Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de L.F.M. en una causa por abuso sexual simple, por lo que dejó cerrada la vía hacia la Corte Suprema. La defensa invocaba arbitrariedad y afectación de garantías constitucionales para revisar lo decidido en el proceso penal. El Tribunal sostuvo que el recurso no demostraba una cuestión federal suficiente ni un supuesto de arbitrariedad que habilitara la instancia excepcional. Señaló que los agravios reiteraban discusiones ya abordadas y no refutaban concretamente los fundamentos centrales de las decisiones previas. La decisión es de admisibilidad federal y no implica un nuevo pronunciamiento del STJ sobre los hechos del caso.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de R.N.F. en una causa por abuso sexual, manteniendo cerrada la vía extraordinaria. La defensa buscaba revisar la denegatoria de la impugnación extraordinaria y alegaba afectación de garantías procesales. El Tribunal no volvió sobre el mérito de la acusación ni sobre la valoración probatoria como decisión nueva: sostuvo que la presentación no rebatía de manera concreta los fundamentos de la denegatoria y reiteraba planteos ya tratados por las instancias anteriores. En ese marco, no tuvo por demostrada arbitrariedad ni un supuesto excepcional que habilitara la intervención del STJ. La decisión conserva el estado procesal previo y no amplía el debate de fondo.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la parte demandada y revocó la sentencia que había admitido el amparo, de modo que quedó sin efecto la orden de cubrir el tratamiento integral de salud mental de A.R.M. en una clínica de Tandil. Con costas en atención a las particularidades del caso. El amparo había sido promovido por F.A.R., en representación de A.R.M., para obtener la cobertura total de ese tratamiento, y en primera instancia había sido concedido. El Superior Tribunal no expuso fundamentos propios: resolvió por remisión, compartiendo por razones de brevedad los antecedentes, agravios, fundamentos y conclusiones del Dictamen N° 50/26 del Procurador General, a los que se ajustó para revocar la protección otorgada.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación, revocó la sentencia de amparo y dejó sin efecto la tutela concedida frente a descuentos sobre remuneraciones, con costas a la vencida y regulación de honorarios. La Provincia cuestionaba que se hubiera utilizado el amparo para una controversia patrimonial derivada de créditos voluntariamente contraídos y de descuentos administrativos. El Tribunal sostuvo que la sentencia era arbitraria porque no valoró correctamente la prueba ni la falta de acreditación del agotamiento de la vía administrativa. Agregó que el amparo no es la herramienta adecuada para resolver cuestiones patrimoniales complejas que requieren debate y prueba, salvo ilegalidad manifiesta, extremo que no se verificó.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de Fiscalía de Estado y revocó la providencia dictada en una ejecución de sentencia de amparo, con costas por su orden. La discusión se centró en una medida adoptada dentro de la ejecución, no en el fondo originario del amparo. El Tribunal sostuvo que la providencia recurrida debía dejarse sin efecto y ordenó la devolución del trámite al organismo correspondiente, manteniendo la intervención dentro de los límites de la ejecución. La decisión modifica una cuestión operativa del cumplimiento de sentencia y no implica rechazar el derecho reconocido en el amparo principal. La identidad del expediente se conserva según la fuente oficial.

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido el recurso de casación de la parte demandada contra dos sentencias interlocutorias de la Cámara y llamó autos al acuerdo. La decisión es de admisibilidad: no resuelve todavía el conflicto de reivindicación ni los agravios sustanciales del recurso. El Tribunal tuvo por abierta la instancia casatoria respecto de las resoluciones impugnadas y ordenó continuar el trámite ante el STJ. El efecto práctico es que el recurso principal será tratado en esta sede, con delimitación procesal de la vía y sin pronunciamiento anticipado sobre la procedencia de la casación ni sobre el derecho material discutido entre las partes.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja de Fiscalía de Estado y tuvo por admisible el recurso de apelación subsidiario denegado en un incidente de ejecución de sentencia de amparo. La decisión no resolvió el fondo de la ejecución ni el alcance de la providencia cuestionada: sólo abrió la vía apelatoria. El Tribunal consideró cumplida la autosuficiencia necesaria para examinar la concesión y entendió que los fundamentos del recurso de apelación contenían, en principio, una crítica seriamente elaborada. En consecuencia, habilitó el tratamiento de la apelación contra la providencia del 18-03-2026, quedando pendiente la decisión sobre el fondo del incidente.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de P.G.C. en una causa por abuso sexual, cerrando la vía hacia la Corte Suprema. La defensa pretendía revisar lo resuelto mediante agravios constitucionales y arbitrariedad. El Tribunal sostuvo que el recurso no lograba demostrar una cuestión federal suficiente ni un supuesto excepcional que habilitara la intervención de la Corte, y que reiteraba planteos ya evaluados sin refutar de manera concreta los fundamentos centrales de las decisiones previas. La decisión se limita a la admisibilidad del remedio federal: no reexamina los hechos ni transforma la valoración probatoria de las instancias anteriores en una nueva decisión de fondo.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al pedido de regulación de honorarios de los letrados que actuaron por el codemandado Aldo Carniel, rechazó otra parte de la solicitud, desestimó los planteos de prescripción y reguló honorarios por esa incidencia. La discusión se centró en qué actuaciones profesionales de vieja data tenían derecho a regulación y si los créditos estaban prescriptos. El Tribunal reconoció honorarios por la labor culminada con el pronunciamiento de 11-12-2000, pero no por actuaciones vinculadas con resoluciones de 2006 y 2007. Además, rechazó la prescripción opuesta por distintas partes y distribuyó las costas en el orden causado por la existencia de fundamentos razonables para litigar.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Provincia de Río Negro, revocó la interlocutoria que había declarado la caducidad de instancia en la acción de lesividad y devolvió las actuaciones al tribunal de origen. Impuso costas a la demandada y reguló honorarios. La Provincia sostenía que el proceso no estaba paralizado y que la Cámara computó formalmente el plazo sin atender a la actividad vinculada con la prueba pericial. El Tribunal sostuvo que la caducidad fue interpretada de modo inadecuado y frustró el derecho de la actora a obtener un pronunciamiento sobre su pretensión. Por eso dejó sin efecto la decisión y reabrió el trámite.