Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó el pronunciamiento dictado en la ejecución de una sentencia de amparo. La decisión dejó sin efecto la respuesta jurisdiccional impugnada, con costas por su orden. La controversia giraba en torno a la imposición de medidas coercitivas mientras el Ministerio de Salud informaba que se encontraba en trámite la contratación directa de un centro terapéutico para brindar el tratamiento indicado. El tribunal entendió que correspondía atender ese estado administrativo y que la decisión recurrida no había valorado suficientemente los informes acompañados por la Provincia al contestar la intimación. Por eso admitió la apelación, sin resolver de modo amplio el fondo sanitario original.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de los amparistas y mantuvo la sentencia que no admitía la vía urgente contra la Fundación Educativa y Cultural Escuela del Sur. La decisión dejó sin modificación el rechazo del amparo vinculado con la continuidad educativa de un niño con discapacidad. Los recurrentes alegaban arbitrariedad, afectación del interés superior del niño, diagnóstico de TEA y necesidad de permanecer en el mismo ámbito escolar. El tribunal, al confirmar la solución impugnada, sostuvo que la apelación no habilitaba revisar por esta vía excepcional una pretensión que ya había sido encuadrada como improcedente para el trámite de amparo. No impuso costas por falta de sustanciación.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y mantuvo el amparo que ordenaba al Ministerio de Salud y otros garantizar medicación a favor de C.S.J., con costas por su orden. La decisión confirmó la protección urgente frente a demoras en la entrega regular del tratamiento. La Provincia sostenía que no había negativa prestacional y que la vía de amparo era improcedente. El tribunal sostuvo que los agravios repetían informes administrativos ya considerados, sin rebatir la arbitrariedad señalada por la jueza. Destacó que la continuidad del tratamiento era necesaria para no afectar la calidad de vida y evitar complicaciones, por lo que la demora configuraba una lesión actual del derecho a la salud.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado, declaró la nulidad del proceso de amparo iniciado por S.S.M. contra el Ministerio de Salud y ordenó reenviar las actuaciones para que otra unidad jurisdiccional reencauce el trámite y dicte decisión de fondo. La decisión no resolvió la prestación sanitaria reclamada, sino que anuló el procedimiento por un defecto de citación. El tribunal sostuvo que, cuando la demanda se dirige contra la Provincia, deben notificarse el Gobernador, la Fiscalía de Estado y los organismos correspondientes en los domicilios electrónicos válidos. La omisión afectó la defensa estatal y justificó el reenvío. Por salud y nulidad procesal, requiere revisión.

El Superior Tribunal de Justicia declaró que la presentación contra la Provincia de Río Negro participaba de la naturaleza jurídica del amparo, pero declaró improcedente la acción que buscaba la inconstitucionalidad de la Ley 5811. La decisión cerró el trámite, con costas. El planteo invocaba afectación de derechos constitucionales por la ley provincial; sin embargo, el tribunal no desarrolló fundamentos propios extensos, sino que remitió por brevedad al Dictamen N° 41/26 del Procurador General, cuyos antecedentes, consideraciones y conclusiones compartió. Por esa remisión, el extracto debe leerse como una síntesis operativa del resultado y no como reconstrucción autónoma de los fundamentos del dictamen externo.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a la apelación de Fiscalía de Estado en un amparo de salud contra Ipross, pero solo para revocar el punto de costas y honorarios de la sentencia. Mantuvo, en lo sustancial, la protección que ordenaba autorizar y cubrir doce sesiones mensuales de terapia ocupacional para D.B.P. La Provincia alegaba improcedencia del amparo, falta de arbitrariedad, ausencia de documentación suficiente e intromisión en la auditoría de la obra social. El tribunal sostuvo que Ipross había autorizado parcialmente la prestación sin brindar razones técnicas suficientes frente a la indicación profesional. En cambio, aceptó el agravio sobre costas por aplicación del art. 19 del Código Procesal Constitucional. Costas por su orden.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el habeas corpus intentado por el interno C.D.P. y no abrió el trámite constitucional en esa sede. La decisión, sin embargo, ordenó remitir copia de la presentación y del pronunciamiento al Juzgado de Ejecución Penal N° 8 para que trate lo solicitado por la vía correspondiente y dé intervención a la Defensa. El tribunal mantuvo así una revisión limitada: descartó la procedencia directa del habeas corpus ante el STJ, pero preservó el canal institucional de ejecución penal para examinar el planteo del interno. También ordenó notificar al Procurador General conforme el Código Procesal Constitucional.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al pedido de regulación de honorarios de alzada en el amparo promovido por C.L.A. contra la Caja Forense de Río Negro. La decisión fue instrumental y no volvió sobre el fondo del amparo, que ya había tenido pronunciamiento anterior. El tribunal fijó los honorarios de Alberto E. Visintin y Paola Lirio del Valle Villaverde, en conjunto, en el 30%, y los de Luis Courtaux, patrocinante del amparista, en el 25%, todos calculados sobre los emolumentos regulados por sus actuaciones en la instancia anterior. También tuvo presente la cesión de honorarios efectuada en favor de la Caja Forense y ordenó cumplir la Ley D 869.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación del amparista C.H.A. contra Ipross y mantuvo la sentencia que no hizo lugar al amparo de salud. La decisión cerró la vía urgente, con costas por su orden por falta de contestación de la Provincia. El recurrente sostenía que la cobertura reconocida por la obra social era insuficiente y que no se efectivizaban reintegros, pero el tribunal no encontró acreditada una omisión actual, concreta y manifiestamente ilegítima que justificara el amparo. Además, efectuó un llamado de atención a la letrada patrocinante: recordó que el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa no exime del deber profesional de control establecido por las Acordadas 15/24 y 22/25.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Provincia de Río Negro contra la providencia que aprobó la liquidación de astreintes en un amparo contra Ipross, por lo que se mantiene la multa derivada del incumplimiento en la provisión de insumos para el tratamiento indicado. La discusión se centró en si la aprobación de la liquidación era apelable y si afectaba el debido proceso de la obra social. El Tribunal sostuvo que la incidencia era accesoria, pero igualmente revisó la arbitrariedad invocada y concluyó que Ipross no acreditó haber cumplido la entrega semestral ordenada, pese a nuevas entregas parciales y a períodos sin provisión del insumo. Esa conducta renuente justificó la liquidación aprobada. Costas a la vencida.