Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría la queja de CRAB KICK S.R.L. y mantuvo cerrada la vía casatoria denegada en el proceso sumarísimo contra Banco BBVA Argentina S.A., con costas. La quejosa alegaba que la Cámara había desatendido agravios de orden constitucional y consumeril. La mayoría sostuvo que el recurso de hecho no demostró error en el criterio denegatorio: los planteos ya habían sido tratados, remitían a cuestiones de hecho y prueba sobre el acuerdo entre las partes y no desarrollaban una crítica jurídica capaz de evidenciar violación legal o doctrinaria. Hubo voto minoritario favorable a conceder la casación, pero no modificó el resultado.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso de casación del actor en el sumarísimo de readecuación contractual contra F.C.A. S.A. de Ahorro para Fines Determinados, por lo que cerró la instancia extraordinaria. El planteo invocaba defensa del consumidor, imprevisión contractual y tutela frente al aumento de cuotas del plan de ahorro. El tribunal sostuvo que el recurso no formuló una crítica concreta de los fundamentos de la Cámara, reiteró cuestiones ligadas a la valoración de la conducta contractual, pagos, información y prueba, y no demostró violación legal ni arbitrariedad extrema. Impuso costas al actor, pero lo eximió de pago por el principio de gratuidad del art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, y reguló honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación de la parte actora y confirmó la sentencia que había desestimado la demanda ordinaria contra María Graciana Jaime, con costas a la recurrente. La controversia giró sobre si la tramitación inicial bajo la Ley de Defensa del Consumidor impedía que el juez resolviera luego con normas civiles. El tribunal sostuvo que la firmeza de aquella providencia no generaba un derecho adquirido al encuadre consumeril, que el juez podía calificar jurídicamente los hechos por el principio iura novit curia y que las sentencias anteriores habían dado razones suficientes dentro del marco de pretensión y oposición. Reguló honorarios por la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría la queja deducida por los letrados y mantuvo cerrada la casación contra la decisión que había levantado una prohibición de innovar en un incidente cautelar. Impuso costas. La discusión se centró en si la resolución cautelar era equiparable a sentencia definitiva por el perjuicio alegado y si mediaba arbitrariedad suficiente para abrir la vía extraordinaria. La mayoría sostuvo que las decisiones sobre cautelares no son, en principio, revisables por casación ni por la instancia extraordinaria, por su carácter mutable y provisorio. Añadió que los recurrentes no rebatieron la falta de definitividad ni demostraron una cuestión de derecho o arbitrariedad real, sino una discrepancia con la valoración de oportunidad y mérito efectuada por la Cámara.

El Superior Tribunal de Justicia declaró por mayoría la caducidad de la instancia recursiva abierta por los demandados con su recurso de casación contra la sentencia de Cámara en una reivindicación. Además, dispuso que el planteo de inconstitucionalidad del DNU 1083/24 sea tratado en Primera Instancia, impuso costas a la demandada y reguló honorarios. El pedido de caducidad fue formulado por los actores, quienes sostuvieron que, cesada la suspensión vinculada a la emergencia de la Ley 26.160, la parte interesada en sostener el recurso no realizó actos útiles. El Tribunal concluyó que debía decidir la caducidad en esta tercera instancia y que el planteo constitucional sobre el decreto correspondía al grado. La clasificación requiere revisión por falta de categorías específicas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de Alberto Italo Balladini y mantuvo cerrada la casación contra la decisión dictada en una medida precautoria. Declaró perdido el depósito e impuso costas. El quejoso alegaba arbitrariedad, fundamentos genéricos y omisión de tratamiento de agravios, sosteniendo que su casación no se limitaba a hechos y prueba. El Tribunal sostuvo que la presentación no rebatía en forma concreta, contundente y pormenorizada los argumentos de la denegatoria. La Cámara había señalado que los agravios remitían a cuestiones fácticas y probatorias ajenas a la casación y que no se demostraba arbitrariedad ni contradicción legal suficiente. La vía extraordinaria quedó cerrada por insuficiencia técnica.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de los demandados y cerró la vía de casación contra la resolución dictada en la medida precautoria, con costas y pérdida de los depósitos. La discusión se centró en la pretensión de revisar la denegatoria del recurso principal, a partir de alegaciones de falta de fundamentación, dogmatismo, omisión de agravios y valoración arbitraria de los hechos y de la prueba. El Tribunal sostuvo que la queja no rebatió de modo directo y eficaz los fundamentos de la denegatoria, sino que reiteró los agravios ya introducidos en la casación. También señaló que los planteos remitían a cuestiones fácticas y probatorias ajenas a la instancia extraordinaria, sin demostrar arbitrariedad.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de Aliche Carniel contra la sentencia que había rechazado su queja en una incidencia cautelar sucesoria. Impuso costas y reguló honorarios. La recurrente invocaba arbitrariedad, incongruencia, exceso ritual y violación de defensa en juicio, cuestionando que se aplicara la doctrina de falta de definitividad de las medidas cautelares. El Tribunal sostuvo que no se verificaba el presupuesto indispensable de sentencia definitiva o equiparable exigido por la Ley 48 y la Acordada 4/07. Recordó que las decisiones cautelares son mutables y, como regla, no habilitan la instancia federal. Por ello no abrió la revisión ante la Corte.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la parte demandada y de integrantes de la comunidad indígena demandada, cerrando la vía de casación en el proceso de desalojo, con costas. La queja buscaba reabrir agravios sobre la suspensión vinculada a la Ley 26.160, la competencia de la Cámara y la ausencia de sentencia firme para ordenar el desahucio. El Tribunal sostuvo que el recurso tenía una deficiencia técnica insalvable: dirigía sus críticas contra decisiones anteriores y no contra la sentencia interlocutoria que denegó la casación, que era el objeto propio de la queja. También señaló incumplimientos de admisibilidad y falta de refutación precisa de los fundamentos de la denegatoria.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación, revocó la sentencia de amparo y dejó sin efecto la tutela concedida frente a descuentos sobre remuneraciones, con costas a la vencida y regulación de honorarios. La Provincia cuestionaba que se hubiera utilizado el amparo para una controversia patrimonial derivada de créditos voluntariamente contraídos y de descuentos administrativos. El Tribunal sostuvo que la sentencia era arbitraria porque no valoró correctamente la prueba ni la falta de acreditación del agotamiento de la vía administrativa. Agregó que el amparo no es la herramienta adecuada para resolver cuestiones patrimoniales complejas que requieren debate y prueba, salvo ilegalidad manifiesta, extremo que no se verificó.