Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la parte actora en un proceso de daños y perjuicios regido por la Ley de Defensa del Consumidor. La decisión cerró la instancia extraordinaria y dejó firme la denegatoria del recurso de casación. El recurrente pretendía revisar cuestiones vinculadas con cosa juzgada, valoración del caso y acceso a la casación, pero el tribunal sostuvo que no se superaba el obstáculo de falta de sentencia definitiva o equiparable y que la invocación de arbitrariedad o garantías constitucionales no suplía ese requisito. Impuso costas, aunque eximió del pago por el carácter de consumidor y el principio de gratuidad del art. 53 LDC.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de J.G.Á. en una causa por abuso sexual, amenazas y lesiones leves con menores víctimas. La decisión dejó cerrada la vía extraordinaria local y mantuvo sin revisión la condena o decisión penal cuestionada. El recurso buscaba habilitar el control del STJ, pero el tribunal entendió que no correspondía sustanciarlo, por lo que no reabrió el debate probatorio ni la calificación de los hechos. Dada la materia, el extracto conserva la identificación por iniciales utilizada por la fuente oficial y evita reconstruir detalles fácticos innecesarios. El rechazo fue impuesto con costas y se ordenó protocolizar y notificar por la Oficina Judicial.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja deducida por la defensa de Matías Nicolás Figueroa en una causa por robo de vehículo automotor. La decisión cerró la vía extraordinaria y mantuvo sin revisión la negativa a suspender el juicio a prueba. La defensa pretendía habilitar la intervención del STJ frente al rechazo del beneficio, pero el tribunal sostuvo que el recurso no demostraba un supuesto que justificara abrir la instancia excepcional. El pronunciamiento se concentró en la admisibilidad de la queja y no en una nueva valoración del hecho penal ni de la eventual procedencia sustantiva de la probation. Ordenó protocolizar y notificar por la Oficina Judicial.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de María de Lourdes Najul Fernández contra la Provincia de Río Negro, en una medida autosatisfactiva vinculada con descuentos salariales. La decisión cerró la vía extraordinaria sin revisar el fondo del reclamo. La actora invocaba arbitrariedad, protección del salario, mínimo vital y omisión de prueba frente a retenciones que, según sostuvo, afectaban casi todo su ingreso. El tribunal entendió que el recurso no superaba los presupuestos de procedencia de la instancia excepcional y que la cuestión no habilitaba el control extraordinario en los términos planteados. Impuso las costas por su orden y reguló honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la parte actora, anuló en lo pertinente la sentencia de Cámara y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento con distinta integración. La decisión se centró en un accidente de trabajo y no fijó definitivamente la indemnización. El actor cuestionaba que la Cámara hubiera tomado un salario base sin explicar el elemento probatorio utilizado ni los rubros que lo integraban. El tribunal consideró que esa omisión afectaba la motivación suficiente de la sentencia y exigía un nuevo análisis conforme las pautas fijadas. Las costas de la instancia extraordinaria fueron impuestas por su orden y se regularon honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la trabajadora Sara Aurora Tejeda Soto y confirmó la sentencia de Cámara en una apelación vinculada con la Ley 24.557. La decisión cerró la revisión extraordinaria y mantuvo el criterio sobre incapacidad laboral. La actora cuestionaba la valoración de prueba médica y sostenía que la Cámara había reducido indebidamente el grado de incapacidad resarcible pese a informes profesionales coincidentes. El tribunal entendió que los agravios no demostraban un error jurídico revisable, sino una discrepancia con la ponderación de hechos, prueba y pericias realizada por el tribunal de mérito. Impuso las costas de la instancia por su orden y reguló honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de las actoras Zulma Fátima Yauhar y Otilia del Carmen Sánchez en el mismo proceso contencioso administrativo laboral contra la Provincia de Río Negro. La decisión cerró la vía extraordinaria intentada por las trabajadoras. La queja buscaba revisar aspectos adversos de la sentencia de Cámara, pero el tribunal sostuvo que no se cumplía la carga técnica de atacar en forma concreta los fundamentos por los cuales se había denegado el recurso principal. En particular, advirtió reiteración de agravios y ausencia de una demostración autónoma del error jurídico o lógico de la decisión impugnada. El recurso fue rechazado con costas.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a la apelación de Fiscalía de Estado en un amparo de salud contra Ipross, pero solo para revocar el punto de costas y honorarios de la sentencia. Mantuvo, en lo sustancial, la protección que ordenaba autorizar y cubrir doce sesiones mensuales de terapia ocupacional para D.B.P. La Provincia alegaba improcedencia del amparo, falta de arbitrariedad, ausencia de documentación suficiente e intromisión en la auditoría de la obra social. El tribunal sostuvo que Ipross había autorizado parcialmente la prestación sin brindar razones técnicas suficientes frente a la indicación profesional. En cambio, aceptó el agravio sobre costas por aplicación del art. 19 del Código Procesal Constitucional. Costas por su orden.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación de María Inés Margiotta, declaró la nulidad absoluta de la sentencia definitiva de Cámara y ordenó reenviar la causa para un nuevo pronunciamiento con distinta integración. La decisión no resolvió el fondo de la colación sucesoria, sino que invalidó el acto jurisdiccional por irregularidades formales graves. La recurrente había denunciado violación del art. 242 del CPCyC, incongruencia, afectación del debido proceso y arbitrariedad. El tribunal advirtió defectos en el orden y existencia de los votos, contradicciones sobre la presencia de una magistrada y ausencia de una sentencia colegiada válida. Impuso costas por su orden y reguló honorarios de la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la actora Aliche Carniel en un incidente cautelar dentro de una sucesión con planteos de nulidad de actos jurídicos e inclusión de bienes. La decisión cerró la vía extraordinaria local y mantuvo la denegatoria del recurso principal. El tribunal sostuvo que la resolución atacada no constituía sentencia definitiva ni equiparable a tal, y que la actora no demostró circunstancias especiales de irreparabilidad que habilitaran una excepción. También recordó que la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales no suple la ausencia de definitividad. Por ello rechazó el recurso de hecho, con costas.