Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso de casación de la Provincia de Río Negro y revocó sólo la distribución de costas de segunda instancia en un proceso de expropiación, sustituyendo el reparto 70% a cargo de la actora y 30% a cargo de la demandada por una imposición en partes iguales. Las costas de la instancia extraordinaria fueron impuestas por su orden. La discusión se centró en si la Cámara había aplicado correctamente el criterio de vencimientos parciales y mutuos luego de fijarse la indemnización expropiatoria. El Tribunal sostuvo que la comparación entre la oferta estatal, el reclamo de Argovis S.A. y el monto finalmente establecido mostraba que la Provincia logró descartar el 70% del exceso pretendido, pero que ambas partes tuvieron vencimientos parciales. Por eso readecuó las costas de Cámara al 50% para cada una.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a los recursos de casación y revocó parcialmente la sentencia de Cámara en lo relativo a la conversión de la base regulatoria de honorarios expresada en dólares, en el marco de una sucesión con discusión patrimonial. Impuso costas por su orden y reguló honorarios de la instancia extraordinaria. La discusión se centró en si la Cámara podía tomar el dólar MEP vigente al llamado de autos para dictar sentencia, cuando los recurrentes sostenían que ello excedía la jurisdicción y producía una indexación encubierta. El Tribunal consideró que correspondía corregir parcialmente la solución sobre honorarios ante la variación normativa y cambiaria, y fijó el alcance de la revocación sin reabrir el resto de las cuestiones del proceso principal.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de los letrados Julio Enrique Biglieri y Cintia R. Gómez, anuló en lo pertinente la sentencia que fijaba honorarios en 5 JUS y reenvió la causa al tribunal de origen para una nueva determinación arancelaria. La discusión se centró en si correspondía remunerar, además de la actuación administrativa ante la SRT, el proceso judicial iniciado para determinar honorarios. El Tribunal remitió al precedente “Joos” y sostuvo que la actividad profesional se presume onerosa, que el proceso judicial constituye una labor autónoma y que la Cámara omitió regular esos honorarios y aplicar la Ley D 869 sin fundamentación. La decisión no fija el monto final: ordena nuevo pronunciamiento conforme a la normativa vigente.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente, por mayoría, a las casaciones de los letrados Marcos Luis Botbol y Slavko Lucas Jankovic y revocó el punto que regulaba honorarios de la perito tasadora. Además, reguló esos honorarios en $ 5.187.234 y distribuyó costas por su orden. La cuestión se centró en si la Cámara había duplicado sin fundamento la base económica del proceso al tomar el 100% del inmueble para calcular la regulación. El Tribunal sostuvo que la controversia sólo comprendía el derecho a escriturar el 50% indiviso del inmueble, sin mejoras, decisión firme. Por ello, la base regulatoria debía ser ese porcentaje y no la totalidad del bien. La decisión corrige un error arancelario, sin reabrir el fondo de la escrituración.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de los letrados, revocó en lo pertinente la sentencia de grado y ordenó una nueva regulación de honorarios, sin costas. La decisión no resolvió el fondo laboral entre Valdez y Resagos Cipolletti, sino la cuestión arancelaria planteada por los profesionales por derecho propio. El tribunal sostuvo que, aunque la materia honoraria suele estar excluida de la vía extraordinaria, el caso habilitaba tratamiento por involucrar la correcta aplicación del art. 10 de la Ley G 2212. Remitió a doctrina legal reciente sobre la diferencia entre abogado y procurador y la función de la regulación. En consecuencia, devolvió la causa al tribunal de origen para recalcular honorarios.