Fallos jurisdiccionales

El Juzgado de Paz de San Antonio Oeste declaró finalizadas las actuaciones iniciadas ante una posible situación de violencia. La decisión se apoyó en que [VÍCTIMA_1] compareció ante el juzgado, manifestó que no deseaba instar acción en el marco de la Ley D 3040 contra su pareja y negó la situación que había motivado la intervención. El juzgado no dictó nuevas medidas protectorias ni resolvió sobre hechos de fondo; cerró el trámite con base en la voluntad expresada por la persona convocada y ordenó comunicar la sentencia interlocutoria a la Comisaría de la Familia para su notificación.

El Juzgado de Paz de Catriel ratificó una medida telefónica y dictó prohibiciones recíprocas de contacto y acercamiento entre [DENUNCIANTE_1] y [DENUNCIANTE_2]. Ordenó que ambas partes mantengan una distancia mínima de 500 metros respecto de la persona y residencia de la otra, así como de los lugares donde se encuentren o transiten, y que se abstengan de actos molestos u hostigamiento. La medida se dictó ante denuncias cruzadas y una situación de riesgo, con carácter preventivo para resguardar la integridad física y psíquica de las personas denunciantes. Su plazo quedó sujeto a lo que disponga el Juzgado de Familia competente.

El Juzgado de Paz de Allen decretó medidas urgentes en una denuncia de violencia familiar. Ordenó la exclusión del hogar de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1], autorizó el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la medida y dispuso el reintegro de [DENUNCIANTE_1] a la vivienda. También fijó prohibición de acercamiento de 200 metros respecto de la denunciante y del lugar donde se encuentre, ordenó abstenerse de actos perturbadores o reclamos por vías no legales, y dispuso rondines policiales. Las medidas se adoptaron para prevenir nuevas situaciones de violencia y preservar la integridad psicofísica de la denunciante, bajo apercibimiento de intervención penal por desobediencia.

La Cámara Primera del Trabajo de General Roca reguló honorarios profesionales en un proceso contencioso administrativo contra la Provincia de Río Negro. Fijó a favor del Dr. Juan Eduardo Donoso, por la parte actora, la suma de $1.219.498, equivalente a 10 JUS más el 40%, y aclaró que no corresponde regular honorarios a los representantes de Fiscalía de Estado por aplicación de la Ley 88 y el Código Procesal Administrativo. La decisión se dictó después de que existiera base para la regulación, tomando en cuenta el importe pecuniario del proceso, la importancia, calidad y extensión de los trabajos. También ordenó oficiar al Ministerio de Hacienda para el depósito en la cuenta judicial.

El Juzgado de Paz de Ingeniero Jacobacci ratificó medidas preventivas dictadas telefónicamente en una denuncia de violencia familiar. Ordenó al denunciado abstenerse de actos de violencia, hostigamiento o contacto contra la denunciante y su grupo familiar, fijó una prohibición de acercamiento de 300 metros y dispuso abordaje terapéutico o psicológico dentro de las 48 horas. La resolución tuvo carácter provisorio y cautelar, orientado a resguardar la integridad de la denunciante mientras intervienen los organismos competentes. También requirió informes del área de salud mental y dejó advertido que las medidas se dictan bajo el marco de la Ley 4241.

La Cámara Civil, Comercial, de Familia, Minería y Contencioso Administrativa rechazó la recusación formulada en un incidente de medida autosatisfactiva y dispuso que la magistrada continúe interviniendo. El planteo se vinculaba con una providencia anterior dictada en resguardo del interés superior de [ACTOR_1]. La Cámara entendió que esa actuación era una actividad jurisdiccional propia y no configuraba causal suficiente de apartamiento. También recordó el criterio restrictivo sobre recusaciones fundadas en opiniones o decisiones tomadas en ejercicio de la función judicial. La resolución no decidió la medida autosatisfactiva de fondo, sino la continuidad de la jueza en el expediente y el rechazo del apartamiento solicitado por una de las partes.

La Secretaría del proceso de ejecución de alimentos reguló honorarios profesionales en favor de los letrados de la parte alimentada. Fijó en conjunto para los Dres. Avilés y Massimino una suma equivalente a 3 JUS, con los aportes de Caja Forense e IVA que correspondan, y adicionó un 40% al monto correspondiente al Dr. Massimino por su actuación como apoderado. La resolución ordenó el pago dentro de los diez días de notificada e impuso las costas al alimentante. La base regulatoria fue la planilla aprobada por $1.232.971,88, pero la decisión se concentró en la justa composición de honorarios por la labor profesional.

El Juzgado de Paz de Cinco Saltos dictó una medida protectoria recíproca en denuncias cruzadas de violencia familiar. Ordenó a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y [DENUNCIANTE_1] mantenerse a no menos de 500 metros de la otra parte, de sus domicilios y de los lugares donde se encuentren o transiten, y abstenerse de incidentes, agravios, hostigamiento o reclamos por cualquier medio. También dispuso tratamientos psicoterapéuticos obligatorios en salud mental y confirmó el retiro excepcional de pertenencias personales ordenado previamente. La medida se fijó por noventa días, con carácter provisorio, ante indicadores de riesgo intrafamiliar y bajo apercibimiento de intervención penal por desobediencia.

El Juzgado de Familia de Bariloche hizo lugar a la guarda provisoria de [FAMILIAR_2] y [FAMILIAR_3] a favor de su abuela [ACTOR_1] por seis meses. La decisión excluyó al adolescente [FAMILIAR_1] porque ya no se encontraba a cargo de la solicitante y centró la medida en las dos niñas. El tribunal tuvo por reunidas las circunstancias del art. 657 del Código Civil y Comercial y sostuvo que la guarda resguarda el interés superior y el ejercicio de derechos fundamentales. También ordenó informar a ANSES para el pago de asignaciones y autorizó a las niñas a viajar dentro del país con su abuela, sin permiso de radicación fuera de San Carlos de Bariloche.

El Juzgado de Paz de Ingeniero Jacobacci hizo lugar al desistimiento del denunciante en una causa de violencia familiar entre hermanos y revocó las medidas que habían sido ordenadas contra [DENUNCIANTE_1]. La decisión se dictó luego de que el denunciante manifestara que desistía en todos sus términos de la denuncia radicada contra su hermana y de que la denunciada no reconociera el hecho atribuido. El juzgado no emitió una decisión de fondo sobre la existencia de violencia; cerró la intervención cautelar previa, ordenó notificar a las partes, comunicar a la Oficina de la Mujer, el Niño y la Familia y a la Comisaría 14ª, y archivar si no mediaba otra petición.