Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de M.G.H. en una causa por abuso sexual. La decisión cerró la vía federal desde el orden local y mantuvo sin revisión la condena o decisión penal impugnada. El recurso buscaba llevar el caso ante la Corte Suprema, pero el tribunal consideró que no se satisfacían las exigencias propias del remedio federal ni se demostraba una cuestión federal suficiente o un supuesto excepcional de arbitrariedad. Por tratarse de una causa de violencia sexual, el extracto conserva las iniciales usadas oficialmente y evita reconstruir hechos íntimos que no son necesarios para comprender el alcance procesal del pronunciamiento. Se impusieron costas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación del amparista C.H.A. contra Ipross y mantuvo la sentencia que no hizo lugar al amparo de salud. La decisión cerró la vía urgente, con costas por su orden por falta de contestación de la Provincia. El recurrente sostenía que la cobertura reconocida por la obra social era insuficiente y que no se efectivizaban reintegros, pero el tribunal no encontró acreditada una omisión actual, concreta y manifiestamente ilegítima que justificara el amparo. Además, efectuó un llamado de atención a la letrada patrocinante: recordó que el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa no exime del deber profesional de control establecido por las Acordadas 15/24 y 22/25.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja presentada por Fabián Figueroa, vinculada con un proceso contencioso administrativo contra la Municipalidad de Allen. La decisión cerró la instancia extraordinaria local. El recurrente pretendía abrir la casación contra una resolución que la Cámara consideró no definitiva ni equiparable. El STJ sostuvo que la queja no atacaba de modo concreto y pormenorizado los fundamentos de la denegatoria, sino que reiteraba desacuerdos y agravios del recurso principal. También recordó que el acceso a la instancia extraordinaria exige demostrar con precisión el error del auto denegatorio y no basta invocar errores de derecho de manera general. Impuso costas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de Nelson Benedicto Manquilef, con lo que quedó cerrada la vía extraordinaria para revisar el cómputo de pena en ejecución. La decisión mantiene el criterio que aplicó la Ley 27375 según la fecha de algunos hechos atribuidos en concurso real. La discusión se centró en si correspondía habilitar una excepción a la regla que limita la revisión extraordinaria de decisiones de ejecución penal ya controladas por el órgano revisor. El Tribunal sostuvo que la defensa no cumplió requisitos de admisibilidad de la Acordada 9/23, no demostró una relación directa con una garantía constitucional afectada y no formuló crítica concreta contra el fundamento central: la existencia de hechos cometidos durante la vigencia de la Ley 27375.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Provincia de Río Negro contra la providencia que aprobó la liquidación de astreintes en un amparo contra Ipross, por lo que se mantiene la multa derivada del incumplimiento en la provisión de insumos para el tratamiento indicado. La discusión se centró en si la aprobación de la liquidación era apelable y si afectaba el debido proceso de la obra social. El Tribunal sostuvo que la incidencia era accesoria, pero igualmente revisó la arbitrariedad invocada y concluyó que Ipross no acreditó haber cumplido la entrega semestral ordenada, pese a nuevas entregas parciales y a períodos sin provisión del insumo. Esa conducta renuente justificó la liquidación aprobada. Costas a la vencida.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y mantuvo la sentencia de amparo dictada contra el Hospital Francisco López Lima. La decisión preservó la tutela urgente solicitada por C.J.M.C. en representación de C.M.I.A., con costas por su orden. La Provincia alegaba que no existía negativa de prestación, que el trámite administrativo estaba en curso y que no se había agotado la vía correspondiente. El tribunal sostuvo que esos argumentos no desvirtuaban la procedencia del amparo frente a la necesidad sanitaria acreditada y al tiempo del trámite relativo a la provisión de prótesis. La sentencia queda limitada al caso concreto y no reemplaza la gestión administrativa ordinaria fuera de la urgencia examinada.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la parte actora en un proceso de reivindicación identificado oficialmente por iniciales. La decisión cerró la instancia extraordinaria local y mantuvo la denegatoria de la casación. La actora sostenía que el caso tenía trascendencia jurídica por su vinculación con el derecho de propiedad y que la Cámara había limitado indebidamente el acceso a la revisión. El tribunal consideró que la queja no satisfacía la Acordada 09/23, porque no refutaba de manera precisa y fundada los argumentos independientes de la denegatoria: la discusión remitía a hecho y prueba, y no evidenciaba arbitrariedad ni violación constitucional suficiente. Impuso costas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia que había hecho lugar al amparo de salud, por lo que Ipross debe garantizar la provisión del material complementario necesario para una cirugía de revisión de prótesis total de rodilla. Costas por su orden. La discusión se centró en si la obra social había actuado de modo arbitrario o si la orden judicial invadía competencias administrativas. La mayoría sostuvo que la apelación no desvirtuó el dictamen del Cuerpo de Investigación Forense, que señaló que la prótesis entregada carecía de material complementario esencial, exponía al paciente a riesgos evitables y agravaba su salud. También ponderó la tutela reforzada del amparista adulto mayor y la responsabilidad de Ipross como obligada principal.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Braian Jonatan Torres, con lo que quedó cerrada la vía ante la Corte Suprema contra el rechazo de la queja vinculada a una causa penal por robo agravado en poblado y en banda. La discusión se centró en la invocación de arbitrariedad, defensa en juicio y revisión suficiente de la sentencia anterior. El Tribunal sostuvo que el recurso no cumplía los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte, incluida la carátula en hoja aparte y la fundamentación autónoma. Además, observó que la defensa dirigía sus agravios a cuestiones de fondo ya tratadas y no rebatía los fundamentos del rechazo de la queja, por lo que no configuraba cuestión federal suficiente.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la actora en un proceso contencioso administrativo laboral contra la Provincia de Río Negro, con lo que quedó firme la denegatoria del recurso extraordinario y no se reabrió la discusión sobre la habilitación de la instancia judicial. Impuso costas. La discusión se centró en la decisión de la Cámara del Trabajo que había admitido la excepción de falta de habilitación de la instancia, por considerar firme el acto administrativo no recurrido en plazo. El Tribunal sostuvo que la queja incumplió la Acordada 9/23 porque no refutó de modo preciso los fundamentos autónomos de la denegatoria: la falta de crítica concreta, la improcedencia de reabrir una cuestión consentida y la ausencia de demostración de arbitrariedad o violación constitucional.