Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal de la parte actora en un proceso contencioso administrativo laboral contra la Provincia, con costas. La decisión cerró el acceso a la Corte Suprema y mantuvo la sentencia local como última palabra del caso. Los actores invocaban quita salarial encubierta, progresividad y arbitrariedad, pero el tribunal sostuvo que el recurso no acreditaba una cuestión federal suficiente ni un desvío notorio de las normas aplicables. También remarcó que la impugnación pretendía reexaminar cuestiones no federales, propias de los jueces de la causa, sin demostrar ausencia total de fundamentación. Por eso declaró inadmisible la vía federal.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de Martín Eduardo Otero y confirmó la sentencia laboral que había aplicado el tope del art. 276 de la LCT, según la redacción del DNU 70/23. La decisión mantuvo el criterio de la Cámara en un reclamo contra Provincia ART. El actor sostenía que su crédito derivaba del régimen especial de riesgos del trabajo y que la norma laboral resultaba ajena o inconstitucional por reducir sustancialmente la acreencia. El tribunal respondió que la prestación por incapacidad laboral temporaria remite expresamente a la LCT y que la aplicación del tope no aparecía descalificada en el caso. Impuso costas por su orden.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la Provincia, revocó la sentencia de la Cámara del Trabajo de Bariloche y rechazó la demanda de María Elvira Rivas, con costas a la actora vencida. La controversia trataba la bonificación por ubicación reclamada por una integrante de equipos de apoyo educativo. El tribunal analizó el Estatuto Docente y las resoluciones del Consejo Provincial de Educación y concluyó que el cargo de la actora no habilitaba la bonificación reconocida por la Cámara. Sostuvo que la sentencia recurrida había aplicado incorrectamente el régimen normativo y que correspondía resolver el fondo, no reenviar. En consecuencia, dejó sin efecto la condena contra la Provincia.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de J.C.R. en una causa por abuso sexual, con costas. El cierre se limitó a la admisibilidad de la vía federal y no implicó una nueva revisión de la condena ni de la prueba. La defensa atacaba la decisión del STJ que había rechazado la queja local y convalidado lo resuelto por el Tribunal de Impugnación. El tribunal sostuvo que el recurso no lograba configurar una cuestión federal suficiente, no demostraba arbitrariedad en los términos excepcionales requeridos y reiteraba discusiones propias del proceso penal ordinario. Por tratarse de violencia sexual y datos anonimizados, el extracto queda marcado para revisión humana.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de N.A.B. en una causa por abuso sexual con acceso carnal, con costas. La decisión cerró el acceso a la Corte Suprema y no reabrió la condena ni la valoración probatoria del proceso penal. La defensa pretendía federalizar cuestionamientos ya tratados al rechazarse la queja local. El tribunal sostuvo que el recurso no satisfacía los recaudos formales y sustanciales de admisibilidad federal, no demostraba cuestión federal suficiente ni arbitrariedad excepcional, y volvía sobre agravios vinculados con prueba y derecho procesal penal local. Por la materia sexual e identidad abreviada, queda sujeto a revisión humana.

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El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación del partido Primero Río Negro contra la sentencia del Juzgado Electoral Provincial que había desestimado la demanda de revocación de mandato contra un legislador. La decisión mantuvo el rechazo de la acción y no impuso costas por la naturaleza de la cuestión. El partido sostenía que el cambio de pertenencia política afectaba el mandato representativo y habilitaba la revocación. El tribunal recordó que la apelación queda delimitada por los agravios y que la carga recursiva exige una crítica concreta y razonada. Concluyó que el recurrente no rebatió eficazmente los fundamentos de la sentencia electoral ni demostró error en el análisis de la plataforma y sustancia programática.

El Superior Tribunal de Justicia declaró que la competencia para ejecutar la sentencia principal corresponde al juez natural de la causa, Juan Pedro Puntel, del Foro Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, y remitió allí las actuaciones. La decisión es instrumental y ordena el órgano que debe continuar con la ejecución contra IPROSS. El conflicto había llegado por una declaración de incompetencia y remisión de una jueza civil. El STJ sostuvo que la ejecución de la sentencia debía seguir ante el magistrado que intervino en el proceso principal, evitando desplazar la competencia natural. Por eso ordenó remitir el expediente y cambiar la radicación para dar continuidad al trámite. Por involucrar ejecución de una prestación de salud, queda en revisión.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible la acción intentada por el interno Diego Tomás Serafini y remitió copia al Juzgado de Ejecución Penal N° 10 para que tramite los planteos de salud por la vía correspondiente. La resolución no sustituyó al juez competente ni abrió una vía directa de amparo o habeas ante el STJ. El accionante pretendía obtener respuestas vinculadas con su estado de salud durante la detención. El tribunal sostuvo que el planteo buscaba desplazar al órgano natural, pese a existir un cauce hábil para tratar la petición. Por eso declaró inadmisible la acción y ordenó la remisión para seguimiento sanitario en ejecución penal.