Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja de P.Y.E. y tuvo por cumplidos los recaudos formales para abrir la apelación vinculada con la ejecución de una sentencia de amparo. El texto oficial disponible no contiene un bloque formal de RESUELVE completo, por lo que el efecto operativo se toma del tramo final que anuncia la procedencia formal conforme el art. 249 del CPCyC. La discusión se concentró en la autosuficiencia de la queja y en la crítica contra la denegatoria. El tribunal consideró, de manera preliminar, que el recurso presentaba una crítica seriamente elaborada y habilitaba la revisión. Por la falta de dispositivo formal en la captura, el extracto requiere revisión humana.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso de casación de la demandada Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados en un proceso de daños y perjuicios, con costas. La decisión cerró una vía que había sido concedida indebidamente y no volvió a discutir el fondo consumeril ni la cuantificación del reclamo. El tribunal sostuvo que los agravios remitían a valoración de hechos, prueba, congruencia y daño punitivo, cuestiones ajenas a la instancia extraordinaria salvo arbitrariedad demostrada. Además, entendió que la presentación no alcanzaba a acreditar un vicio grave de fundamentación ni una infracción legal que justificara el control casatorio. Por eso dejó firme el cierre procesal del recurso.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la impugnación extraordinaria del Ministerio Público Fiscal, anuló el punto II de la sentencia del Tribunal de Impugnación y revocó la declaración de vencimiento de la potestad jurisdiccional de control. Ordenó reenviar el legajo al Juzgado de Ejecución Penal para que continúe el trámite conforme el art. 27 bis del Código Penal. La discusión giraba en torno al control de reglas de conducta en una condena de ejecución condicional. El tribunal sostuvo que la potestad de control no se encontraba vencida en los términos decididos por la instancia anterior y que correspondía restablecer la intervención del juez de ejecución. El efecto práctico es reabrir la ejecución, no modificar la condena principal.

El Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal de la parte actora en un litigio contencioso laboral contra la Provincia de Río Negro, con costas. La decisión cerró el acceso a la Corte Suprema y no revisó nuevamente las diferencias salariales o pretensiones de empleo público discutidas. El tribunal sostuvo que el escrito no cumplía las exigencias formales y sustanciales de la Acordada 4/2007, no demostraba una cuestión federal suficiente ni una relación directa e inmediata con lo resuelto, y se apoyaba en discrepancias sobre derecho público local y valoración de antecedentes. En consecuencia, mantuvo la decisión local como límite de la vía extraordinaria federal.

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido y, en el mismo acto, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la Provincia en una causa contencioso laboral. Ordenó reenviar el expediente para que, en etapa de liquidación, se trate la capitalización de intereses conforme el art. 770 inc. b) del Código Civil y Comercial y la doctrina legal Machin. La decisión no rehízo la liquidación en sede extraordinaria, sino que corrigió la omisión de aplicar el criterio legal invocado y devolvió el punto al tribunal de origen. Por existir un ajuste de taxonomía pendiente para capitalización de intereses en empleo público, el extracto queda marcado para revisión editorial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al planteo de la jueza interviniente, revocó parcialmente la sentencia de Cámara en cuanto remitía el proceso de capacidad a la Unidad Procesal N° 7 y ordenó enviar las actuaciones a la Cámara para completar el trámite. La decisión se apoyó en una remisión al Dictamen N° 37/26 de la Procuración General y no reconstruye aquí fundamentos externos. El efecto práctico es corregir el órgano que debía continuar interviniendo y evitar una remisión considerada impropia. Como el expediente trata capacidad jurídica y puede involucrar discapacidad o apoyos personales, el extracto queda marcado para revisión humana, junto con la revisión del dictamen citado antes de publicación.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de Julio Andrés Peinado en un proceso de desalojo promovido por la Provincia de Río Negro, con costas. El tribunal cerró la vía extraordinaria porque el escrito no demostraba un supuesto casatorio ni un error concreto en la denegatoria. La discusión venía de una incidencia procesal dentro del desalojo, pero el STJ remarcó que la queja no puede sustituir los requisitos de admisibilidad ni convertir una discrepancia ordinaria en revisión extraordinaria. También ponderó que no se acreditaba una sentencia definitiva ni una crítica técnica suficiente contra los fundamentos que habían impedido abrir la casación. En consecuencia, mantuvo clausurado el acceso a la instancia de legalidad.

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido en forma parcial el recurso de casación de la aseguradora citada en garantía en un proceso de daños y perjuicios. La apertura quedó circunscripta al tratamiento de los arts. 109 y 118 de la Ley de Seguros, y el tribunal llamó autos al acuerdo para resolver dentro de ese marco. La decisión no revisó todavía el fondo de la responsabilidad ni la cuantificación del daño. Su efecto práctico fue admitir sólo un tramo de la discusión casatoria, excluyendo los demás agravios de la instancia extraordinaria. El extracto, por lo tanto, se limita al control de admisibilidad parcial y a la delimitación normativa del recurso que seguirá su trámite ante el STJ.

El Superior Tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 153 del Código Procesal Penal, dejó sin efecto el sobreseimiento de W.D.D.G. y declaró la caducidad de la instancia recursiva. Además, ordenó poner el legajo a disposición del Ministerio Público Fiscal. La decisión se dictó tras la intervención de la Corte Suprema y se concentró en los efectos procesales de la regla que imponía el sobreseimiento por vencimiento del plazo. El tribunal sostuvo que esa consecuencia automática resultaba incompatible con el marco constitucional aplicado al caso y que, al mismo tiempo, correspondía declarar caduca la instancia pendiente. Por tratarse de una causa penal por abuso sexual y con identidad abreviada, queda sujeta a revisión humana.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado contra la sentencia de amparo que ordenaba cobertura de salud, con costas a la vencida. La decisión mantuvo la protección urgente dispuesta a favor de C.M.D.D.C. frente al Hospital y al Ministerio de Salud. La discusión se centró en la obligación estatal de responder ante un reclamo sanitario concreto y en la suficiencia de la vía de amparo. El tribunal sostuvo que subsistían los presupuestos de urgencia y necesidad, que la respuesta administrativa no resultaba adecuada para neutralizar el riesgo, y que la orden judicial era proporcionada al derecho comprometido. En consecuencia, confirmó la continuidad del mandato de cobertura sanitaria.