Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la Asociación Bancaria y dejó cerrada la vía de casación contra la decisión que había considerado inadmisible el recurso. Declaró perdido el depósito e impuso costas. El planteo buscaba reabrir la discusión sobre la regla solve et repete y la supuesta existencia de cuestión constitucional suficiente. El Tribunal no ingresó al fondo tributario: sostuvo que la presentación incumplía recaudos de admisibilidad de la Acordada 9/23, en especial límites formales y la carga de refutar todos los fundamentos independientes de la denegatoria. Agregó que los agravios reiteraban argumentos ya tratados y no demostraban sentencia definitiva ni circunstancias excepcionales para abrir la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja de la actora y cerró la vía extraordinaria contra la decisión laboral-contenciosa que había desestimado su pretensión de reincorporación. Impuso costas. La discusión se centró en el cómputo del plazo para pedir la reincorporación al cargo docente luego del retiro transitorio por invalidez y en la alegada arbitrariedad del fallo de Cámara. El Tribunal no revisó el fondo: sostuvo que la quejosa reiteró su interpretación de los hechos y del derecho, pero no demostró una falla lógica grave ni refutó de modo concreto los fundamentos de la denegatoria. También destacó que la doctrina de arbitrariedad es excepcional y no corrige sentencias meramente discutibles o desfavorables.

El Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal del actor contra la sentencia que había rechazado su queja en una causa contencioso-administrativa laboral. Impuso costas y reguló honorarios. El recurrente intentaba llevar a la Corte la discusión sobre la inadmisibilidad de la inaplicabilidad de ley vinculada a una excepción de inhabilitación de instancia. El Tribunal sostuvo que, aunque el recurso fue presentado en término y contra una decisión del máximo tribunal provincial, incumplía requisitos de la Acordada 4/07 de la CSJN: excedía límites formales, carecía de carátula adecuada y no contenía crítica concreta de todos los fundamentos independientes. Por ello no se abrió la vía federal.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la Provincia de Río Negro y mantuvo cerrada la vía extraordinaria contra la medida cautelar que limitó descuentos sobre los haberes de la actora. Impuso costas. La demandada sostenía que la cautelar era equiparable a sentencia definitiva porque alteraba el sistema provincial de descuentos y afectaba facultades del Poder Ejecutivo. El Tribunal no revisó el fondo de esa discusión: sostuvo que la queja incumplía la Acordada 9/23-STJ y no refutaba de modo preciso todos los fundamentos de la denegatoria, en especial el carácter cautelar, transitorio y no definitivo de la resolución. La invocación de arbitrariedad y defensa en juicio no bastó para abrir la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de amparo promovida contra el Ministerio de Educación. Costas por su orden. La discusión giró en torno a un reclamo económico-patrimonial que la actora intentó canalizar por amparo, invocando antecedentes judiciales y la supuesta conducta arbitraria del organismo. El Tribunal sostuvo que los agravios de la Provincia rebatían los fundamentos del fallo: no se acreditó una situación de urgencia que comprometiera salud, vida u otro derecho constitucional de tutela inmediata, ni la ausencia o insuficiencia de vías ordinarias. También observó que la sentencia utilizó como base expedientes en los que el Ministerio no había sido parte. Por eso dejó sin efecto el amparo.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja del actor y cerró la vía extraordinaria en el reclamo contencioso administrativo laboral contra la Provincia de Río Negro, con costas. El recurrente cuestionaba la liquidación aprobada y sostenía que el trabajador percibiría una porción mínima del valor real de los salarios adeudados, con afectación de principios laborales. El Tribunal sostuvo que la queja no cumplía las exigencias de la Acordada 9/23-STJ ni refutaba de manera concreta la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley. La decisión se mantiene en el plano procesal: no revisa la liquidación de fondo, sino que confirma el cierre por defectos de admisibilidad y falta de crítica eficaz.

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la parte actora y llamó autos al acuerdo. La decisión abre la instancia extraordinaria en el litigio contencioso administrativo laboral promovido por agentes policiales contra la Provincia de Río Negro, sin resolver todavía el fondo de los agravios. La discusión procesal se limitó a verificar si el recurso reunía las condiciones formales y sustanciales suficientes para ser tratado por el STJ. El Tribunal entendió que la vía estaba correctamente habilitada, por lo que dispuso avanzar al examen de los planteos en la etapa correspondiente. La clasificación se mantiene en admisibilidad porque el fallo sólo habilita el tratamiento posterior.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja del actor y dejó cerrada la vía extraordinaria contra la sentencia laboral-contenciosa que había admitido la caducidad de la acción administrativa. Impuso costas. El planteo buscaba reabrir la discusión sobre el cómputo del plazo para demandar luego de la cesantía y sobre la validez de la notificación digital. El Tribunal sostuvo que la presentación incumplía los requisitos de la Acordada 9/23-STJ y que el recurrente no formuló una crítica jurídica concreta contra la denegatoria. Además, señaló que los agravios pretendían revisar prueba documental y hechos consentidos, sin demostrar arbitrariedad en la valoración efectuada por la Cámara.

El Superior Tribunal de Justicia declaró la competencia de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma y ordenó remitir allí las actuaciones para que continúe el trámite. La controversia fue promovida por UPCN contra la Provincia en una medida autosatisfactiva vinculada con descuentos y la relación de empleo público. El Tribunal compartió los fundamentos del Dictamen N° 64/26 del Procurador General y, por brevedad, remitió a ellos para concluir que el conflicto debía tramitar ante el fuero laboral. La decisión no resuelve el fondo del reclamo sindical ni la validez de los actos cuestionados; sólo fija el órgano competente para continuar la causa.

El Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal de la actora, con costas y regulación de honorarios, por lo que quedó cerrada la vía federal contra la decisión dictada en el proceso contencioso administrativo. La recurrente invocaba tutela judicial efectiva, acceso a la jurisdicción y gravedad institucional. El Tribunal sostuvo que el recurso no cumplía las exigencias de la Acordada 4/07 de la Corte Suprema: no demostraba un gravamen personal, concreto y actual ajeno a la propia actuación procesal, ni contenía crítica concreta y autosuficiente de los fundamentos autónomos del fallo. También descartó la gravedad institucional, al no advertir afectación de las instituciones ni del interés general de la comunidad.