitada al caso concreto y no reemplaza la gestión administrativa ordinaria fuera de la urgencia examinada.

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El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia que había hecho lugar al amparo de salud, por lo que Ipross debe garantizar la provisión del material complementario necesario para una cirugía de revisión de prótesis total de rodilla. Costas por su orden. La discusión se centró en si la obra social había actuado de modo arbitrario o si la orden judicial invadía competencias administrativas. La mayoría sostuvo que la apelación no desvirtuó el dictamen del Cuerpo de Investigación Forense, que señaló que la prótesis entregada carecía de material complementario esencial, exponía al paciente a riesgos evitables y agravaba su salud. También ponderó la tutela reforzada del amparista adulto mayor y la responsabilidad de Ipross como obligada principal.

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