Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y mantuvo la orden que obligó a Ipross a proveer la prótesis indicada para que [J.M.F.S.] pueda acceder a la cirugía de rodilla, con costas por su orden. La discusión se centró en si la demora administrativa y el plazo de diez días justificaban la vía de amparo. El tribunal sostuvo que habían transcurrido más de siete meses desde el pedido urgente, que la obra social no contestó la intimación judicial y que los agravios no demostraron ausencia de arbitrariedad ni error en la valoración de la prueba. También consideró prematuro el cuestionamiento de astreintes porque la multa aún no se había efectivizado.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y dejó firme el amparo que ordenó a Ipross cubrir la cantidad de sesiones terapéuticas prescriptas para D., con costas por su orden. La discusión se concentró en si la cobertura parcial autorizada por la auditoría médica bastaba para descartar arbitrariedad. El tribunal sostuvo que no estaban controvertidos la afiliación, el diagnóstico ni la procedencia del tratamiento, y que la diferencia real era la frecuencia mensual de las terapias. Frente a la prescripción médica, la vía administrativa previa sin respuesta favorable y el plus protectivo de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, consideró que el criterio de la jueza no era arbitrario.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría la queja de CRAB KICK S.R.L. y mantuvo cerrada la vía casatoria denegada en el proceso sumarísimo contra Banco BBVA Argentina S.A., con costas. La quejosa alegaba que la Cámara había desatendido agravios de orden constitucional y consumeril. La mayoría sostuvo que el recurso de hecho no demostró error en el criterio denegatorio: los planteos ya habían sido tratados, remitían a cuestiones de hecho y prueba sobre el acuerdo entre las partes y no desarrollaban una crítica jurídica capaz de evidenciar violación legal o doctrinaria. Hubo voto minoritario favorable a conceder la casación, pero no modificó el resultado.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso de casación del actor en el sumarísimo de readecuación contractual contra F.C.A. S.A. de Ahorro para Fines Determinados, por lo que cerró la instancia extraordinaria. El planteo invocaba defensa del consumidor, imprevisión contractual y tutela frente al aumento de cuotas del plan de ahorro. El tribunal sostuvo que el recurso no formuló una crítica concreta de los fundamentos de la Cámara, reiteró cuestiones ligadas a la valoración de la conducta contractual, pagos, información y prueba, y no demostró violación legal ni arbitrariedad extrema. Impuso costas al actor, pero lo eximió de pago por el principio de gratuidad del art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, y reguló honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación de la parte actora y confirmó la sentencia que había desestimado la demanda ordinaria contra María Graciana Jaime, con costas a la recurrente. La controversia giró sobre si la tramitación inicial bajo la Ley de Defensa del Consumidor impedía que el juez resolviera luego con normas civiles. El tribunal sostuvo que la firmeza de aquella providencia no generaba un derecho adquirido al encuadre consumeril, que el juez podía calificar jurídicamente los hechos por el principio iura novit curia y que las sentencias anteriores habían dado razones suficientes dentro del marco de pretensión y oposición. Reguló honorarios por la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó in limine los planteos de nulidad deducidos por las defensas contra el Auto Interlocutorio N° 70/26, manteniendo la decisión que había rechazado una recusación, admitido otras y declarado la nulidad de una resolución del Tribunal de Impugnación dictada sin jurisdicción. Impuso costas. La discusión se centró en si el STJ podía revisar, por vía de nulidad ante el mismo tribunal, su propia decisión correctora. El Tribunal sostuvo que contra los pronunciamientos del superior tribunal de la causa no procede formar incidente ni recurso de nulidad, salvo un error serio, inequívoco y manifiesto, que aquí no se verificó. Añadió que la Resolución N° 102/26 generó una incertidumbre procesal real al coexistir con la Resolución N° 101/26, por lo que la nulidad absoluta declarada de oficio no vulneró bilateralidad ni congruencia.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación de Lago S.A. y confirmó la sentencia de Cámara que había mantenido la condena en un litigio de daños derivado de un plan de ahorro. Impuso las costas de la instancia extraordinaria a la recurrente. La discusión se centró en la alegada arbitrariedad de la sentencia por valoración ilógica de los hechos, especialmente la cesión del plan, la promesa de reintegro atribuida a un empleado y la carga de la prueba. El Tribunal sostuvo que, aun después del examen preliminar, podía revisar la admisibilidad del recurso y advirtió que los agravios remitían a cuestiones de hecho y prueba ajenas a la casación, sin demostrar absurdidad ni arbitrariedad. Consideró que la impugnación expresaba una discrepancia subjetiva con la valoración probatoria y no habilitaba la instancia de legalidad.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Provincia y confirmó la sentencia que había hecho lugar al amparo, de modo que el Ipross debe entregar a un niño con pectus excavatum el dispositivo Vacum Bell prescripto, con cobertura de costos y honorarios. Costas a la vencida. La discusión giró en torno a si existió arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del Ipross, que alegaba estar tramitando la compra conforme al régimen de contrataciones provincial. El Tribunal sostuvo que el recurso no rebatió el argumento central del fallo: más de quince meses desde el pedido de cobertura sin respuesta a los reclamos ni fecha estimada de entrega, con el trámite impulsado recién luego de notificado el amparo. Ponderó la urgencia médica acreditada, el agravamiento de la patología y el interés superior del niño, por lo que la decisión no luce arbitraria.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso de casación de la Provincia de Río Negro y revocó sólo la distribución de costas de segunda instancia en un proceso de expropiación, sustituyendo el reparto 70% a cargo de la actora y 30% a cargo de la demandada por una imposición en partes iguales. Las costas de la instancia extraordinaria fueron impuestas por su orden. La discusión se centró en si la Cámara había aplicado correctamente el criterio de vencimientos parciales y mutuos luego de fijarse la indemnización expropiatoria. El Tribunal sostuvo que la comparación entre la oferta estatal, el reclamo de Argovis S.A. y el monto finalmente establecido mostraba que la Provincia logró descartar el 70% del exceso pretendido, pero que ambas partes tuvieron vencimientos parciales. Por eso readecuó las costas de Cámara al 50% para cada una.