Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia que había admitido parcialmente el amparo, dejando sin efecto la orden que obligaba al Ipross a cubrir doce horas diarias de acompañamiento terapéutico a una afiliada con discapacidad. Costas por su orden. La discusión se centró en si el Ipross incurrió en arbitrariedad o ilegalidad manifiesta al autorizar seis horas de acompañamiento terapéutico y seis de cuidador domiciliario, en lugar de las doce horas prescriptas. El Tribunal sostuvo que no se configuró un obrar manifiestamente ilegítimo, porque la obra social aprobó el máximo previsto por su normativa vigente y el Decreto 340/2019. Agregó que, ante la discrepancia técnica entre profesionales, debió consultarse al Cuerpo de Investigación Forense, por lo que la sentencia carecía de fundamentación legal suficiente.

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y llamó autos al acuerdo, abriendo la instancia extraordinaria sólo en el alcance admitido. La discusión llegó por el examen preliminar de admisibilidad del recurso concedido por la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche. El Tribunal sostuvo que, según ese control inicial, estaban cumplidos la Acordada 9/23-STJ y, en principio, los requisitos formales del art. 255 y concordantes del CPCyC, aplicables por remisión de la Ley P N° 5631. La decisión no resuelve el fondo del reclamo laboral: sólo habilita parcialmente el tratamiento del recurso en sede extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa, con lo que quedó firme el rechazo de la queja y cerrada la vía para discutir ante la Corte Suprema la negativa a la suspensión del juicio a prueba. El planteo invocaba arbitrariedad y afectación del debido proceso, defensa en juicio y doble conforme. El Tribunal no ingresó en esos agravios: sostuvo que el recurso carecía de la carátula exigida por la Acordada 4/07 de la CSJN, defecto formal autónomo e insalvable que basta para denegar el remedio federal. Añadió que los agravios remitían a una cuestión de hecho y prueba ajena a la instancia federal, y que la defensa no rebatió defectos formales ya señalados en la vía local.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de F.B.S. y dejó cerrada la vía extraordinaria contra la condena firme en una causa por abuso sexual agravado. Impuso costas. La discusión no reabrió la valoración de la prueba ni la condena: se centró en si la queja refutaba los fundamentos de inadmisibilidad del Tribunal de Impugnación. El Tribunal sostuvo que el escrito incumplía la Acordada 9/23-STJ porque no atacaba de modo concreto todos los fundamentos independientes de la denegatoria y, además, superaba el límite formal de renglones por página. Añadió que la defensa reiteraba agravios sobre testimonio único, acceso carnal y guarda, ya tratados en instancias previas, sin demostrar un error propio de la resolución denegatoria ni un supuesto del art. 242 del CPP.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación las quejas interpuestas por las defensas de los imputados y mantuvo cerrada la vía extraordinaria contra la decisión que había admitido el recurso de la querella y revocado sobreseimientos en una causa por estafa. Impuso costas. La discusión se centró en si la resolución del Tribunal de Impugnación era equiparable a definitiva y habilitaba revisión extraordinaria. El Tribunal sostuvo que la ausencia de impugnabilidad objetiva constituía un fundamento autónomo suficiente: la decisión cuestionada no clausuraba el proceso ni causaba un agravio irreparable, sino que reanudaba el trámite. Añadió que los planteos sobre doble conforme, exceso jurisdiccional, imparcialidad y admisibilidad no transformaban la resolución en sentencia definitiva ni demostraban lesión constitucional irreparable en las instancias ordinarias subsiguientes.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de queja deducido por Alicia Beatriz Fernández y Alejandro Ezequiel León y declaró admisible el recurso de casación que la Cámara había denegado en la causa principal de repetición iniciada por la Provincia de Río Negro. Ordenó pedir la radicación de los autos principales en sede del STJ. La discusión se limitó a la apertura formal de la casación frente a la denegatoria dictada por la Cámara Civil de Viedma. El Tribunal sostuvo que, de acuerdo con las constancias acompañadas y lo manifestado por la parte recurrente, estaba cumplida la autosuficiencia necesaria para evaluar la concesión. También consideró que los fundamentos de la casación satisfacían suficientemente los requisitos de admisibilidad formal y mostraban, en principio, una crítica seriamente elaborada.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de los amparistas y confirmó, en lo sustancial, el rechazo del amparo contra el Ipross para obtener cobertura integral y urgente de Vosoritide para una niña con acondroplasia. Costas por su orden. La discusión se centró en si la negativa de cobertura era manifiestamente arbitraria frente a la prescripción médica y la alegada ventana terapéutica. El Tribunal sostuvo que la pericia del CIF describía evidencia científica aún limitada, ausencia de certeza sobre beneficios clínicos integrales y falta de urgencia médico-vital inmediata, por lo que el caso requería mayor debate y prueba. Afirmó que el amparo no es la vía para sustituir criterios técnicos razonables ni tramitar controversias sanitarias complejas cuando existen vías legales útiles. Por ser `tier=escape` y sensible, requiere revisión humana.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de queja deducido por Gonzalo Javier Angos y GAL S.R.L. y declaró admisible el recurso de casación denegado en la causa principal de repetición promovida por la Provincia de Río Negro. También dispuso restituir el depósito efectuado y pidió la radicación de los autos principales en sede del STJ. La discusión se limitó a si la queja cumplía las exigencias formales para abrir la casación contra la interlocutoria de Cámara que la había rechazado. El Tribunal sostuvo que las constancias acompañadas y lo manifestado por la recurrente permitían tener por cumplida la autosuficiencia necesaria. Además, entendió que los fundamentos de la casación satisfacían suficientemente la admisibilidad formal y exhibían, en principio, una crítica seriamente elaborada.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a los recursos de casación y revocó parcialmente la sentencia de Cámara en lo relativo a la conversión de la base regulatoria de honorarios expresada en dólares, en el marco de una sucesión con discusión patrimonial. Impuso costas por su orden y reguló honorarios de la instancia extraordinaria. La discusión se centró en si la Cámara podía tomar el dólar MEP vigente al llamado de autos para dictar sentencia, cuando los recurrentes sostenían que ello excedía la jurisdicción y producía una indexación encubierta. El Tribunal consideró que correspondía corregir parcialmente la solución sobre honorarios ante la variación normativa y cambiaria, y fijó el alcance de la revocación sin reabrir el resto de las cuestiones del proceso principal.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la demandada, anuló la sentencia laboral que había reconocido una relación de dependencia y reenvió la causa al tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte un nuevo fallo. Costas por su orden. La discusión se centró en si la Cámara acreditó válidamente el vínculo laboral previo a la registración, sobre la base de la presunción del art. 23 LCT y el principio de primacía de la realidad. El Tribunal no resolvió el fondo: consideró que la sentencia era arbitraria por déficit de fundamentación, al enunciar extremos fácticos sin analizar rigurosamente la subordinación jurídica, técnica y económica ni correlacionar la presunción legal con el régimen vigente al momento del cese. La causa quedó abierta a un nuevo pronunciamiento.