Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de queja deducido por Alicia Beatriz Fernández y Alejandro Ezequiel León y declaró admisible el recurso de casación que la Cámara había denegado en la causa principal de repetición iniciada por la Provincia de Río Negro. Ordenó pedir la radicación de los autos principales en sede del STJ. La discusión se limitó a la apertura formal de la casación frente a la denegatoria dictada por la Cámara Civil de Viedma. El Tribunal sostuvo que, de acuerdo con las constancias acompañadas y lo manifestado por la parte recurrente, estaba cumplida la autosuficiencia necesaria para evaluar la concesión. También consideró que los fundamentos de la casación satisfacían suficientemente los requisitos de admisibilidad formal y mostraban, en principio, una crítica seriamente elaborada.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de queja deducido por Gonzalo Javier Angos y GAL S.R.L. y declaró admisible el recurso de casación denegado en la causa principal de repetición promovida por la Provincia de Río Negro. También dispuso restituir el depósito efectuado y pidió la radicación de los autos principales en sede del STJ. La discusión se limitó a si la queja cumplía las exigencias formales para abrir la casación contra la interlocutoria de Cámara que la había rechazado. El Tribunal sostuvo que las constancias acompañadas y lo manifestado por la recurrente permitían tener por cumplida la autosuficiencia necesaria. Además, entendió que los fundamentos de la casación satisfacían suficientemente la admisibilidad formal y exhibían, en principio, una crítica seriamente elaborada.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a los recursos de casación y revocó parcialmente la sentencia de Cámara en lo relativo a la conversión de la base regulatoria de honorarios expresada en dólares, en el marco de una sucesión con discusión patrimonial. Impuso costas por su orden y reguló honorarios de la instancia extraordinaria. La discusión se centró en si la Cámara podía tomar el dólar MEP vigente al llamado de autos para dictar sentencia, cuando los recurrentes sostenían que ello excedía la jurisdicción y producía una indexación encubierta. El Tribunal consideró que correspondía corregir parcialmente la solución sobre honorarios ante la variación normativa y cambiaria, y fijó el alcance de la revocación sin reabrir el resto de las cuestiones del proceso principal.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría la queja deducida por los letrados y mantuvo cerrada la casación contra la decisión que había levantado una prohibición de innovar en un incidente cautelar. Impuso costas. La discusión se centró en si la resolución cautelar era equiparable a sentencia definitiva por el perjuicio alegado y si mediaba arbitrariedad suficiente para abrir la vía extraordinaria. La mayoría sostuvo que las decisiones sobre cautelares no son, en principio, revisables por casación ni por la instancia extraordinaria, por su carácter mutable y provisorio. Añadió que los recurrentes no rebatieron la falta de definitividad ni demostraron una cuestión de derecho o arbitrariedad real, sino una discrepancia con la valoración de oportunidad y mérito efectuada por la Cámara.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la Asociación Bancaria y dejó cerrada la vía de casación contra la decisión que había considerado inadmisible el recurso. Declaró perdido el depósito e impuso costas. El planteo buscaba reabrir la discusión sobre la regla solve et repete y la supuesta existencia de cuestión constitucional suficiente. El Tribunal no ingresó al fondo tributario: sostuvo que la presentación incumplía recaudos de admisibilidad de la Acordada 9/23, en especial límites formales y la carga de refutar todos los fundamentos independientes de la denegatoria. Agregó que los agravios reiteraban argumentos ya tratados y no demostraban sentencia definitiva ni circunstancias excepcionales para abrir la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso extraordinario de casación del actor en un juicio de daños y perjuicios, por lo que no abrió la revisión de la sentencia que rechazó su pretensión resarcitoria. Impuso costas y reguló honorarios de esta instancia. El recurrente alegaba violación y errónea aplicación de la ley, arbitrariedad probatoria y aplicación descontextualizada de doctrina legal sobre prioridad de paso y responsabilidad objetiva. El Tribunal sostuvo que el escrito incumplía requisitos formales de la Acordada 9/23 y que, además, los agravios expresaban disconformidad con la valoración de hechos, pruebas y efectos jurídicos, sin una crítica razonada que descalificara los fundamentos del fallo. Por eso la casación quedó cerrada.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja deducida por la apoderada de varios actores y declaró admisible el recurso de casación que había sido denegado en la causa principal de daños y perjuicios. La decisión tiene alcance de admisibilidad: no resuelve el fondo indemnizatorio ni la responsabilidad civil discutida. El Tribunal examinó las constancias acompañadas y tuvo por cumplida la autosuficiencia necesaria para evaluar la concesión. Además, consideró que los fundamentos del recurso de casación satisfacían, en principio, los requisitos formales de admisibilidad, con una crítica seriamente elaborada que justificaba abrir la instancia. Al involucrar a un menor identificado por iniciales, el extracto conserva la anonimización y requiere revisión editorial.

El Superior Tribunal de Justicia declaró por mayoría la caducidad de la instancia recursiva abierta por los demandados con su recurso de casación contra la sentencia de Cámara en una reivindicación. Además, dispuso que el planteo de inconstitucionalidad del DNU 1083/24 sea tratado en Primera Instancia, impuso costas a la demandada y reguló honorarios. El pedido de caducidad fue formulado por los actores, quienes sostuvieron que, cesada la suspensión vinculada a la emergencia de la Ley 26.160, la parte interesada en sostener el recurso no realizó actos útiles. El Tribunal concluyó que debía decidir la caducidad en esta tercera instancia y que el planteo constitucional sobre el decreto correspondía al grado. La clasificación requiere revisión por falta de categorías específicas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de Alberto Italo Balladini y mantuvo cerrada la casación contra la decisión dictada en una medida precautoria. Declaró perdido el depósito e impuso costas. El quejoso alegaba arbitrariedad, fundamentos genéricos y omisión de tratamiento de agravios, sosteniendo que su casación no se limitaba a hechos y prueba. El Tribunal sostuvo que la presentación no rebatía en forma concreta, contundente y pormenorizada los argumentos de la denegatoria. La Cámara había señalado que los agravios remitían a cuestiones fácticas y probatorias ajenas a la casación y que no se demostraba arbitrariedad ni contradicción legal suficiente. La vía extraordinaria quedó cerrada por insuficiencia técnica.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja de la Municipalidad de Allen y declaró admisible el recurso de casación que había sido denegado en la acción declarativa de certeza promovida por la Asociación Civil Árbol Río Negro. La decisión sólo abre la vía extraordinaria: no resuelve todavía el fondo contencioso-administrativo. El Tribunal examinó las constancias acompañadas y consideró cumplida la autosuficiencia necesaria para evaluar la concesión. También entendió que los fundamentos de la casación satisfacían, en principio, los requisitos formales de admisibilidad, porque exhibían una crítica seriamente elaborada. Por ello ordenó oficiar a la Cámara para radicar los autos principales ante el STJ.