Fallos jurisdiccionales

El juzgado ordenó medidas de protección en una denuncia de violencia familiar. Hizo saber a C.G.F. que debe cesar toda conducta violenta contra L.E.G. y dispuso una prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros del domicilio de la denunciante, su lugar de estudio o trabajo y demás espacios indicados en la orden. La decisión se mantiene en el plano preventivo: no declara probado el fondo de los hechos denunciados, sino que fija restricciones cautelares y apercibimientos.

El tribunal dispuso en el proceso [DENUNCIANTE_1] C/ [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] S/ VIOLENCIA. La decisión encuadra el caso en materia familia y resuelve el punto central planteado por las partes según el alcance del trámite. El dispositivo ordenó: el dispositivo oficial cargado en la sentencia. La síntesis queda limitada a esa resolución oficial y a sus consecuencias procesales inmediatas, sin extenderse a cuestiones ajenas al texto de la sentencia. La intervención se presenta como una respuesta jurisdiccional específica, con efectos acotados al expediente y a las medidas dispuestas.

El Juzgado de Paz rechazó la denuncia de violencia presentada por [DENUNCIANTE_1] contra [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_2]. Consideró que el hecho relatado no encuadraba en la Ley 3040 ni en los artículos 136 y siguientes del Código Procesal de Familia, y que los problemas familiares expuestos excedían las medidas urgentes y cautelares de protección de personas. La denunciante quedó habilitada a recurrir por la vía legal correspondiente con patrocinio particular o de la Defensoría de Pobres y Ausentes.

El Juzgado de Paz concedió el beneficio de litigar sin gastos a MARTINA MORENO para el trámite sucesorio 'MORENO DE LA CRUZ, JUAN S/ SUCESION AB INTESTATO'. La decisión se apoyó en la prueba sobre su situación patrimonial: jubilación informada por ANSES, ausencia de bienes registrables y falta de impuestos activos o relación laboral. El beneficio rige hasta que mejore su fortuna y no alcanza los anticipos de gastos por pruebas periciales; costas y honorarios quedan sujetos al expediente principal.

El Juzgado Civil ordenó reiterar un oficio al Banco Santander S.A. solicitado por la parte demandada. La entidad deberá informar si entre marzo y junio de 2015, junio de 2016 y junio de 2017 existieron movimientos o transferencias recibidas por Lelio Enrique Tolosa y Violeta Esther Calvo provenientes de Adalberto Melchor Balda, y si aquellos fueron titulares, cotitulares, apoderados o autorizados de cuentas. La resolución consideró que el nuevo oficio saneaba un error de redacción del requerimiento anterior y no ampliaba la prueba admitida. No impuso costas.

El tribunal rechazó en el proceso ' [ACTOR_1] Y [DEMANDADO_1] S/ DIVORCIO(F)'. La decisión encuadra el caso en materia familia y resuelve el punto central planteado por las partes según el alcance del trámite. El dispositivo ordenó: RESUELVO: I.- Rechazar las medidas razonables peticionadas - suspensión de su licencia de conducir e inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios - en atención a las consideraciones precedentes.- II.- Costas a. La síntesis queda limitada a esa resolución oficial y a sus consecuencias procesales inmediatas, sin extenderse a cuestiones ajenas al texto de la sentencia. La intervención se presenta como una respuesta jurisdiccional específica, con efectos acotados al expediente y a las medidas dispuestas.

El Juzgado declaró cumplido el objeto inicial del amparo de [ACTOR_1] contra IPROSS y ordenó archivar la causa sin costas. La decisión se fundó en que la amparista aceptó el ofrecimiento de cobertura médica realizado por el instituto y en que la cuestión planteada inicialmente había sido abordada según las constancias del expediente. El pronunciamiento no resolvió nuevamente la cobertura de fondo, sino que cerró el trámite por cumplimiento del objeto liminar. También dispuso hacer saber lo resuelto al Área de Trabajo Social del CIF y notificó la decisión conforme al Código Procesal Constitucional. La resolución fue dictada en General Roca el 30 de junio de 2026.

La Unidad Jurisdiccional reguló honorarios antes de la inscripción registral de la sentencia de prescripción adquisitiva promovida por Horacio Flores. Estableció como monto base $ 46.350.359,13, proveniente de la valuación fiscal consentida, y reguló al patrocinante del actor el 15 % del MB. También reguló en conjunto a los letrados de la Municipalidad de General Roca el 7% del MB, con más el 40%, y mantuvo las costas en el orden causado según la sentencia definitiva.

El Juzgado de Familia rechazó la denuncia de violencia presentada por '[DENUNCIANTE_1]'. Consideró que los hechos relatados no configuraban episodios de violencia familiar que requirieran el procedimiento de la Ley 3040, porque estaban vinculados con el cuidado personal y la responsabilidad parental respecto del niño en común y debían canalizarse por otras vías legales. La decisión sugirió asistencia letrada particular o de la Defensoría de Pobres y Ausentes y ordenó notificar por OTIF; si la cédula resultaba negativa, debía librarse oficio a la comisaría del último domicilio conocido.

El Juzgado de Familia dispuso ratificar y ampliar medidas protectorias en una denuncia de violencia entre [DENUNCIANTE_1] y [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]. Ordenó una prohibición de acercamiento de 200 mts de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] hacia [DENUNCIANTE_1], su vivienda o lugar de residencia, y prohibió su ingreso o permanencia en el domicilio familiar. Las medidas rigen por 60 DÍAS desde la notificación. También prohibió actos molestos, de violencia o perturbación por cualquier medio y ordenó comunicar lo resuelto a la unidad preventora para toma de conocimiento y colaboración en las notificaciones.