Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de las actoras Zulma Fátima Yauhar y Otilia del Carmen Sánchez en el mismo proceso contencioso administrativo laboral contra la Provincia de Río Negro. La decisión cerró la vía extraordinaria intentada por las trabajadoras. La queja buscaba revisar aspectos adversos de la sentencia de Cámara, pero el tribunal sostuvo que no se cumplía la carga técnica de atacar en forma concreta los fundamentos por los cuales se había denegado el recurso principal. En particular, advirtió reiteración de agravios y ausencia de una demostración autónoma del error jurídico o lógico de la decisión impugnada. El recurso fue rechazado con costas.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a la apelación de Fiscalía de Estado en un amparo de salud contra Ipross, pero solo para revocar el punto de costas y honorarios de la sentencia. Mantuvo, en lo sustancial, la protección que ordenaba autorizar y cubrir doce sesiones mensuales de terapia ocupacional para D.B.P. La Provincia alegaba improcedencia del amparo, falta de arbitrariedad, ausencia de documentación suficiente e intromisión en la auditoría de la obra social. El tribunal sostuvo que Ipross había autorizado parcialmente la prestación sin brindar razones técnicas suficientes frente a la indicación profesional. En cambio, aceptó el agravio sobre costas por aplicación del art. 19 del Código Procesal Constitucional. Costas por su orden.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación de María Inés Margiotta, declaró la nulidad absoluta de la sentencia definitiva de Cámara y ordenó reenviar la causa para un nuevo pronunciamiento con distinta integración. La decisión no resolvió el fondo de la colación sucesoria, sino que invalidó el acto jurisdiccional por irregularidades formales graves. La recurrente había denunciado violación del art. 242 del CPCyC, incongruencia, afectación del debido proceso y arbitrariedad. El tribunal advirtió defectos en el orden y existencia de los votos, contradicciones sobre la presencia de una magistrada y ausencia de una sentencia colegiada válida. Impuso costas por su orden y reguló honorarios de la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la actora Aliche Carniel en un incidente cautelar dentro de una sucesión con planteos de nulidad de actos jurídicos e inclusión de bienes. La decisión cerró la vía extraordinaria local y mantuvo la denegatoria del recurso principal. El tribunal sostuvo que la resolución atacada no constituía sentencia definitiva ni equiparable a tal, y que la actora no demostró circunstancias especiales de irreparabilidad que habilitaran una excepción. También recordó que la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales no suple la ausencia de definitividad. Por ello rechazó el recurso de hecho, con costas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la Provincia de Río Negro en el proceso contencioso administrativo laboral promovido por Zulma Fátima Yauhar y Otilia del Carmen Sánchez contra el Ministerio de Salud. La decisión cerró la vía extraordinaria intentada por la demandada. La Provincia insistía en cuestionamientos contra la sentencia que había admitido parcialmente la demanda y discutía, entre otros puntos, la interpretación del precedente aplicable y la cuantificación. El tribunal sostuvo que la queja no cumplía la carga de refutar de manera concreta, fundada y completa los argumentos de la Cámara para denegar el recurso principal. Consideró que la presentación reiteraba disconformidades subjetivas sin demostrar ilogicidad ni error normativo autónomo. Impuso costas.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de V.H.V.H. en una causa por tentativa de femicidio. La decisión cerró el acceso a la Corte Suprema desde el orden local, con costas. La defensa invocaba arbitrariedad, gravedad institucional, afectación del debido proceso, errónea subsunción y cuestionamientos sobre la valoración probatoria y la calificación jurídica. El tribunal sostuvo que el recurso no cumplía los arts. 2 y 3 de la Acordada 4/2007 de la CSJN, que reiteraba agravios ya tratados y que no rebatía los fundamentos de la sentencia impugnada sobre prueba y calificación. Tampoco demostró una cuestión federal suficiente ni arbitrariedad excepcional.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja del actor en un proceso contencioso administrativo laboral contra la Provincia de Río Negro, vinculado con la baja como auxiliar legislativo de carácter político. La decisión cerró la vía extraordinaria y dejó firme la inadmisibilidad del recurso principal. El recurrente alegaba que la Cámara había omitido considerar una contestación de traslado y que ello afectaba el debido proceso. El tribunal sostuvo que esa crítica no rebatía los fundamentos centrales sobre la inhabilitación de la instancia judicial: el acto administrativo había sido notificado, la vía administrativa no fue agotada y la cuestión quedó consentida por falta de recursos en plazo. Impuso costas al quejoso.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el habeas corpus intentado por el interno C.D.P. y no abrió el trámite constitucional en esa sede. La decisión, sin embargo, ordenó remitir copia de la presentación y del pronunciamiento al Juzgado de Ejecución Penal N° 8 para que trate lo solicitado por la vía correspondiente y dé intervención a la Defensa. El tribunal mantuvo así una revisión limitada: descartó la procedencia directa del habeas corpus ante el STJ, pero preservó el canal institucional de ejecución penal para examinar el planteo del interno. También ordenó notificar al Procurador General conforme el Código Procesal Constitucional.

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de María Rosa Nuñez contra Emprendimientos Crown S.A. La decisión cerró la vía extraordinaria y dejó firme, en ese estado, el rechazo de la demanda laboral dispuesto por la Cámara. La actora alegaba arbitrariedad por valoración parcial de la prueba, especialmente de testimonios y constancias del vínculo laboral. El tribunal entendió que el planteo no habilitaba la instancia excepcional, porque remitía a cuestiones de hecho, prueba y derecho común propias del tribunal de mérito, sin demostrar un defecto grave que justificara la revisión. Impuso las costas de esta instancia a la actora y reguló honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al pedido de regulación de honorarios de alzada en el amparo promovido por C.L.A. contra la Caja Forense de Río Negro. La decisión fue instrumental y no volvió sobre el fondo del amparo, que ya había tenido pronunciamiento anterior. El tribunal fijó los honorarios de Alberto E. Visintin y Paola Lirio del Valle Villaverde, en conjunto, en el 30%, y los de Luis Courtaux, patrocinante del amparista, en el 25%, todos calculados sobre los emolumentos regulados por sus actuaciones en la instancia anterior. También tuvo presente la cesión de honorarios efectuada en favor de la Caja Forense y ordenó cumplir la Ley D 869.