Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso de casación de la Provincia de Río Negro y revocó sólo la distribución de costas de segunda instancia en un proceso de expropiación, sustituyendo el reparto 70% a cargo de la actora y 30% a cargo de la demandada por una imposición en partes iguales. Las costas de la instancia extraordinaria fueron impuestas por su orden. La discusión se centró en si la Cámara había aplicado correctamente el criterio de vencimientos parciales y mutuos luego de fijarse la indemnización expropiatoria. El Tribunal sostuvo que la comparación entre la oferta estatal, el reclamo de Argovis S.A. y el monto finalmente establecido mostraba que la Provincia logró descartar el 70% del exceso pretendido, pero que ambas partes tuvieron vencimientos parciales. Por eso readecuó las costas de Cámara al 50% para cada una.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado, revocó el párrafo de la sentencia que imponía costas a Ipross y dispuso costas por su orden; además, formuló un llamado de atención a la jueza de amparo por la tramitación dilatada del expediente. El caso se había tornado abstracto por el fallecimiento de la amparista, que reclamaba cobertura de radioterapia y quimioterapia. El Tribunal sostuvo que no había vencidos ni derrotados y que la decisión de costas carecía de base normativa suficiente. También señaló una anomalía grave: el amparo permaneció más de un año sin actividad útil pese a su naturaleza urgente, y la sentencia consignó erróneamente la fecha de fallecimiento.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó los puntos de la sentencia interlocutoria que imponían costas y regulaban honorarios en una ejecución de sentencia de amparo. Dispuso costas por su orden en ambas instancias. La discusión se centró en si correspondía aplicar el principio objetivo de la derrota o el régimen específico del art. 19 del Código Procesal Constitucional. El Tribunal sostuvo que la resolución impugnada se apartó de la normativa propia de los procesos de amparo y que esa arbitrariedad habilitaba revisar una cuestión normalmente accesoria. También tuvo en cuenta que la amparista contó con Defensa Pública y que el requerido era un organismo estatal.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Nación Factoring S.A. y admitió el recurso de Fiscalía de Estado sólo para modificar la imposición de costas y dejar sin efecto la determinación arancelaria practicada. Además, declaró abstracta la apelación arancelaria de la actora por el nuevo encuadre de costas y honorarios. El conflicto provenía de una ejecución contra la Provincia y de vencimientos parciales entre las partes. El tribunal sostuvo, de modo conservador para esta tanda, que la distribución de costas debía adecuarse al resultado efectivamente obtenido y a la existencia de vencimientos mutuos, sin alterar el rechazo del recurso principal de la actora. Por su extensión y complejidad multiparte, el caso queda marcado para revisión humana antes de publicación.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a la apelación de Fiscalía de Estado en un amparo de salud contra Ipross, pero solo para revocar el punto de costas y honorarios de la sentencia. Mantuvo, en lo sustancial, la protección que ordenaba autorizar y cubrir doce sesiones mensuales de terapia ocupacional para D.B.P. La Provincia alegaba improcedencia del amparo, falta de arbitrariedad, ausencia de documentación suficiente e intromisión en la auditoría de la obra social. El tribunal sostuvo que Ipross había autorizado parcialmente la prestación sin brindar razones técnicas suficientes frente a la indicación profesional. En cambio, aceptó el agravio sobre costas por aplicación del art. 19 del Código Procesal Constitucional. Costas por su orden.