Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso de casación de la Provincia de Río Negro y revocó sólo la distribución de costas de segunda instancia en un proceso de expropiación, sustituyendo el reparto 70% a cargo de la actora y 30% a cargo de la demandada por una imposición en partes iguales. Las costas de la instancia extraordinaria fueron impuestas por su orden. La discusión se centró en si la Cámara había aplicado correctamente el criterio de vencimientos parciales y mutuos luego de fijarse la indemnización expropiatoria. El Tribunal sostuvo que la comparación entre la oferta estatal, el reclamo de Argovis S.A. y el monto finalmente establecido mostraba que la Provincia logró descartar el 70% del exceso pretendido, pero que ambas partes tuvieron vencimientos parciales. Por eso readecuó las costas de Cámara al 50% para cada una.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a los recursos de casación y revocó parcialmente la sentencia de Cámara en lo relativo a la conversión de la base regulatoria de honorarios expresada en dólares, en el marco de una sucesión con discusión patrimonial. Impuso costas por su orden y reguló honorarios de la instancia extraordinaria. La discusión se centró en si la Cámara podía tomar el dólar MEP vigente al llamado de autos para dictar sentencia, cuando los recurrentes sostenían que ello excedía la jurisdicción y producía una indexación encubierta. El Tribunal consideró que correspondía corregir parcialmente la solución sobre honorarios ante la variación normativa y cambiaria, y fijó el alcance de la revocación sin reabrir el resto de las cuestiones del proceso principal.

El Superior Tribunal de Justicia declaró la competencia de la Cámara Primera del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial para entender en la ejecución de aportes promovida por la Caja Forense de la Provincia de Río Negro contra la Municipalidad de Chimpay, y ordenó remitir allí la radicación para continuar el trámite. Sin costas. La discusión se originó por la declaración de incompetencia del Juzgado de Paz y la cuestión de competencia remitida al STJ. El Tribunal sostuvo que la interpretación armónica del art. 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del art. 29 de la Ley D 869 conduce a atribuir la ejecución de aportes al fuero laboral, porque el cobro sigue la vía prevista para honorarios. También señaló que omitir normas aplicables compromete la fundamentación y genera dispendio jurisdiccional.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de los letrados Julio Enrique Biglieri y Cintia R. Gómez, anuló en lo pertinente la sentencia que fijaba honorarios en 5 JUS y reenvió la causa al tribunal de origen para una nueva determinación arancelaria. La discusión se centró en si correspondía remunerar, además de la actuación administrativa ante la SRT, el proceso judicial iniciado para determinar honorarios. El Tribunal remitió al precedente “Joos” y sostuvo que la actividad profesional se presume onerosa, que el proceso judicial constituye una labor autónoma y que la Cámara omitió regular esos honorarios y aplicar la Ley D 869 sin fundamentación. La decisión no fija el monto final: ordena nuevo pronunciamiento conforme a la normativa vigente.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente, por mayoría, a las casaciones de los letrados Marcos Luis Botbol y Slavko Lucas Jankovic y revocó el punto que regulaba honorarios de la perito tasadora. Además, reguló esos honorarios en $ 5.187.234 y distribuyó costas por su orden. La cuestión se centró en si la Cámara había duplicado sin fundamento la base económica del proceso al tomar el 100% del inmueble para calcular la regulación. El Tribunal sostuvo que la controversia sólo comprendía el derecho a escriturar el 50% indiviso del inmueble, sin mejoras, decisión firme. Por ello, la base regulatoria debía ser ese porcentaje y no la totalidad del bien. La decisión corrige un error arancelario, sin reabrir el fondo de la escrituración.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al pedido de regulación de honorarios de los letrados que actuaron por el codemandado Aldo Carniel, rechazó otra parte de la solicitud, desestimó los planteos de prescripción y reguló honorarios por esa incidencia. La discusión se centró en qué actuaciones profesionales de vieja data tenían derecho a regulación y si los créditos estaban prescriptos. El Tribunal reconoció honorarios por la labor culminada con el pronunciamiento de 11-12-2000, pero no por actuaciones vinculadas con resoluciones de 2006 y 2007. Además, rechazó la prescripción opuesta por distintas partes y distribuyó las costas en el orden causado por la existencia de fundamentos razonables para litigar.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de los letrados, revocó en lo pertinente la sentencia de grado y ordenó una nueva regulación de honorarios, sin costas. La decisión no resolvió el fondo laboral entre Valdez y Resagos Cipolletti, sino la cuestión arancelaria planteada por los profesionales por derecho propio. El tribunal sostuvo que, aunque la materia honoraria suele estar excluida de la vía extraordinaria, el caso habilitaba tratamiento por involucrar la correcta aplicación del art. 10 de la Ley G 2212. Remitió a doctrina legal reciente sobre la diferencia entre abogado y procurador y la función de la regulación. En consecuencia, devolvió la causa al tribunal de origen para recalcular honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la parte actora en un incidente de regulación de honorarios por actuación ante la SRT. La resolución tuvo alcance estrictamente admisorio: no fijó honorarios ni resolvió aún el criterio regulatorio discutido. El tribunal constató de modo preliminar que el recurso cumplía la Acordada 9/23-STJ y los recaudos formales previstos para la instancia extraordinaria laboral, conforme la remisión procesal aplicable. En consecuencia, dejó el expediente en estado de acuerdo para que el STJ trate posteriormente la cuestión planteada, manteniendo abierta la revisión extraordinaria local.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al pedido de regulación de honorarios de alzada en el amparo promovido por C.L.A. contra la Caja Forense de Río Negro. La decisión fue instrumental y no volvió sobre el fondo del amparo, que ya había tenido pronunciamiento anterior. El tribunal fijó los honorarios de Alberto E. Visintin y Paola Lirio del Valle Villaverde, en conjunto, en el 30%, y los de Luis Courtaux, patrocinante del amparista, en el 25%, todos calculados sobre los emolumentos regulados por sus actuaciones en la instancia anterior. También tuvo presente la cesión de honorarios efectuada en favor de la Caja Forense y ordenó cumplir la Ley D 869.