Fallos del STJ

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El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal deducido por la defensa de Daniel Alejandro Rojas contra el rechazo de la queja en una causa por robo calificado. La decisión cerró la vía federal y no reabrió la condena ni la valoración probatoria efectuada por los tribunales anteriores. El tribunal advirtió que la carátula no cumplía el formulario reglamentario ni contenía una mención clara y concisa de las cuestiones federales, y que el escrito tampoco satisfacía la fundamentación autónoma exigida por la Acordada N° 4/2007. En el plano sustancial, consideró que el planteo remitía a hechos, prueba y valoración probatoria, sin demostrar arbitrariedad excepcional.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de S.M.M.S. en una causa por abuso sexual simple. La vía federal quedó cerrada y se mantuvo sin reapertura la condena confirmada por las instancias anteriores. El tribunal sostuvo que el escrito tenía defectos formales bajo la Acordada N° 4/2007: carátula no confeccionada en el formulario previsto, tipografía no claramente legible y falta de exposición clara de las cuestiones federales. También indicó que, aun al margen de esos defectos, el planteo reiteraba una discrepancia con la valoración de la prueba, la credibilidad de la víctima, el anclaje temporal y la pena, sin acreditar arbitrariedad excepcional.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de M.A.P. contra el rechazo de la queja en una causa penal por privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones leves agravadas y violencia de género. La vía federal quedó cerrada y se mantuvo sin reapertura la condena impuesta en las instancias anteriores. El tribunal señaló defectos formales en la carátula y en la exposición de la cuestión federal, conforme la Acordada N° 4/2007 de la Corte Suprema. Además, sostuvo que los agravios reiteraban discusiones probatorias ya tratadas y no demostraban arbitrariedad ni una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia excepcional.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de Nelson Benedicto Manquilef, por lo que dejó cerrada la vía federal intentada contra el rechazo de la queja vinculada con el cómputo de pena y la aplicación del régimen de ejecución penal. La discusión se centró en la pretendida arbitrariedad y en la afectación de los principios de legalidad, irretroactividad y pro homine por la aplicación de la Ley 24660 modificada por la Ley 27375. El tribunal sostuvo que el escrito incumplía exigencias de la Acordada 4/2007 y no refutaba los fundamentos anteriores: ya había existido control judicial suficiente, la defensa no demostró relación directa con una garantía constitucional ni formuló crítica concreta sobre el concurso real que definía la ley aplicable.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y mantuvo la orden que obligó a Ipross a proveer la prótesis indicada para que [J.M.F.S.] pueda acceder a la cirugía de rodilla, con costas por su orden. La discusión se centró en si la demora administrativa y el plazo de diez días justificaban la vía de amparo. El tribunal sostuvo que habían transcurrido más de siete meses desde el pedido urgente, que la obra social no contestó la intimación judicial y que los agravios no demostraron ausencia de arbitrariedad ni error en la valoración de la prueba. También consideró prematuro el cuestionamiento de astreintes porque la multa aún no se había efectivizado.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y dejó firme el amparo que ordenó a Ipross cubrir la cantidad de sesiones terapéuticas prescriptas para D., con costas por su orden. La discusión se concentró en si la cobertura parcial autorizada por la auditoría médica bastaba para descartar arbitrariedad. El tribunal sostuvo que no estaban controvertidos la afiliación, el diagnóstico ni la procedencia del tratamiento, y que la diferencia real era la frecuencia mensual de las terapias. Frente a la prescripción médica, la vía administrativa previa sin respuesta favorable y el plus protectivo de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, consideró que el criterio de la jueza no era arbitrario.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría la queja de CRAB KICK S.R.L. y mantuvo cerrada la vía casatoria denegada en el proceso sumarísimo contra Banco BBVA Argentina S.A., con costas. La quejosa alegaba que la Cámara había desatendido agravios de orden constitucional y consumeril. La mayoría sostuvo que el recurso de hecho no demostró error en el criterio denegatorio: los planteos ya habían sido tratados, remitían a cuestiones de hecho y prueba sobre el acuerdo entre las partes y no desarrollaban una crítica jurídica capaz de evidenciar violación legal o doctrinaria. Hubo voto minoritario favorable a conceder la casación, pero no modificó el resultado.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso de casación del actor en el sumarísimo de readecuación contractual contra F.C.A. S.A. de Ahorro para Fines Determinados, por lo que cerró la instancia extraordinaria. El planteo invocaba defensa del consumidor, imprevisión contractual y tutela frente al aumento de cuotas del plan de ahorro. El tribunal sostuvo que el recurso no formuló una crítica concreta de los fundamentos de la Cámara, reiteró cuestiones ligadas a la valoración de la conducta contractual, pagos, información y prueba, y no demostró violación legal ni arbitrariedad extrema. Impuso costas al actor, pero lo eximió de pago por el principio de gratuidad del art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, y reguló honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación de la parte actora y confirmó la sentencia que había desestimado la demanda ordinaria contra María Graciana Jaime, con costas a la recurrente. La controversia giró sobre si la tramitación inicial bajo la Ley de Defensa del Consumidor impedía que el juez resolviera luego con normas civiles. El tribunal sostuvo que la firmeza de aquella providencia no generaba un derecho adquirido al encuadre consumeril, que el juez podía calificar jurídicamente los hechos por el principio iura novit curia y que las sentencias anteriores habían dado razones suficientes dentro del marco de pretensión y oposición. Reguló honorarios por la instancia extraordinaria.