Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la Asociación Bancaria y dejó cerrada la vía de casación contra la decisión que había considerado inadmisible el recurso. Declaró perdido el depósito e impuso costas. El planteo buscaba reabrir la discusión sobre la regla solve et repete y la supuesta existencia de cuestión constitucional suficiente. El Tribunal no ingresó al fondo tributario: sostuvo que la presentación incumplía recaudos de admisibilidad de la Acordada 9/23, en especial límites formales y la carga de refutar todos los fundamentos independientes de la denegatoria. Agregó que los agravios reiteraban argumentos ya tratados y no demostraban sentencia definitiva ni circunstancias excepcionales para abrir la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja del actor en un proceso contencioso administrativo laboral contra la Provincia de Río Negro, vinculado con la baja como auxiliar legislativo de carácter político. La decisión cerró la vía extraordinaria y dejó firme la inadmisibilidad del recurso principal. El recurrente alegaba que la Cámara había omitido considerar una contestación de traslado y que ello afectaba el debido proceso. El tribunal sostuvo que esa crítica no rebatía los fundamentos centrales sobre la inhabilitación de la instancia judicial: el acto administrativo había sido notificado, la vía administrativa no fue agotada y la cuestión quedó consentida por falta de recursos en plazo. Impuso costas al quejoso.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la actora en un proceso contencioso administrativo laboral contra la Provincia de Río Negro, con lo que quedó firme la denegatoria del recurso extraordinario y no se reabrió la discusión sobre la habilitación de la instancia judicial. Impuso costas. La discusión se centró en la decisión de la Cámara del Trabajo que había admitido la excepción de falta de habilitación de la instancia, por considerar firme el acto administrativo no recurrido en plazo. El Tribunal sostuvo que la queja incumplió la Acordada 9/23 porque no refutó de modo preciso los fundamentos autónomos de la denegatoria: la falta de crítica concreta, la improcedencia de reabrir una cuestión consentida y la ausencia de demostración de arbitrariedad o violación constitucional.