Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja de la parte demandada en el desalojo Fumarola c/ Riquelme y declaró admisible el recurso de casación que había sido denegado en la causa principal. El tribunal no decidió el fondo del desalojo ni la ocupación discutida: se limitó a abrir la vía casatoria porque tuvo por cumplida la autosuficiencia exigida por la Acordada 09/23 y verificó, en principio, una crítica seriamente elaborada en el recurso. También ordenó oficiar a la Cámara de Viedma para que remita los autos principales al STJ.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría la queja de CRAB KICK S.R.L. y mantuvo cerrada la vía casatoria denegada en el proceso sumarísimo contra Banco BBVA Argentina S.A., con costas. La quejosa alegaba que la Cámara había desatendido agravios de orden constitucional y consumeril. La mayoría sostuvo que el recurso de hecho no demostró error en el criterio denegatorio: los planteos ya habían sido tratados, remitían a cuestiones de hecho y prueba sobre el acuerdo entre las partes y no desarrollaban una crítica jurídica capaz de evidenciar violación legal o doctrinaria. Hubo voto minoritario favorable a conceder la casación, pero no modificó el resultado.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso de casación del actor en el sumarísimo de readecuación contractual contra F.C.A. S.A. de Ahorro para Fines Determinados, por lo que cerró la instancia extraordinaria. El planteo invocaba defensa del consumidor, imprevisión contractual y tutela frente al aumento de cuotas del plan de ahorro. El tribunal sostuvo que el recurso no formuló una crítica concreta de los fundamentos de la Cámara, reiteró cuestiones ligadas a la valoración de la conducta contractual, pagos, información y prueba, y no demostró violación legal ni arbitrariedad extrema. Impuso costas al actor, pero lo eximió de pago por el principio de gratuidad del art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, y reguló honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación de la parte actora y confirmó la sentencia que había desestimado la demanda ordinaria contra María Graciana Jaime, con costas a la recurrente. La controversia giró sobre si la tramitación inicial bajo la Ley de Defensa del Consumidor impedía que el juez resolviera luego con normas civiles. El tribunal sostuvo que la firmeza de aquella providencia no generaba un derecho adquirido al encuadre consumeril, que el juez podía calificar jurídicamente los hechos por el principio iura novit curia y que las sentencias anteriores habían dado razones suficientes dentro del marco de pretensión y oposición. Reguló honorarios por la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de queja deducido por Alicia Beatriz Fernández y Alejandro Ezequiel León y declaró admisible el recurso de casación que la Cámara había denegado en la causa principal de repetición iniciada por la Provincia de Río Negro. Ordenó pedir la radicación de los autos principales en sede del STJ. La discusión se limitó a la apertura formal de la casación frente a la denegatoria dictada por la Cámara Civil de Viedma. El Tribunal sostuvo que, de acuerdo con las constancias acompañadas y lo manifestado por la parte recurrente, estaba cumplida la autosuficiencia necesaria para evaluar la concesión. También consideró que los fundamentos de la casación satisfacían suficientemente los requisitos de admisibilidad formal y mostraban, en principio, una crítica seriamente elaborada.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de queja deducido por Gonzalo Javier Angos y GAL S.R.L. y declaró admisible el recurso de casación denegado en la causa principal de repetición promovida por la Provincia de Río Negro. También dispuso restituir el depósito efectuado y pidió la radicación de los autos principales en sede del STJ. La discusión se limitó a si la queja cumplía las exigencias formales para abrir la casación contra la interlocutoria de Cámara que la había rechazado. El Tribunal sostuvo que las constancias acompañadas y lo manifestado por la recurrente permitían tener por cumplida la autosuficiencia necesaria. Además, entendió que los fundamentos de la casación satisfacían suficientemente la admisibilidad formal y exhibían, en principio, una crítica seriamente elaborada.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría la queja deducida por los letrados y mantuvo cerrada la casación contra la decisión que había levantado una prohibición de innovar en un incidente cautelar. Impuso costas. La discusión se centró en si la resolución cautelar era equiparable a sentencia definitiva por el perjuicio alegado y si mediaba arbitrariedad suficiente para abrir la vía extraordinaria. La mayoría sostuvo que las decisiones sobre cautelares no son, en principio, revisables por casación ni por la instancia extraordinaria, por su carácter mutable y provisorio. Añadió que los recurrentes no rebatieron la falta de definitividad ni demostraron una cuestión de derecho o arbitrariedad real, sino una discrepancia con la valoración de oportunidad y mérito efectuada por la Cámara.

El Superior Tribunal de Justicia declaró por mayoría la caducidad de la instancia recursiva abierta por los demandados con su recurso de casación contra la sentencia de Cámara en una reivindicación. Además, dispuso que el planteo de inconstitucionalidad del DNU 1083/24 sea tratado en Primera Instancia, impuso costas a la demandada y reguló honorarios. El pedido de caducidad fue formulado por los actores, quienes sostuvieron que, cesada la suspensión vinculada a la emergencia de la Ley 26.160, la parte interesada en sostener el recurso no realizó actos útiles. El Tribunal concluyó que debía decidir la caducidad en esta tercera instancia y que el planteo constitucional sobre el decreto correspondía al grado. La clasificación requiere revisión por falta de categorías específicas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de Alberto Italo Balladini y mantuvo cerrada la casación contra la decisión dictada en una medida precautoria. Declaró perdido el depósito e impuso costas. El quejoso alegaba arbitrariedad, fundamentos genéricos y omisión de tratamiento de agravios, sosteniendo que su casación no se limitaba a hechos y prueba. El Tribunal sostuvo que la presentación no rebatía en forma concreta, contundente y pormenorizada los argumentos de la denegatoria. La Cámara había señalado que los agravios remitían a cuestiones fácticas y probatorias ajenas a la casación y que no se demostraba arbitrariedad ni contradicción legal suficiente. La vía extraordinaria quedó cerrada por insuficiencia técnica.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de los demandados y cerró la vía de casación contra la resolución dictada en la medida precautoria, con costas y pérdida de los depósitos. La discusión se centró en la pretensión de revisar la denegatoria del recurso principal, a partir de alegaciones de falta de fundamentación, dogmatismo, omisión de agravios y valoración arbitraria de los hechos y de la prueba. El Tribunal sostuvo que la queja no rebatió de modo directo y eficaz los fundamentos de la denegatoria, sino que reiteró los agravios ya introducidos en la casación. También señaló que los planteos remitían a cuestiones fácticas y probatorias ajenas a la instancia extraordinaria, sin demostrar arbitrariedad.