Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró la competencia de la Cámara Primera del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial para entender en la ejecución de aportes promovida por la Caja Forense de la Provincia de Río Negro contra la Municipalidad de Chimpay, y ordenó remitir allí la radicación para continuar el trámite. Sin costas. La discusión se originó por la declaración de incompetencia del Juzgado de Paz y la cuestión de competencia remitida al STJ. El Tribunal sostuvo que la interpretación armónica del art. 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del art. 29 de la Ley D 869 conduce a atribuir la ejecución de aportes al fuero laboral, porque el cobro sigue la vía prevista para honorarios. También señaló que omitir normas aplicables compromete la fundamentación y genera dispendio jurisdiccional.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja interpuesto por la aseguradora de riesgos del trabajo, con lo que quedó firme la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y consolidada la condena laboral dictada en su contra. Impuso costas y declaró perdido el depósito. La discusión de fondo apuntaba al reconocimiento de incapacidad psicológica del trabajador, que la ART consideraba improcedente por no haber sido denunciada en sede administrativa. El Tribunal no ingresó en ese fondo: sostuvo que la queja no refutó el argumento central de la denegatoria, referido a la extemporaneidad del planteo porque la aseguradora consintió el objeto litigioso y no se opuso a la pericia psicológica. Al reiterar agravios sin crítica concreta y autosuficiente del auto denegatorio, la vía extraordinaria quedó cerrada.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría la queja deducida por los letrados y mantuvo cerrada la casación contra la decisión que había levantado una prohibición de innovar en un incidente cautelar. Impuso costas. La discusión se centró en si la resolución cautelar era equiparable a sentencia definitiva por el perjuicio alegado y si mediaba arbitrariedad suficiente para abrir la vía extraordinaria. La mayoría sostuvo que las decisiones sobre cautelares no son, en principio, revisables por casación ni por la instancia extraordinaria, por su carácter mutable y provisorio. Añadió que los recurrentes no rebatieron la falta de definitividad ni demostraron una cuestión de derecho o arbitrariedad real, sino una discrepancia con la valoración de oportunidad y mérito efectuada por la Cámara.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja del actor y dejó cerrada la vía extraordinaria contra la sentencia laboral que había rechazado su reclamo contra La Segunda ART por enfermedad vinculada al trabajo. Impuso costas. La discusión se centró en si la queja demostraba error en la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley, especialmente por el apartamiento de informes periciales psicológico y psiquiátrico. El Tribunal sostuvo que el escrito no cumplía la Acordada 9/23-STJ porque no refutaba de manera precisa todos los fundamentos autónomos de la denegatoria. Agregó que insistía en la valoración probatoria sin demostrar violación legal ni arbitrariedad, y que las diferencias con el precedente invocado impedían usarlo como base suficiente para abrir la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la Asociación Bancaria y dejó cerrada la vía de casación contra la decisión que había considerado inadmisible el recurso. Declaró perdido el depósito e impuso costas. El planteo buscaba reabrir la discusión sobre la regla solve et repete y la supuesta existencia de cuestión constitucional suficiente. El Tribunal no ingresó al fondo tributario: sostuvo que la presentación incumplía recaudos de admisibilidad de la Acordada 9/23, en especial límites formales y la carga de refutar todos los fundamentos independientes de la denegatoria. Agregó que los agravios reiteraban argumentos ya tratados y no demostraban sentencia definitiva ni circunstancias excepcionales para abrir la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado, revocó el pronunciamiento dictado en el incidente de ejecución y declaró cumplido el objeto del amparo vinculado a la provisión de Ofatumumab. Impuso costas por su orden. La discusión se centró en si la intimación judicial podía exigir al Estado informar gestiones actuales o futuras sobre dosis no incluidas en la sentencia firme. El Tribunal sostuvo que la providencia impugnada excedió los límites de la cosa juzgada: la condena original ordenó entregar una cantidad determinada de medicación y no impuso un deber permanente de supervisión o información. Consideró que transformar la ejecución en un control preventivo indefinido incorporaba obligaciones sin título ejecutivo y afectaba la zona de actuación administrativa, por lo que correspondía tener por cumplido el amparo.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja de la demandada y dejó cerrada la vía extraordinaria contra la sentencia laboral que había rechazado íntegramente la demanda, pero también había desestimado la pluspetición inexcusable y la sanción del art. 275 LCT pedidas contra el actor. Impuso costas y declaró perdido el depósito. La discusión se centró en si la denegatoria del recurso principal impedía indebidamente revisar una cuestión de derecho sobre temeridad, malicia y sanciones procesales. El Tribunal sostuvo que la queja no refutó todos los fundamentos autónomos de la denegatoria, como exige la Acordada 9/23-STJ, y que la apreciación de la conducta procesal, costas y sanciones pertenece en principio al ámbito valorativo de los tribunales de mérito. Por eso no abrió la casación.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja de la actora y cerró la vía extraordinaria contra la decisión laboral-contenciosa que había desestimado su pretensión de reincorporación. Impuso costas. La discusión se centró en el cómputo del plazo para pedir la reincorporación al cargo docente luego del retiro transitorio por invalidez y en la alegada arbitrariedad del fallo de Cámara. El Tribunal no revisó el fondo: sostuvo que la quejosa reiteró su interpretación de los hechos y del derecho, pero no demostró una falla lógica grave ni refutó de modo concreto los fundamentos de la denegatoria. También destacó que la doctrina de arbitrariedad es excepcional y no corrige sentencias meramente discutibles o desfavorables.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso extraordinario de casación del actor en un juicio de daños y perjuicios, por lo que no abrió la revisión de la sentencia que rechazó su pretensión resarcitoria. Impuso costas y reguló honorarios de esta instancia. El recurrente alegaba violación y errónea aplicación de la ley, arbitrariedad probatoria y aplicación descontextualizada de doctrina legal sobre prioridad de paso y responsabilidad objetiva. El Tribunal sostuvo que el escrito incumplía requisitos formales de la Acordada 9/23 y que, además, los agravios expresaban disconformidad con la valoración de hechos, pruebas y efectos jurídicos, sin una crítica razonada que descalificara los fundamentos del fallo. Por eso la casación quedó cerrada.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la actora y cerró la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley en un reclamo por accidente de trabajo. Impuso costas. La recurrente alegaba que la denegatoria era dogmática y arbitraria porque omitía tratar agravios sobre violación de normas legales y constitucionales, derecho de defensa, acceso a la justicia y falta de fundamentación. El Tribunal no abordó el fondo laboral: sostuvo que la queja incumplía la Acordada 9/23-STJ, en particular la carga de refutar en forma precisa y fundada todos los argumentos independientes de la denegatoria. Señaló que la presentación no desarrolló una crítica concreta y eficaz contra los defectos formales y sustanciales señalados por la Cámara, por lo que carecía de chances de prosperar.