Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación del amparista Leandro Osorio contra la sentencia de primera instancia, sin costas por las particularidades del caso. La decisión no reconstruyó fundamentos propios extensos, sino que remitió al Dictamen N° 38/26 del Procurador General, cuyos fundamentos y conclusiones compartió. El recurso buscaba revertir el rechazo del amparo, pero el STJ entendió que correspondía mantener lo decidido por las razones desarrolladas en ese dictamen. Por tratarse de una remisión externa, el extracto debe leerse de modo estrecho: sólo refleja el resultado operativo, la referencia al dictamen y la ausencia de costas. La publicación requiere revisión humana del dictamen citado antes de ampliar fundamentos.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y mantuvo el amparo contra IPROSS a favor de C.C.E., con costas por su orden. La decisión confirmó la cobertura ordenada frente a una prestación sanitaria vinculada con una persona identificada como B. La Provincia cuestionaba la procedencia de la vía, el alcance de la orden y la incidencia presupuestaria o administrativa. El tribunal sostuvo que los agravios no desvirtuaban la sentencia, que el amparo resultaba idóneo ante la urgencia y que la obra social había autorizado sólo parcialmente la prescripción médica sin razones suficientes. También destacó el interés superior de B. y el principio de progresividad. Por sensibilidad sanitaria y niñez, requiere revisión.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja de Fiscalía de Estado y concedió con efecto suspensivo la apelación que había sido denegada en la ejecución de una sentencia de amparo. La decisión abrió la vía apelatoria contra el pronunciamiento del 25 de febrero de 2026, sin resolver todavía el fondo de la ejecución. La Provincia pretendía obtener la concesión del recurso deducido en subsidio de revocatoria. El tribunal sostuvo que, de acuerdo con las constancias acompañadas, estaban cumplidos la autosuficiencia de la queja y los requisitos formales de admisibilidad de la vía intentada. Por tratarse de ejecución de amparo y por identidad abreviada, el extracto queda sujeto a revisión.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible la acción de habeas corpus intentada por el interno D.M.P. y remitió copia al Juzgado de Ejecución Penal N° 8 para que trate el pedido por la vía correspondiente, con intervención de su defensor. La resolución no sustituyó al juez de ejecución ni abrió una instancia originaria ante el STJ. El accionante formulaba un reclamo vinculado con su situación de detención. El tribunal sostuvo que no se acreditaba un supuesto que justificara la vía excepcional y que existía un cauce hábil ante el órgano competente. Por eso declaró inadmisible la acción, ordenó remitir la presentación y notificó al Procurador General.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó el pronunciamiento dictado en la ejecución de una sentencia de amparo. La decisión dejó sin efecto la respuesta jurisdiccional impugnada, con costas por su orden. La controversia giraba en torno a la imposición de medidas coercitivas mientras el Ministerio de Salud informaba que se encontraba en trámite la contratación directa de un centro terapéutico para brindar el tratamiento indicado. El tribunal entendió que correspondía atender ese estado administrativo y que la decisión recurrida no había valorado suficientemente los informes acompañados por la Provincia al contestar la intimación. Por eso admitió la apelación, sin resolver de modo amplio el fondo sanitario original.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de los amparistas y mantuvo la sentencia que no admitía la vía urgente contra la Fundación Educativa y Cultural Escuela del Sur. La decisión dejó sin modificación el rechazo del amparo vinculado con la continuidad educativa de un niño con discapacidad. Los recurrentes alegaban arbitrariedad, afectación del interés superior del niño, diagnóstico de TEA y necesidad de permanecer en el mismo ámbito escolar. El tribunal, al confirmar la solución impugnada, sostuvo que la apelación no habilitaba revisar por esta vía excepcional una pretensión que ya había sido encuadrada como improcedente para el trámite de amparo. No impuso costas por falta de sustanciación.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y mantuvo el amparo que ordenaba al Ministerio de Salud y otros garantizar medicación a favor de C.S.J., con costas por su orden. La decisión confirmó la protección urgente frente a demoras en la entrega regular del tratamiento. La Provincia sostenía que no había negativa prestacional y que la vía de amparo era improcedente. El tribunal sostuvo que los agravios repetían informes administrativos ya considerados, sin rebatir la arbitrariedad señalada por la jueza. Destacó que la continuidad del tratamiento era necesaria para no afectar la calidad de vida y evitar complicaciones, por lo que la demora configuraba una lesión actual del derecho a la salud.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado, declaró la nulidad del proceso de amparo iniciado por S.S.M. contra el Ministerio de Salud y ordenó reenviar las actuaciones para que otra unidad jurisdiccional reencauce el trámite y dicte decisión de fondo. La decisión no resolvió la prestación sanitaria reclamada, sino que anuló el procedimiento por un defecto de citación. El tribunal sostuvo que, cuando la demanda se dirige contra la Provincia, deben notificarse el Gobernador, la Fiscalía de Estado y los organismos correspondientes en los domicilios electrónicos válidos. La omisión afectó la defensa estatal y justificó el reenvío. Por salud y nulidad procesal, requiere revisión.

El Superior Tribunal de Justicia declaró que la presentación contra la Provincia de Río Negro participaba de la naturaleza jurídica del amparo, pero declaró improcedente la acción que buscaba la inconstitucionalidad de la Ley 5811. La decisión cerró el trámite, con costas. El planteo invocaba afectación de derechos constitucionales por la ley provincial; sin embargo, el tribunal no desarrolló fundamentos propios extensos, sino que remitió por brevedad al Dictamen N° 41/26 del Procurador General, cuyos antecedentes, consideraciones y conclusiones compartió. Por esa remisión, el extracto debe leerse como una síntesis operativa del resultado y no como reconstrucción autónoma de los fundamentos del dictamen externo.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a la apelación de Fiscalía de Estado en un amparo de salud contra Ipross, pero solo para revocar el punto de costas y honorarios de la sentencia. Mantuvo, en lo sustancial, la protección que ordenaba autorizar y cubrir doce sesiones mensuales de terapia ocupacional para D.B.P. La Provincia alegaba improcedencia del amparo, falta de arbitrariedad, ausencia de documentación suficiente e intromisión en la auditoría de la obra social. El tribunal sostuvo que Ipross había autorizado parcialmente la prestación sin brindar razones técnicas suficientes frente a la indicación profesional. En cambio, aceptó el agravio sobre costas por aplicación del art. 19 del Código Procesal Constitucional. Costas por su orden.