Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de B.G.P. en un proceso penal por impedimento de contacto de hijos menores con sus padres no convivientes. La defensa alegaba afectación del debido proceso, defensa técnica ineficaz y arbitrariedad. El Tribunal sostuvo que el recurso no demostraba una cuestión federal suficiente ni un supuesto excepcional de arbitrariedad: los agravios reiteraban discusiones ya tratadas y no refutaban concretamente los fundamentos centrales de las decisiones previas. La decisión no reexamina el fondo penal ni los hechos sensibles del caso; se limita a cerrar la admisibilidad federal. Se conserva la identidad abreviada usada por la fuente oficial.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la parte actora y confirmó la sentencia laboral, con costas por su orden y regulación de honorarios. El actor cuestionaba la aplicación de normas ajenas al régimen de riesgos del trabajo y el encuadre de intereses o topes sobre su crédito. El Tribunal sostuvo que los agravios no demostraban un error jurídico que justificara modificar lo decidido por la Cámara. En particular, entendió que la solución recurrida se ajustaba al marco legal y a la doctrina aplicable, y que la crítica no lograba desvirtuar los fundamentos del fallo laboral. La sentencia de Cámara quedó confirmada.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de Gonzalo Andrés Rodríguez, con costas, en la causa por estafa. La defensa pretendía abrir la instancia extraordinaria y discutía la legitimación de la querella y el alcance del derecho al recurso. El Tribunal no decidió el fondo de esos planteos: sostuvo que la queja no rebatía el argumento central de la denegatoria, referido a la ausencia de definitividad de lo resuelto, ni explicaba por qué el caso configuraba una excepción. También señaló que el plazo transcurrido no fue desarrollado como vulneración concreta del derecho a ser juzgado en tiempo razonable. La vía extraordinaria quedó cerrada.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de Horizonte ART, anuló la sentencia laboral y ordenó reenviar la causa a la Cámara de origen con distinta integración. La anulación se limitó a lo agraviante y no sustituyó el nuevo pronunciamiento que deberá dictarse. La discusión se centró en si estaba suficientemente probado el nexo causal entre las tareas administrativas de la actora y la patología reconocida como enfermedad profesional. El tribunal sostuvo que la Cámara había apoyado la condena principalmente en una pericia basada en dichos de la trabajadora, sin una verificación independiente de las tareas ni del agente de riesgo, pese al dictamen de Comisión Médica y al rechazo de la contingencia por la ART. Impuso costas por su orden.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de María del Rosario López y cerró la vía casatoria intentada en el juicio de reivindicación, con costas y pérdida del depósito. La decisión no revisó el mérito de la acción real, sino la suficiencia del recurso de hecho contra la denegatoria de casación. El tribunal sostuvo que la presentación incumplía múltiples exigencias de la Acordada 09/23, no identificaba adecuadamente el recurso ni la resolución impugnada, omitía datos procesales relevantes y no refutaba en forma concreta los fundamentos independientes de la denegatoria. También indicó que los agravios reiteraban discrepancias sobre valoración probatoria y arbitrariedad sin demostrar un error grave o palmario que habilitara la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia anuló la sentencia interlocutoria que había concedido el recurso de casación de la Provincia y remitió las actuaciones a la Cámara para un nuevo análisis de admisibilidad, sin costas. La discusión se centró en si el tribunal de origen había efectuado un control suficiente de los agravios al conceder la casación en una expropiación. El STJ sostuvo que la Cámara no podía limitarse a una constatación formal: debía examinar mínimamente la suficiencia y congruencia de los agravios. Advirtió que el recurso decía impugnar una aclaratoria, pero sus agravios se dirigían a la sentencia definitiva. Por esa incongruencia, ordenó rehacer el examen de concesión.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la revocatoria de la demandada contra la providencia que tuvo por no presentada su queja e hizo efectivo el apercibimiento por falta de depósito. La aseguradora sostenía que el plazo para integrar el depósito no estaba vencido y que había cumplido en tiempo. El Tribunal sostuvo que la revocatoria no podía prosperar porque no se acreditó error judicial imputable al órgano, sino una falta de efectiva acreditación del importe en la cuenta correspondiente. Destacó que la recurrente debía verificar el ingreso correcto de los fondos y que, según certificación de Tesorería, no se registraba depósito. La providencia quedó firme, con costas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja deducida por la defensa de S.M.M.S. y dejó cerrada la vía extraordinaria penal, con costas. La decisión no reabrió la condena ni revisó nuevamente la valoración del caso de abuso simple. La defensa pretendía superar la denegatoria de la impugnación extraordinaria, pero el tribunal sostuvo que el escrito no refutaba los fundamentos del Tribunal de Impugnación y reiteraba objeciones ya tratadas. Destacó que la queja debe demostrar el error concreto de la denegatoria y que no basta con reeditar agravios sobre prueba, motivación o arbitrariedad sin hacerse cargo de las razones autónomas que cerraron la vía. Por el contenido sexual del caso, queda sujeto a revisión.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el habeas corpus de C.R.G. y dio intervención al Defensor General por el pedido referido a su asistencia técnica. La resolución no abrió una revisión directa de la ejecución de pena ni sustituyó a los órganos judiciales ya competentes. El interno formulaba reclamos vinculados con su situación de detención y con la continuidad o cambio de defensa. El tribunal sostuvo que la acción excepcional no procede cuando existen vías específicas y autoridades naturales para atender los planteos, especialmente el juez de ejecución. Respecto del reclamo defensivo, ordenó dar intervención al Defensor General para que actúe dentro de sus atribuciones. Por ello cerró la acción de habeas corpus en sede originaria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Nación Factoring S.A. y admitió el recurso de Fiscalía de Estado sólo para modificar la imposición de costas y dejar sin efecto la determinación arancelaria practicada. Además, declaró abstracta la apelación arancelaria de la actora por el nuevo encuadre de costas y honorarios. El conflicto provenía de una ejecución contra la Provincia y de vencimientos parciales entre las partes. El tribunal sostuvo, de modo conservador para esta tanda, que la distribución de costas debía adecuarse al resultado efectivamente obtenido y a la existencia de vencimientos mutuos, sin alterar el rechazo del recurso principal de la actora. Por su extensión y complejidad multiparte, el caso queda marcado para revisión humana antes de publicación.