Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación del Defensor Oficial contra la decisión vinculada al habeas corpus de un detenido, aunque ordenó comunicar al juez competente las circunstancias informadas por la OADYC para verificar su salud y condiciones de detención. El Tribunal no reconstruyó fundamentos propios extensos: remitió a los antecedentes, agravios, fundamentos y conclusiones del Dictamen N° 67/26 del Procurador General, que compartió por razones de brevedad. Con ese alcance, cerró la apelación, pero dejó una manda preventiva para que el magistrado a cargo controle el estado del interno y resguarde sus derechos. Por tratarse de persona privada de libertad y decisión por remisión, requiere revisión editorial.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inoficioso el tratamiento de la apelación de la Provincia contra la sentencia de amparo sobre cobertura farmacológica por Ipross. La decisión no revisó el fondo de la controversia sobre el porcentaje de cobertura ni la equivalencia terapéutica entre medicamentos: aplicó la regla de cuestión devenida abstracta. El Tribunal tomó el dictamen de Procuración y recordó que los órganos judiciales no deben pronunciarse cuando ya no existe un conflicto litigioso actual. En esas condiciones, cualquier decisión sobre los agravios de la Provincia sería meramente académica. Impuso costas por su orden, considerando que la amparista actuó con patrocinio de la Defensa Pública y que el requerido es un organismo estatal.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó el amparo que ordenaba al Hospital General Roca proveer material quirúrgico para una prótesis de cadera. Costas por su orden. La discusión se centró en si la demora administrativa configuraba ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y urgencia extrema. El Tribunal sostuvo que no se acreditó negativa, reticencia ni dilación injustificada: el trámite de compra se había iniciado antes del amparo, avanzaba por el circuito de contrataciones y contaba con proveedor válido. Además, los informes médicos indicaban que no había un plazo máximo preestablecido para la cirugía. Por eso concluyó que la sentencia carecía de fundamentación suficiente para habilitar la vía excepcional.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de amparo promovida contra el Ministerio de Educación. Costas por su orden. La discusión giró en torno a un reclamo económico-patrimonial que la actora intentó canalizar por amparo, invocando antecedentes judiciales y la supuesta conducta arbitraria del organismo. El Tribunal sostuvo que los agravios de la Provincia rebatían los fundamentos del fallo: no se acreditó una situación de urgencia que comprometiera salud, vida u otro derecho constitucional de tutela inmediata, ni la ausencia o insuficiencia de vías ordinarias. También observó que la sentencia utilizó como base expedientes en los que el Ministerio no había sido parte. Por eso dejó sin efecto el amparo.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la solicitud de apartamiento formulada por la jueza María Cecilia Criado y mantuvo la integración actual del Tribunal para continuar entendiendo en el legajo penal. La decisión no resuelve la queja ni el fondo de la causa por amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad: se limita a la integración del órgano. El apartamiento se vinculó con garantías de imparcialidad en el trámite recursivo, luego de antecedentes procesales en los que el Ministerio Público Fiscal había solicitado control extraordinario y la denegatoria motivó la queja. El Tribunal consideró procedente el apartamiento y dispuso continuar el trámite con la integración ya conformada. Por tratarse de causa penal y categoría no cubierta con precisión por la taxonomía, queda para revisión.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y confirmó el amparo que ordenaba al Ipross proveer material quirúrgico al afiliado. Impuso costas a la vencida y reguló honorarios. La Provincia alegaba que no había arbitrariedad porque existía un trámite administrativo de compra y que el fallo desconocía las complejidades del régimen de contrataciones. El Tribunal sostuvo que los agravios no refutaron los fundamentos centrales de la sentencia: el expediente administrativo llevaba más de un año sin concretar la provisión y el último movimiento útil informado no mostraba un procedimiento activo. También distinguió el caso de un amparo anterior con igual objeto, porque las circunstancias habían cambiado. La tutela de salud quedó confirmada.

El Superior Tribunal de Justicia intimó e hizo efectiva una orden de cumplimiento contra la Municipalidad de Catriel: le dio treinta días hábiles para adoptar medidas destinadas a reunir la información requerida y cumplir la Sentencia N° 32. La incidencia se abrió porque el municipio informó que no tenía registros fehacientes de publicaciones del Boletín Oficial Municipal de 2020, mientras el accionante sostuvo que no se justificaba la falta de entrega. El Tribunal señaló que las constancias municipales no demostraban que se hubieran agotado los mecanismos disponibles para obtener o reconstruir la documentación faltante. Frente a una manda judicial firme, la requerida debía procurar la información y cumplir lo ordenado, sin trasladar al peticionante la ausencia de registros internos.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisibles los recursos extraordinarios federales interpuestos por las defensas de Andrea del Carmen Henríquez, Vilmar Alcides Quintrel y Jorge Luciano Sosa en una causa por tortura seguida de muerte. La decisión cerró la vía ante la Corte respecto de la porción confirmatoria de condenas. Los recursos invocaban arbitrariedad, exceso ritual, afectación del derecho al recurso y cuestionamientos a la mensuración de pena. El Tribunal sostuvo que las presentaciones tenían defectos formales bajo la Acordada 4/07, no individualizaban adecuadamente las cuestiones federales y reiteraban agravios ya analizados sin refutar los fundamentos independientes del rechazo local. Por la gravedad penal e identidades expuestas, el extracto requiere revisión editorial estricta.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de Alberto Italo Balladini y mantuvo cerrada la casación contra la decisión dictada en una medida precautoria. Declaró perdido el depósito e impuso costas. El quejoso alegaba arbitrariedad, fundamentos genéricos y omisión de tratamiento de agravios, sosteniendo que su casación no se limitaba a hechos y prueba. El Tribunal sostuvo que la presentación no rebatía en forma concreta, contundente y pormenorizada los argumentos de la denegatoria. La Cámara había señalado que los agravios remitían a cuestiones fácticas y probatorias ajenas a la casación y que no se demostraba arbitrariedad ni contradicción legal suficiente. La vía extraordinaria quedó cerrada por insuficiencia técnica.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja de la Municipalidad de Allen y declaró admisible el recurso de casación que había sido denegado en la acción declarativa de certeza promovida por la Asociación Civil Árbol Río Negro. La decisión sólo abre la vía extraordinaria: no resuelve todavía el fondo contencioso-administrativo. El Tribunal examinó las constancias acompañadas y consideró cumplida la autosuficiencia necesaria para evaluar la concesión. También entendió que los fundamentos de la casación satisfacían, en principio, los requisitos formales de admisibilidad, porque exhibían una crítica seriamente elaborada. Por ello ordenó oficiar a la Cámara para radicar los autos principales ante el STJ.