Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró que la demanda no constituye un conflicto de poderes de competencia originaria del STJ y ordenó devolver las actuaciones al tribunal contencioso administrativo de origen. El actor, concejal y ciudadano de Bariloche, cuestionaba resoluciones municipales sobre transporte y sostenía que el Intendente había invadido facultades legislativas. El Tribunal sostuvo que la sola invocación del cargo de concejal y de la división de poderes no alcanza para configurar una contienda institucional entre órganos municipales. Consideró que la pretensión aparece orientada a la protección de derechos subjetivos, en especial igualdad ante la ley, por lo que corresponde al fuero contencioso administrativo examinar la admisibilidad y revisar los actos impugnados.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó los puntos de la sentencia interlocutoria que imponían costas y regulaban honorarios en una ejecución de sentencia de amparo. Dispuso costas por su orden en ambas instancias. La discusión se centró en si correspondía aplicar el principio objetivo de la derrota o el régimen específico del art. 19 del Código Procesal Constitucional. El Tribunal sostuvo que la resolución impugnada se apartó de la normativa propia de los procesos de amparo y que esa arbitrariedad habilitaba revisar una cuestión normalmente accesoria. También tuvo en cuenta que la amparista contó con Defensa Pública y que el requerido era un organismo estatal.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de revisión interpuesto por la defensa de J.E.C. contra una condena firme por abuso sexual con acceso carnal agravado, con costas. La defensa invocaba una supuesta retractación posterior de la víctima y pedía anular la sentencia, producir prueba, suspender la ejecución de la pena, otorgar prisión domiciliaria y absolver al condenado. El Tribunal sostuvo que la revisión penal es excepcional y no funciona como nueva instancia ordinaria. Consideró que el planteo no satisfacía los requisitos formales y que la alegada retractación no tenía entidad de hecho nuevo suficiente para poner en crisis la condena firme, sino que reeditaba cuestiones ya tratadas en las instancias previas.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de la Provincia, revocó la sentencia que había ordenado a Ipross cubrir al 100% un acompañante de aprestamiento laboral para N.C. y reguló honorarios de alzada. Impuso costas por su orden. La discusión se centró en si la negativa o modalidad prestacional de la obra social habilitaba la vía excepcional del amparo. El Tribunal sostuvo que no se acreditó arbitrariedad manifiesta ni urgencia suficiente: existía una prestación vigente y el desacuerdo versaba sobre la modalidad técnica de apoyo. También remarcó que el amparo no puede sustituir el circuito administrativo ni la auditoría médica del organismo, salvo prueba clara de insuficiencia o lesión actual.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la parte actora en el proceso de daños y perjuicios, con costas, y cerró la vía de casación contra la sentencia cuestionada. La actora invocaba arbitrariedad, reparación plena, cuantificación insuficiente del daño e intereses que degradaban el crédito. El Tribunal sostuvo que la queja no ofreció una crítica jurídica clara y convincente contra la denegatoria, sino que exteriorizó una discrepancia subjetiva con la solución de Cámara. También recordó que la arbitrariedad y el absurdo tienen carácter excepcional y restrictivo, y que la casación controla legalidad, no el acierto estimativo de los jueces de mérito. La ausencia de una crítica apta llevó al rechazo del recurso de hecho.

El Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal de la actora, con costas y regulación de honorarios, por lo que quedó cerrada la vía federal contra la decisión dictada en el proceso contencioso administrativo. La recurrente invocaba tutela judicial efectiva, acceso a la jurisdicción y gravedad institucional. El Tribunal sostuvo que el recurso no cumplía las exigencias de la Acordada 4/07 de la Corte Suprema: no demostraba un gravamen personal, concreto y actual ajeno a la propia actuación procesal, ni contenía crítica concreta y autosuficiente de los fundamentos autónomos del fallo. También descartó la gravedad institucional, al no advertir afectación de las instituciones ni del interés general de la comunidad.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la amparista, revocó la sentencia que había rechazado la acción y ordenó al Ministerio de Salud de Río Negro entregar en cinco días hábiles el material prescripto por el médico tratante. La discusión se centró en si la demora administrativa frente a una cirugía indicada a la brevedad justificaba la vía de amparo. El Tribunal sostuvo que la sentencia de grado fue arbitraria porque descartó la urgencia sin valorar adecuadamente las constancias médicas y porque la situación de salud seguía sin resolución pese a los pedidos reiterados. En consecuencia, admitió la tutela urgente y fijó una orden concreta de cumplimiento. Costas por su orden.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación del amparista contra la sentencia que había desestimado su planteo frente al Ipross, con costas. El actor, persona con trasplante cardíaco y certificado de discapacidad, cuestionaba la cuota de afiliación y sostenía que su monto tornaba imposible la continuidad de la cobertura. El Tribunal entendió que el amparo no era la vía adecuada para revisar criterios arancelarios cuya presunta irrazonabilidad no surgía de modo palmario. Señaló que el asunto requería debate y prueba sobre la situación económica, la modalidad de afiliación y la normativa aplicable, y que la declaración de invalidez constitucional no podía introducirse tardíamente dentro de esta vía excepcional.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de J.G.A. contra el rechazo de la queja vinculada a su condena por delitos sexuales, amenazas y lesiones leves contra víctimas menores, con costas. La defensa alegaba arbitrariedad en la valoración probatoria, uso indebido de perspectiva de género y afectación de garantías federales. El Tribunal sostuvo que el recurso no cumplía exigencias formales de la Acordada 4/2007, carecía de fundamentación autónoma y no demostraba relación directa entre los agravios y una cuestión federal. También señaló que los planteos buscaban reabrir valoración probatoria y calificación legal, materias de derecho común ajenas a la instancia federal extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia declaró que la acción de inconstitucionalidad promovida por los colegios profesionales contra resoluciones del intendente de Dina Huapi devino abstracta, por lo que no trató el fondo del planteo. Impuso costas por su orden. La discusión apuntaba a si el Poder Ejecutivo municipal había invadido competencias del Concejo Deliberante mediante normas sobre visado de proyectos en propiedad horizontal. El Tribunal sostuvo que las resoluciones cuestionadas habían perdido vigencia por el vencimiento de sus plazos y por el dictado de una ordenanza posterior que derogó el régimen impugnado. Al no existir un conflicto actual, aplicó la doctrina que impide emitir pronunciamientos inoficiosos sobre cuestiones abstractas.