Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de Aliche Carniel contra la sentencia que había rechazado su queja en una incidencia cautelar sucesoria. Impuso costas y reguló honorarios. La recurrente invocaba arbitrariedad, incongruencia, exceso ritual y violación de defensa en juicio, cuestionando que se aplicara la doctrina de falta de definitividad de las medidas cautelares. El Tribunal sostuvo que no se verificaba el presupuesto indispensable de sentencia definitiva o equiparable exigido por la Ley 48 y la Acordada 4/07. Recordó que las decisiones cautelares son mutables y, como regla, no habilitan la instancia federal. Por ello no abrió la revisión ante la Corte.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la parte demandada y de integrantes de la comunidad indígena demandada, cerrando la vía de casación en el proceso de desalojo, con costas. La queja buscaba reabrir agravios sobre la suspensión vinculada a la Ley 26.160, la competencia de la Cámara y la ausencia de sentencia firme para ordenar el desahucio. El Tribunal sostuvo que el recurso tenía una deficiencia técnica insalvable: dirigía sus críticas contra decisiones anteriores y no contra la sentencia interlocutoria que denegó la casación, que era el objeto propio de la queja. También señaló incumplimientos de admisibilidad y falta de refutación precisa de los fundamentos de la denegatoria.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación, revocó la sentencia de amparo y dejó sin efecto la tutela concedida frente a descuentos sobre remuneraciones, con costas a la vencida y regulación de honorarios. La Provincia cuestionaba que se hubiera utilizado el amparo para una controversia patrimonial derivada de créditos voluntariamente contraídos y de descuentos administrativos. El Tribunal sostuvo que la sentencia era arbitraria porque no valoró correctamente la prueba ni la falta de acreditación del agotamiento de la vía administrativa. Agregó que el amparo no es la herramienta adecuada para resolver cuestiones patrimoniales complejas que requieren debate y prueba, salvo ilegalidad manifiesta, extremo que no se verificó.

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido el recurso de casación de la parte demandada contra dos sentencias interlocutorias de la Cámara y llamó autos al acuerdo. La decisión es de admisibilidad: no resuelve todavía el conflicto de reivindicación ni los agravios sustanciales del recurso. El Tribunal tuvo por abierta la instancia casatoria respecto de las resoluciones impugnadas y ordenó continuar el trámite ante el STJ. El efecto práctico es que el recurso principal será tratado en esta sede, con delimitación procesal de la vía y sin pronunciamiento anticipado sobre la procedencia de la casación ni sobre el derecho material discutido entre las partes.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de María del Rosario López y cerró la vía casatoria intentada en el juicio de reivindicación, con costas y pérdida del depósito. La decisión no revisó el mérito de la acción real, sino la suficiencia del recurso de hecho contra la denegatoria de casación. El tribunal sostuvo que la presentación incumplía múltiples exigencias de la Acordada 09/23, no identificaba adecuadamente el recurso ni la resolución impugnada, omitía datos procesales relevantes y no refutaba en forma concreta los fundamentos independientes de la denegatoria. También indicó que los agravios reiteraban discrepancias sobre valoración probatoria y arbitrariedad sin demostrar un error grave o palmario que habilitara la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia anuló la sentencia interlocutoria que había concedido el recurso de casación de la Provincia y remitió las actuaciones a la Cámara para un nuevo análisis de admisibilidad, sin costas. La discusión se centró en si el tribunal de origen había efectuado un control suficiente de los agravios al conceder la casación en una expropiación. El STJ sostuvo que la Cámara no podía limitarse a una constatación formal: debía examinar mínimamente la suficiencia y congruencia de los agravios. Advirtió que el recurso decía impugnar una aclaratoria, pero sus agravios se dirigían a la sentencia definitiva. Por esa incongruencia, ordenó rehacer el examen de concesión.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la parte actora en un proceso de desalojo, con costas. El tribunal no revisó el fondo posesorio ni locativo del litigio, sino las condiciones para acceder a la Corte Suprema. La recurrente intentaba federalizar una discusión procesal y de derecho común, pero el STJ sostuvo que el recurso incumplía la Acordada 4/2007, no demostraba cuestión federal suficiente ni relación directa e inmediata con lo decidido, y además pretendía revisar extremos de hecho y prueba. También ponderó la ausencia de sentencia definitiva en los términos requeridos para la instancia federal. En consecuencia, dejó cerrada la vía extraordinaria federal.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la parte actora en el proceso de cobro de pesos contra Catedral Alta Patagonia S.A., con costas. El tribunal cerró la vía porque el remedio intentado no demostraba un supuesto habilitante de casación ni un error concreto de la denegatoria. La actora pretendía cuestionar el rechazo de una apelación, pero el STJ remarcó que la queja extraordinaria exige una crítica técnica sobre la decisión que negó el recurso y no sirve para insistir en discrepancias procesales ordinarias. También señaló que no se acreditaba una sentencia definitiva ni una causal casatoria que permitiera abrir la instancia de legalidad. En consecuencia, mantuvo firme la clausura recursiva.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de Julio Andrés Peinado en un proceso de desalojo promovido por la Provincia de Río Negro, con costas. El tribunal cerró la vía extraordinaria porque el escrito no demostraba un supuesto casatorio ni un error concreto en la denegatoria. La discusión venía de una incidencia procesal dentro del desalojo, pero el STJ remarcó que la queja no puede sustituir los requisitos de admisibilidad ni convertir una discrepancia ordinaria en revisión extraordinaria. También ponderó que no se acreditaba una sentencia definitiva ni una crítica técnica suficiente contra los fundamentos que habían impedido abrir la casación. En consecuencia, mantuvo clausurado el acceso a la instancia de legalidad.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación de la demandada, declaró la nulidad de la sentencia de Cámara y remitió la causa para que, con distinta integración, se dicte un nuevo pronunciamiento. La decisión no resolvió el fondo del cobro de pesos promovido por SAGAI, sino que invalidó el fallo por un defecto procesal relevante. La recurrente había invocado arbitrariedad formal, ausencia de firma del juez ponente y errores de interpretación normativa. El tribunal consideró que el vicio advertido descalificaba la sentencia como acto jurisdiccional válido, por lo que correspondía anular y reenviar. Las costas de la instancia extraordinaria fueron impuestas por su orden por provenir la nulidad de un error del tribunal anterior.