Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de Alberto Italo Balladini y mantuvo cerrada la casación contra la decisión dictada en una medida precautoria. Declaró perdido el depósito e impuso costas. El quejoso alegaba arbitrariedad, fundamentos genéricos y omisión de tratamiento de agravios, sosteniendo que su casación no se limitaba a hechos y prueba. El Tribunal sostuvo que la presentación no rebatía en forma concreta, contundente y pormenorizada los argumentos de la denegatoria. La Cámara había señalado que los agravios remitían a cuestiones fácticas y probatorias ajenas a la casación y que no se demostraba arbitrariedad ni contradicción legal suficiente. La vía extraordinaria quedó cerrada por insuficiencia técnica.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja de la Municipalidad de Allen y declaró admisible el recurso de casación que había sido denegado en la acción declarativa de certeza promovida por la Asociación Civil Árbol Río Negro. La decisión sólo abre la vía extraordinaria: no resuelve todavía el fondo contencioso-administrativo. El Tribunal examinó las constancias acompañadas y consideró cumplida la autosuficiencia necesaria para evaluar la concesión. También entendió que los fundamentos de la casación satisfacían, en principio, los requisitos formales de admisibilidad, porque exhibían una crítica seriamente elaborada. Por ello ordenó oficiar a la Cámara para radicar los autos principales ante el STJ.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de los demandados y cerró la vía de casación contra la resolución dictada en la medida precautoria, con costas y pérdida de los depósitos. La discusión se centró en la pretensión de revisar la denegatoria del recurso principal, a partir de alegaciones de falta de fundamentación, dogmatismo, omisión de agravios y valoración arbitraria de los hechos y de la prueba. El Tribunal sostuvo que la queja no rebatió de modo directo y eficaz los fundamentos de la denegatoria, sino que reiteró los agravios ya introducidos en la casación. También señaló que los planteos remitían a cuestiones fácticas y probatorias ajenas a la instancia extraordinaria, sin demostrar arbitrariedad.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de los letrados Julio Enrique Biglieri y Cintia R. Gómez, anuló en lo pertinente la sentencia que fijaba honorarios en 5 JUS y reenvió la causa al tribunal de origen para una nueva determinación arancelaria. La discusión se centró en si correspondía remunerar, además de la actuación administrativa ante la SRT, el proceso judicial iniciado para determinar honorarios. El Tribunal remitió al precedente “Joos” y sostuvo que la actividad profesional se presume onerosa, que el proceso judicial constituye una labor autónoma y que la Cámara omitió regular esos honorarios y aplicar la Ley D 869 sin fundamentación. La decisión no fija el monto final: ordena nuevo pronunciamiento conforme a la normativa vigente.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente, por mayoría, a las casaciones de los letrados Marcos Luis Botbol y Slavko Lucas Jankovic y revocó el punto que regulaba honorarios de la perito tasadora. Además, reguló esos honorarios en $ 5.187.234 y distribuyó costas por su orden. La cuestión se centró en si la Cámara había duplicado sin fundamento la base económica del proceso al tomar el 100% del inmueble para calcular la regulación. El Tribunal sostuvo que la controversia sólo comprendía el derecho a escriturar el 50% indiviso del inmueble, sin mejoras, decisión firme. Por ello, la base regulatoria debía ser ese porcentaje y no la totalidad del bien. La decisión corrige un error arancelario, sin reabrir el fondo de la escrituración.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de Aliche Carniel contra la sentencia que había rechazado su queja en una incidencia cautelar sucesoria. Impuso costas y reguló honorarios. La recurrente invocaba arbitrariedad, incongruencia, exceso ritual y violación de defensa en juicio, cuestionando que se aplicara la doctrina de falta de definitividad de las medidas cautelares. El Tribunal sostuvo que no se verificaba el presupuesto indispensable de sentencia definitiva o equiparable exigido por la Ley 48 y la Acordada 4/07. Recordó que las decisiones cautelares son mutables y, como regla, no habilitan la instancia federal. Por ello no abrió la revisión ante la Corte.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación del padre, declaró la nulidad de la sentencia de Cámara sobre cuidado personal y dispuso el reenvío para dictar un nuevo pronunciamiento con debida intervención del adolescente. Impuso costas por su orden. La discusión se centró en si la decisión que confirmó el cambio de residencia había respetado el derecho de F. a ser oído y el interés superior del niño. El Tribunal no resolvió definitivamente el régimen de cuidado: sostuvo que, por la edad y madurez del adolescente y por la entidad de la medida, debía asegurarse una escucha actual, personal y efectiva antes de adoptar una solución que incidiera de modo directo en su vida familiar.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de Luis Ricardo Lira en una causa por homicidio culposo. Con costas, cerró la vía ante la Corte. El recurrente cuestionaba el cómputo del plazo para interponer la queja, alegaba falta de notificación, arbitrariedad en la interpretación del art. 249 del CPP y restricción ilegítima del acceso a la jurisdicción. El Tribunal sostuvo que, aunque el recurso fue presentado en término y contra una decisión equiparable a definitiva del máximo tribunal local, numerosos defectos formales de la Acordada 4/07 impedían habilitarlo: carátula deficiente, falta de conexión federal, ausencia de anexo normativo y fundamentación autónoma insuficiente. También consideró que la cuestión era de derecho procesal local.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de Sergio Rubén Gerónimo Pacheco en una causa por abigeato, cerrando la vía ante la Corte. La defensa alegaba arbitrariedad en la valoración de la prueba, afectación del in dubio pro reo, reglas de sana crítica y experiencia común, y cuestionaba un informe criminalístico incorporado al caso. El Tribunal sostuvo que el recurso no reunía los extremos de la Acordada 4/07: omitía exponer la cuestión federal y su conexión con lo decidido, carecía de fundamentación suficiente y se limitaba a formular invocaciones genéricas sobre garantías vulneradas. La decisión no reabre la condena ni revisa nuevamente la prueba.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la recusación contra el juez Miguel Ángel Cardella, admitió las recusaciones contra Carlos Mohamed Mussi y Adrián Fernando Zimmermann, apartó a estos dos magistrados del legajo y anuló la Resolución N° 102/26 del Tribunal de Impugnación, preservando la Resolución N° 101/26. La incidencia se originó en una causa penal por administración fraudulenta y peculado, luego de que el Ministerio Público Fiscal cuestionara la intervención de integrantes del Tribunal de Impugnación. El STJ sostuvo que Cardella se había abstenido de votar, por lo que no existía base objetiva para apartarlo. En cambio, respecto de Mussi y Zimmermann, consideró comprometida objetivamente la imparcialidad por las decisiones cuestionadas y la necesidad de evitar intervenciones futuras en el mismo legajo.