Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la parte demandada y revocó la sentencia que había admitido el amparo, de modo que quedó sin efecto la orden de cubrir el tratamiento integral de salud mental de A.R.M. en una clínica de Tandil. Con costas en atención a las particularidades del caso. El amparo había sido promovido por F.A.R., en representación de A.R.M., para obtener la cobertura total de ese tratamiento, y en primera instancia había sido concedido. El Superior Tribunal no expuso fundamentos propios: resolvió por remisión, compartiendo por razones de brevedad los antecedentes, agravios, fundamentos y conclusiones del Dictamen N° 50/26 del Procurador General, a los que se ajustó para revocar la protección otorgada.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación, revocó la sentencia de amparo y dejó sin efecto la tutela concedida frente a descuentos sobre remuneraciones, con costas a la vencida y regulación de honorarios. La Provincia cuestionaba que se hubiera utilizado el amparo para una controversia patrimonial derivada de créditos voluntariamente contraídos y de descuentos administrativos. El Tribunal sostuvo que la sentencia era arbitraria porque no valoró correctamente la prueba ni la falta de acreditación del agotamiento de la vía administrativa. Agregó que el amparo no es la herramienta adecuada para resolver cuestiones patrimoniales complejas que requieren debate y prueba, salvo ilegalidad manifiesta, extremo que no se verificó.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de Fiscalía de Estado y revocó la providencia dictada en una ejecución de sentencia de amparo, con costas por su orden. La discusión se centró en una medida adoptada dentro de la ejecución, no en el fondo originario del amparo. El Tribunal sostuvo que la providencia recurrida debía dejarse sin efecto y ordenó la devolución del trámite al organismo correspondiente, manteniendo la intervención dentro de los límites de la ejecución. La decisión modifica una cuestión operativa del cumplimiento de sentencia y no implica rechazar el derecho reconocido en el amparo principal. La identidad del expediente se conserva según la fuente oficial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja de Fiscalía de Estado y tuvo por admisible el recurso de apelación subsidiario denegado en un incidente de ejecución de sentencia de amparo. La decisión no resolvió el fondo de la ejecución ni el alcance de la providencia cuestionada: sólo abrió la vía apelatoria. El Tribunal consideró cumplida la autosuficiencia necesaria para examinar la concesión y entendió que los fundamentos del recurso de apelación contenían, en principio, una crítica seriamente elaborada. En consecuencia, habilitó el tratamiento de la apelación contra la providencia del 18-03-2026, quedando pendiente la decisión sobre el fondo del incidente.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el habeas corpus de C.R.G. y dio intervención al Defensor General por el pedido referido a su asistencia técnica. La resolución no abrió una revisión directa de la ejecución de pena ni sustituyó a los órganos judiciales ya competentes. El interno formulaba reclamos vinculados con su situación de detención y con la continuidad o cambio de defensa. El tribunal sostuvo que la acción excepcional no procede cuando existen vías específicas y autoridades naturales para atender los planteos, especialmente el juez de ejecución. Respecto del reclamo defensivo, ordenó dar intervención al Defensor General para que actúe dentro de sus atribuciones. Por ello cerró la acción de habeas corpus en sede originaria.

El Superior Tribunal de Justicia declaró improcedente el habeas corpus promovido por S.R.C.P. y remitió copia al Juzgado de Ejecución Penal N° 10 y a la defensa para que canalicen los planteos dentro de sus competencias. La resolución no examinó el fondo de eventuales incidencias de ejecución, sino la aptitud de la vía excepcional elegida. El interno cuestionaba condiciones vinculadas con su alojamiento y tratamiento penitenciario. El tribunal sostuvo que no se habían aportado elementos que habilitaran apartarse del principio según el cual los reclamos sobre ejecución de pena deben tramitar ante el juez competente. En consecuencia, rechazó la utilización directa del habeas corpus ante el STJ y mantuvo la intervención de los órganos naturales.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó por inadmisible el habeas corpus presentado por internos del Pabellón 4 del Establecimiento Penal N° 2 de General Roca. La decisión mantuvo el cauce ya abierto ante los órganos competentes y no sustituyó al juez de ejecución ni a las autoridades penitenciarias. Los accionantes invocaban falta de atención sanitaria, requisas, traslados, teléfonos, sanciones y condiciones de detención. El tribunal advirtió que los planteos ya habían sido canalizados por la Defensa Pública, que existían presentaciones en trámite ante el Juzgado de Ejecución Penal N° 10 y que el habeas corpus no puede utilizarse para desplazar vías específicas aptas para el control de la ejecución de la pena. Por eso declaró inadmisible la acción.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a la apelación de Fiscalía de Estado en un amparo contra IPROSS y revocó los puntos cuarto y sexto de la sentencia, con costas por su orden y regulación de honorarios. La decisión no desarmó todo el amparo, sino que corrigió aspectos puntuales del mandato judicial. La discusión se vinculaba con prestaciones y elementos de salud reclamados para la persona amparada. En una lectura conservadora, el tribunal ponderó la ausencia de reclamo administrativo o de documentación suficiente para algunos rubros, diferenciándolos de otras prestaciones ya ordenadas. Por tratarse de un caso de salud, probablemente con discapacidad, y además de tier escape, queda sujeto a revisión humana completa antes de publicación.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja de P.Y.E. y tuvo por cumplidos los recaudos formales para abrir la apelación vinculada con la ejecución de una sentencia de amparo. El texto oficial disponible no contiene un bloque formal de RESUELVE completo, por lo que el efecto operativo se toma del tramo final que anuncia la procedencia formal conforme el art. 249 del CPCyC. La discusión se concentró en la autosuficiencia de la queja y en la crítica contra la denegatoria. El tribunal consideró, de manera preliminar, que el recurso presentaba una crítica seriamente elaborada y habilitaba la revisión. Por la falta de dispositivo formal en la captura, el extracto requiere revisión humana.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado contra la sentencia de amparo que ordenaba cobertura de salud, con costas a la vencida. La decisión mantuvo la protección urgente dispuesta a favor de C.M.D.D.C. frente al Hospital y al Ministerio de Salud. La discusión se centró en la obligación estatal de responder ante un reclamo sanitario concreto y en la suficiencia de la vía de amparo. El tribunal sostuvo que subsistían los presupuestos de urgencia y necesidad, que la respuesta administrativa no resultaba adecuada para neutralizar el riesgo, y que la orden judicial era proporcionada al derecho comprometido. En consecuencia, confirmó la continuidad del mandato de cobertura sanitaria.