Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la demandada, anuló la sentencia laboral que había reconocido una relación de dependencia y reenvió la causa al tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte un nuevo fallo. Costas por su orden. La discusión se centró en si la Cámara acreditó válidamente el vínculo laboral previo a la registración, sobre la base de la presunción del art. 23 LCT y el principio de primacía de la realidad. El Tribunal no resolvió el fondo: consideró que la sentencia era arbitraria por déficit de fundamentación, al enunciar extremos fácticos sin analizar rigurosamente la subordinación jurídica, técnica y económica ni correlacionar la presunción legal con el régimen vigente al momento del cese. La causa quedó abierta a un nuevo pronunciamiento.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación del padre, declaró la nulidad de la sentencia de Cámara sobre cuidado personal y dispuso el reenvío para dictar un nuevo pronunciamiento con debida intervención del adolescente. Impuso costas por su orden. La discusión se centró en si la decisión que confirmó el cambio de residencia había respetado el derecho de F. a ser oído y el interés superior del niño. El Tribunal no resolvió definitivamente el régimen de cuidado: sostuvo que, por la edad y madurez del adolescente y por la entidad de la medida, debía asegurarse una escucha actual, personal y efectiva antes de adoptar una solución que incidiera de modo directo en su vida familiar.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de Horizonte ART, anuló la sentencia laboral y ordenó reenviar la causa a la Cámara de origen con distinta integración. La anulación se limitó a lo agraviante y no sustituyó el nuevo pronunciamiento que deberá dictarse. La discusión se centró en si estaba suficientemente probado el nexo causal entre las tareas administrativas de la actora y la patología reconocida como enfermedad profesional. El tribunal sostuvo que la Cámara había apoyado la condena principalmente en una pericia basada en dichos de la trabajadora, sin una verificación independiente de las tareas ni del agente de riesgo, pese al dictamen de Comisión Médica y al rechazo de la contingencia por la ART. Impuso costas por su orden.

El Superior Tribunal de Justicia anuló la sentencia interlocutoria que había concedido el recurso de casación de la Provincia y remitió las actuaciones a la Cámara para un nuevo análisis de admisibilidad, sin costas. La discusión se centró en si el tribunal de origen había efectuado un control suficiente de los agravios al conceder la casación en una expropiación. El STJ sostuvo que la Cámara no podía limitarse a una constatación formal: debía examinar mínimamente la suficiencia y congruencia de los agravios. Advirtió que el recurso decía impugnar una aclaratoria, pero sus agravios se dirigían a la sentencia definitiva. Por esa incongruencia, ordenó rehacer el examen de concesión.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la impugnación extraordinaria del Ministerio Público Fiscal, anuló el punto II de la sentencia del Tribunal de Impugnación y revocó la declaración de vencimiento de la potestad jurisdiccional de control. Ordenó reenviar el legajo al Juzgado de Ejecución Penal para que continúe el trámite conforme el art. 27 bis del Código Penal. La discusión giraba en torno al control de reglas de conducta en una condena de ejecución condicional. El tribunal sostuvo que la potestad de control no se encontraba vencida en los términos decididos por la instancia anterior y que correspondía restablecer la intervención del juez de ejecución. El efecto práctico es reabrir la ejecución, no modificar la condena principal.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación de Pablo Nicolás Mario Pavón, nulificó la providencia que había denegado la casación en el beneficio de litigar sin gastos y remitió las actuaciones para un nuevo análisis de admisibilidad. La decisión no resolvió el fondo del beneficio, sino que corrigió la forma en que la instancia de origen había cerrado el acceso casatorio. El tribunal sostuvo que las deficiencias señaladas por el recurrente afectaban la validez de la providencia, porque los órganos de grado deben fundamentar adecuadamente la concesión o denegación de remedios extraordinarios. Sin costas, ordenó a la Unidad Jurisdiccional Civil N° 3 realizar el examen conforme el art. 255 del CPCyC.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado, declaró la nulidad del proceso de amparo iniciado por S.S.M. contra el Ministerio de Salud y ordenó reenviar las actuaciones para que otra unidad jurisdiccional reencauce el trámite y dicte decisión de fondo. La decisión no resolvió la prestación sanitaria reclamada, sino que anuló el procedimiento por un defecto de citación. El tribunal sostuvo que, cuando la demanda se dirige contra la Provincia, deben notificarse el Gobernador, la Fiscalía de Estado y los organismos correspondientes en los domicilios electrónicos válidos. La omisión afectó la defensa estatal y justificó el reenvío. Por salud y nulidad procesal, requiere revisión.

El Superior Tribunal de Justicia anuló parcialmente la providencia simple dictada por el presidente de la Cámara y ordenó reenviar las actuaciones para que el tribunal de origen, integrado en pleno, se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad. La decisión no abrió directamente la instancia extraordinaria ni resolvió el fondo del reclamo contencioso laboral. El defecto advertido fue procesal: la admisibilidad del recurso no podía quedar decidida por una providencia unipersonal cuando correspondía un pronunciamiento del Tribunal. Por eso el STJ ejerció una función correctora limitada y dispuso que vuelvan los autos para cumplir los recaudos procesales omitidos.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación de la demandada, declaró la nulidad de la sentencia de Cámara y remitió la causa para que, con distinta integración, se dicte un nuevo pronunciamiento. La decisión no resolvió el fondo del cobro de pesos promovido por SAGAI, sino que invalidó el fallo por un defecto procesal relevante. La recurrente había invocado arbitrariedad formal, ausencia de firma del juez ponente y errores de interpretación normativa. El tribunal consideró que el vicio advertido descalificaba la sentencia como acto jurisdiccional válido, por lo que correspondía anular y reenviar. Las costas de la instancia extraordinaria fueron impuestas por su orden por provenir la nulidad de un error del tribunal anterior.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la parte actora, anuló en lo pertinente la sentencia de Cámara y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento con distinta integración. La decisión se centró en un accidente de trabajo y no fijó definitivamente la indemnización. El actor cuestionaba que la Cámara hubiera tomado un salario base sin explicar el elemento probatorio utilizado ni los rubros que lo integraban. El tribunal consideró que esa omisión afectaba la motivación suficiente de la sentencia y exigía un nuevo análisis conforme las pautas fijadas. Las costas de la instancia extraordinaria fueron impuestas por su orden y se regularon honorarios.