Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja del actor y cerró la vía extraordinaria en el reclamo contencioso administrativo laboral contra la Provincia de Río Negro, con costas. El recurrente cuestionaba la liquidación aprobada y sostenía que el trabajador percibiría una porción mínima del valor real de los salarios adeudados, con afectación de principios laborales. El Tribunal sostuvo que la queja no cumplía las exigencias de la Acordada 9/23-STJ ni refutaba de manera concreta la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley. La decisión se mantiene en el plano procesal: no revisa la liquidación de fondo, sino que confirma el cierre por defectos de admisibilidad y falta de crítica eficaz.

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la parte actora y llamó autos al acuerdo. La decisión abre la instancia extraordinaria en el litigio contencioso administrativo laboral promovido por agentes policiales contra la Provincia de Río Negro, sin resolver todavía el fondo de los agravios. La discusión procesal se limitó a verificar si el recurso reunía las condiciones formales y sustanciales suficientes para ser tratado por el STJ. El Tribunal entendió que la vía estaba correctamente habilitada, por lo que dispuso avanzar al examen de los planteos en la etapa correspondiente. La clasificación se mantiene en admisibilidad porque el fallo sólo habilita el tratamiento posterior.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado, revocó el párrafo de la sentencia que imponía costas a Ipross y dispuso costas por su orden; además, formuló un llamado de atención a la jueza de amparo por la tramitación dilatada del expediente. El caso se había tornado abstracto por el fallecimiento de la amparista, que reclamaba cobertura de radioterapia y quimioterapia. El Tribunal sostuvo que no había vencidos ni derrotados y que la decisión de costas carecía de base normativa suficiente. También señaló una anomalía grave: el amparo permaneció más de un año sin actividad útil pese a su naturaleza urgente, y la sentencia consignó erróneamente la fecha de fallecimiento.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia que había ordenado a Ipross evaluar una derivación y eventual cobertura de tratamiento ortopédico para una niña con discapacidad. Las costas fueron impuestas por su orden y se dejó sin efecto la regulación de honorarios de la asesora de la obra social. El Tribunal sostuvo que no estaba acreditado un acto lesivo manifiesto ni la urgencia propia del amparo, porque no se había completado el circuito administrativo de derivación. También indicó que la elección de prestadores corresponde en principio al sistema de la obra social, salvo prueba excepcional de insuficiencia, no demostrada en el caso.

El Superior Tribunal de Justicia declaró improcedente el habeas corpus intentado por D.T.S. y ordenó remitir copia al Juzgado de Ejecución Penal N° 10 para el seguimiento de su salud y el tratamiento de lo pedido en el proceso correspondiente. El interno solicitaba traslado y alojamiento en enfermería para favorecer la recuperación de una cirugía maxilar y ser operado del hombro izquierdo. La jueza sostuvo que no surgían elementos que justificaran apartarse del principio de improcedencia del habeas corpus cuando existe un cauce judicial específico ante el juez competente. A la vez, preservó el canal de control de ejecución penal mediante la remisión al juzgado a cuya disposición se encuentra el interno.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja del actor y dejó cerrada la vía extraordinaria contra la sentencia laboral-contenciosa que había admitido la caducidad de la acción administrativa. Impuso costas. El planteo buscaba reabrir la discusión sobre el cómputo del plazo para demandar luego de la cesantía y sobre la validez de la notificación digital. El Tribunal sostuvo que la presentación incumplía los requisitos de la Acordada 9/23-STJ y que el recurrente no formuló una crítica jurídica concreta contra la denegatoria. Además, señaló que los agravios pretendían revisar prueba documental y hechos consentidos, sin demostrar arbitrariedad en la valoración efectuada por la Cámara.

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la parte demandada y llamó autos al acuerdo. La decisión es instrumental y opera como apertura parcial de la instancia extraordinaria en el mismo conflicto laboral colectivo, sin decidir aún los agravios de fondo. El planteo procesal consistía en verificar la admisibilidad del recurso principal presentado el 05-10-25. El Tribunal consideró que la concesión correspondía sólo de manera parcial, por lo que el tratamiento posterior quedará limitado a los agravios admitidos. En consecuencia, el extracto no presenta una conclusión sobre despido, indemnizaciones, multas o tasa de interés, sino únicamente la habilitación recursiva parcial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a la queja de la demandada y declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo respecto de agravios vinculados con un presunto pronunciamiento extra petita, la valoración de la injuria como causal de despido indirecto, la multa del art. 80 de la LCT y la tasa de interés. Rechazó la queja en lo demás y ordenó tratar los agravios admitidos en los autos principales. La decisión no resuelve el fondo laboral: abre parcialmente la instancia extraordinaria porque detectó cuestiones con entidad suficiente para revisión, pero mantuvo cerrados los restantes planteos. También dispuso restituir el depósito efectuado por la recurrente.

El Superior Tribunal de Justicia declaró la competencia de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma y ordenó remitir allí las actuaciones para que continúe el trámite. La controversia fue promovida por UPCN contra la Provincia en una medida autosatisfactiva vinculada con descuentos y la relación de empleo público. El Tribunal compartió los fundamentos del Dictamen N° 64/26 del Procurador General y, por brevedad, remitió a ellos para concluir que el conflicto debía tramitar ante el fuero laboral. La decisión no resuelve el fondo del reclamo sindical ni la validez de los actos cuestionados; sólo fija el órgano competente para continuar la causa.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la aclaratoria del amparista contra la Sentencia N° 54 y declaró formalmente improcedente el recurso de reposición deducido contra ese mismo pronunciamiento, sin costas. El recurrente pedía aclarar si se había considerado la falta de acceso oportuno al Dictamen N° 38/26 de la Procuración General y el intercambio de correos acompañado. El Tribunal sostuvo que la aclaratoria no encuadraba en los supuestos de corrección de errores materiales, conceptos oscuros u omisiones, porque la sentencia anterior había valorado las constancias y la normativa aplicable. Respecto de la reposición, señaló que el art. 18 del Código Procesal Constitucional sólo la prevé contra sentencias de fondo dictadas por un juez o jueza del STJ.