Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de amparo, con costas por su orden. La discusión se centró en la orden dictada contra el Ministerio de Salud en favor de B.I.M.E., patrocinada por la Defensa Pública. El Tribunal sostuvo que no se verificaban los presupuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que habilitan la vía excepcional, y que la situación exigía una revisión más amplia que la que permite el amparo. En consecuencia, dejó sin efecto la decisión de grado y rechazó la tutela urgente en esta instancia, sin agregar una capa de anonimización distinta de la fuente oficial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado, declaró inoficioso el tratamiento de la prestación principal por objeto cumplido y revocó los puntos vinculados con honorarios, además de formular un llamado de atención a la jueza por la tramitación del amparo. Los antecedentes y agravios fueron resueltos por remisión al Dictamen N° 52/26 del Procurador General subrogante. El Tribunal agregó que la ejecución de honorarios regulados a defensores oficiales contra la propia Provincia resultaba incompatible y que la prolongación del trámite por más de un año desnaturalizó la vía expedita de amparo. Costas por su orden.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de amparo que ordenaba proveer insumos para el tratamiento de un niño con discapacidad, con costas por su orden. La Provincia alegaba que no había negativa de cobertura y que la demora respondía al trámite administrativo ante organismos competentes. El Tribunal sostuvo que las constancias acreditaban una necesidad de salud grave y urgente, con pedido médico de materiales para cateterismo y demoras incompatibles con la tutela reforzada de niños y personas con discapacidad. También consideró inoficioso tratar el plazo y las astreintes porque el objeto ya se encontraba cumplido. La decisión queda marcada para revisión por sensibilidad.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de amparo que ordenaba dar respuesta a la provisión de insumos de salud, con costas por su orden. La Provincia alegaba que el Ministerio de Salud no había incurrido en una omisión arbitraria, que el trámite de compra seguía en curso y que la amparista tenía cobertura de Osprera. El Tribunal sostuvo que las pruebas reunidas eran suficientes para acreditar los requisitos del amparo y que no existía información cierta del Hospital ni del Ministerio sobre fecha de compra y entrega. Por eso mantuvo la tutela urgente frente a la demora administrativa.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la parte demandada y revocó la sentencia que había admitido el amparo, de modo que quedó sin efecto la orden de cubrir el tratamiento integral de salud mental de A.R.M. en una clínica de Tandil. Con costas en atención a las particularidades del caso. El amparo había sido promovido por F.A.R., en representación de A.R.M., para obtener la cobertura total de ese tratamiento, y en primera instancia había sido concedido. El Superior Tribunal no expuso fundamentos propios: resolvió por remisión, compartiendo por razones de brevedad los antecedentes, agravios, fundamentos y conclusiones del Dictamen N° 50/26 del Procurador General, a los que se ajustó para revocar la protección otorgada.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación, revocó la sentencia de amparo y dejó sin efecto la tutela concedida frente a descuentos sobre remuneraciones, con costas a la vencida y regulación de honorarios. La Provincia cuestionaba que se hubiera utilizado el amparo para una controversia patrimonial derivada de créditos voluntariamente contraídos y de descuentos administrativos. El Tribunal sostuvo que la sentencia era arbitraria porque no valoró correctamente la prueba ni la falta de acreditación del agotamiento de la vía administrativa. Agregó que el amparo no es la herramienta adecuada para resolver cuestiones patrimoniales complejas que requieren debate y prueba, salvo ilegalidad manifiesta, extremo que no se verificó.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de Fiscalía de Estado y revocó la providencia dictada en una ejecución de sentencia de amparo, con costas por su orden. La discusión se centró en una medida adoptada dentro de la ejecución, no en el fondo originario del amparo. El Tribunal sostuvo que la providencia recurrida debía dejarse sin efecto y ordenó la devolución del trámite al organismo correspondiente, manteniendo la intervención dentro de los límites de la ejecución. La decisión modifica una cuestión operativa del cumplimiento de sentencia y no implica rechazar el derecho reconocido en el amparo principal. La identidad del expediente se conserva según la fuente oficial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja de Fiscalía de Estado y tuvo por admisible el recurso de apelación subsidiario denegado en un incidente de ejecución de sentencia de amparo. La decisión no resolvió el fondo de la ejecución ni el alcance de la providencia cuestionada: sólo abrió la vía apelatoria. El Tribunal consideró cumplida la autosuficiencia necesaria para examinar la concesión y entendió que los fundamentos del recurso de apelación contenían, en principio, una crítica seriamente elaborada. En consecuencia, habilitó el tratamiento de la apelación contra la providencia del 18-03-2026, quedando pendiente la decisión sobre el fondo del incidente.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el habeas corpus de C.R.G. y dio intervención al Defensor General por el pedido referido a su asistencia técnica. La resolución no abrió una revisión directa de la ejecución de pena ni sustituyó a los órganos judiciales ya competentes. El interno formulaba reclamos vinculados con su situación de detención y con la continuidad o cambio de defensa. El tribunal sostuvo que la acción excepcional no procede cuando existen vías específicas y autoridades naturales para atender los planteos, especialmente el juez de ejecución. Respecto del reclamo defensivo, ordenó dar intervención al Defensor General para que actúe dentro de sus atribuciones. Por ello cerró la acción de habeas corpus en sede originaria.

El Superior Tribunal de Justicia declaró improcedente el habeas corpus promovido por S.R.C.P. y remitió copia al Juzgado de Ejecución Penal N° 10 y a la defensa para que canalicen los planteos dentro de sus competencias. La resolución no examinó el fondo de eventuales incidencias de ejecución, sino la aptitud de la vía excepcional elegida. El interno cuestionaba condiciones vinculadas con su alojamiento y tratamiento penitenciario. El tribunal sostuvo que no se habían aportado elementos que habilitaran apartarse del principio según el cual los reclamos sobre ejecución de pena deben tramitar ante el juez competente. En consecuencia, rechazó la utilización directa del habeas corpus ante el STJ y mantuvo la intervención de los órganos naturales.