Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a los recursos de casación y revocó parcialmente la sentencia de Cámara en lo relativo a la conversión de la base regulatoria de honorarios expresada en dólares, en el marco de una sucesión con discusión patrimonial. Impuso costas por su orden y reguló honorarios de la instancia extraordinaria. La discusión se centró en si la Cámara podía tomar el dólar MEP vigente al llamado de autos para dictar sentencia, cuando los recurrentes sostenían que ello excedía la jurisdicción y producía una indexación encubierta. El Tribunal consideró que correspondía corregir parcialmente la solución sobre honorarios ante la variación normativa y cambiaria, y fijó el alcance de la revocación sin reabrir el resto de las cuestiones del proceso principal.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de Fiscalía de Estado y revocó la providencia dictada en una ejecución de sentencia de amparo, con costas por su orden. La discusión se centró en una medida adoptada dentro de la ejecución, no en el fondo originario del amparo. El Tribunal sostuvo que la providencia recurrida debía dejarse sin efecto y ordenó la devolución del trámite al organismo correspondiente, manteniendo la intervención dentro de los límites de la ejecución. La decisión modifica una cuestión operativa del cumplimiento de sentencia y no implica rechazar el derecho reconocido en el amparo principal. La identidad del expediente se conserva según la fuente oficial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Provincia de Río Negro, revocó la interlocutoria que había declarado la caducidad de instancia en la acción de lesividad y devolvió las actuaciones al tribunal de origen. Impuso costas a la demandada y reguló honorarios. La Provincia sostenía que el proceso no estaba paralizado y que la Cámara computó formalmente el plazo sin atender a la actividad vinculada con la prueba pericial. El Tribunal sostuvo que la caducidad fue interpretada de modo inadecuado y frustró el derecho de la actora a obtener un pronunciamiento sobre su pretensión. Por eso dejó sin efecto la decisión y reabrió el trámite.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a la apelación de Fiscalía de Estado en un amparo contra IPROSS y revocó los puntos cuarto y sexto de la sentencia, con costas por su orden y regulación de honorarios. La decisión no desarmó todo el amparo, sino que corrigió aspectos puntuales del mandato judicial. La discusión se vinculaba con prestaciones y elementos de salud reclamados para la persona amparada. En una lectura conservadora, el tribunal ponderó la ausencia de reclamo administrativo o de documentación suficiente para algunos rubros, diferenciándolos de otras prestaciones ya ordenadas. Por tratarse de un caso de salud, probablemente con discapacidad, y además de tier escape, queda sujeto a revisión humana completa antes de publicación.

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido y, en el mismo acto, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la Provincia en una causa contencioso laboral. Ordenó reenviar el expediente para que, en etapa de liquidación, se trate la capitalización de intereses conforme el art. 770 inc. b) del Código Civil y Comercial y la doctrina legal Machin. La decisión no rehízo la liquidación en sede extraordinaria, sino que corrigió la omisión de aplicar el criterio legal invocado y devolvió el punto al tribunal de origen. Por existir un ajuste de taxonomía pendiente para capitalización de intereses en empleo público, el extracto queda marcado para revisión editorial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al planteo de la jueza interviniente, revocó parcialmente la sentencia de Cámara en cuanto remitía el proceso de capacidad a la Unidad Procesal N° 7 y ordenó enviar las actuaciones a la Cámara para completar el trámite. La decisión se apoyó en una remisión al Dictamen N° 37/26 de la Procuración General y no reconstruye aquí fundamentos externos. El efecto práctico es corregir el órgano que debía continuar interviniendo y evitar una remisión considerada impropia. Como el expediente trata capacidad jurídica y puede involucrar discapacidad o apoyos personales, el extracto queda marcado para revisión humana, junto con la revisión del dictamen citado antes de publicación.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la demandada, sólo respecto de las costas vinculadas con el reclamo del art. 248 de la LCT y del rubro SAC 2020. Revocó parcialmente la sentencia laboral y remitió la causa para nueva liquidación y readecuación de costas. La discusión principal giraba sobre el alcance de la indemnización por muerte del trabajador y la incidencia de precedentes invocados por la mutual. El tribunal sostuvo que el precedente Fernández no había fijado doctrina legal aplicable en los términos pretendidos y que la revisión procedía de manera limitada. Impuso las costas de la instancia por su orden y reguló honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la Provincia, revocó la sentencia de la Cámara del Trabajo de Bariloche y rechazó la demanda de María Elvira Rivas, con costas a la actora vencida. La controversia trataba la bonificación por ubicación reclamada por una integrante de equipos de apoyo educativo. El tribunal analizó el Estatuto Docente y las resoluciones del Consejo Provincial de Educación y concluyó que el cargo de la actora no habilitaba la bonificación reconocida por la Cámara. Sostuvo que la sentencia recurrida había aplicado incorrectamente el régimen normativo y que correspondía resolver el fondo, no reenviar. En consecuencia, dejó sin efecto la condena contra la Provincia.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó el pronunciamiento dictado en la ejecución de una sentencia de amparo. La decisión dejó sin efecto la respuesta jurisdiccional impugnada, con costas por su orden. La controversia giraba en torno a la imposición de medidas coercitivas mientras el Ministerio de Salud informaba que se encontraba en trámite la contratación directa de un centro terapéutico para brindar el tratamiento indicado. El tribunal entendió que correspondía atender ese estado administrativo y que la decisión recurrida no había valorado suficientemente los informes acompañados por la Provincia al contestar la intimación. Por eso admitió la apelación, sin resolver de modo amplio el fondo sanitario original.