Fallos jurisdiccionales

La jueza dispuso ratificar medidas protectorias telefónicas en una denuncia de violencia familiar. Prohibió al Sr. [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] acercarse a menos de 500 metros de [DENUNCIANTE_1], de su domicilio, lugares de trabajo y esparcimiento, por el plazo de 60 días. También prohibió actos de violencia o perturbación contra la integridad de la denunciante o su grupo familiar. La resolución pidió colaboración a la Comisaría de la Familia de Villa Regina y dio vista al agente fiscal por la posible comisión de delitos de lesiones y/o daños.

El Juzgado de Familia dispuso por 90 días excluir del hogar a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y prohibirle reingresar. También ordenó que mantenga una distancia mínima de 500 metros respecto de [APOYOS_Y_FAMILIARES_O_TERCEROS_1], su domicilio y sus lugares de trabajo y esparcimiento, y que se abstenga de todo contacto o acto molesto por medios presenciales o digitales. Además le impuso iniciar tratamiento psicoterapéutico y acreditar su evolución. La exclusión puede efectivizarse con auxilio policial, bajo apercibimiento de intervención fiscal por desobediencia judicial.

El Juzgado de Familia dispuso por 90 días excluir del hogar a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y prohibirle reingresar al domicilio de [DENUNCIANTE_1]. También ordenó una prohibición de acercamiento inferior a 500 metros respecto del denunciante, su vivienda y sus lugares de trabajo y esparcimiento, junto con la abstención de todo contacto o acto molesto por medios presenciales o digitales. La resolución reiteró el cumplimiento del tratamiento previamente ordenado y autorizó las diligencias necesarias para efectivizar la exclusión, con intervención policial y apercibimiento por desobediencia judicial.

El Juzgado de Familia rechazó encuadrar el conflicto denunciado como violencia familiar y ordenó archivar las actuaciones. La decisión se apoyó en el informe del Equipo Técnico Interdisciplinario, que no encontró elementos compatibles con una relación de dominación, poder o vulnerabilidad entre las partes. El tribunal entendió que los hechos reflejaban una problemática y tensión familiar, pero no el fenómeno específico previsto por la Ley 3040. Las partes fueron orientadas a promover sus pretensiones por la vía legal que corresponda y con patrocinio letrado.

La jueza de familia dispuso prohibiciones recíprocas entre las partes a partir de las denuncias cruzadas del 10 de julio de 2026. Ordenó que ambas se abstengan de actos violentos, perturbadores, ingresos a los espacios de residencia y contactos personales o digitales que incomoden a la otra. Advirtió que el incumplimiento puede dar intervención penal por desobediencia y requirió a la Comisaría de la Familia colaborar en el control de las medidas. Las restricciones son cautelares y recíprocas.

La jueza de familia dispuso por 90 días medidas preventivas en favor de [DENUNCIANTE_1]. Prohibió a [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] acercarse a menos de 500 metros de la denunciante, su domicilio y sus lugares de trabajo o esparcimiento, y ordenó abstenerse de actos violentos, perturbadores o contactos por cualquier medio. La decisión advirtió que el incumplimiento puede dar intervención penal por desobediencia y requirió colaboración policial para controlar las medidas. Las restricciones alcanzan también las comunicaciones directas e indirectas.

El Juzgado de Familia decretó el divorcio vincular de [ACTOR_1] y [DEMANDADO_1] y tuvo por disuelta la sociedad conyugal. También homologó el acuerdo presentado por las partes sobre cuidado personal, prestación alimentaria y régimen de comunicación respecto de los hijos en común, con el alcance del art. 440 del CCyC. La sentencia ordenó expedir testimonio y oficio al Registro Civil para la nota marginal, impuso las costas por su orden y reguló honorarios de los abogados de ambas partes en 30 JUS para cada uno.

La Jueza de Familia dispuso mantener la restricción de capacidad de [BENEFICIARIA] con los alcances de la sentencia previa y conservar como apoyo al Sr. [APOYO]. La revisión consideró que no hubo cambios sustanciales en el cuadro de base y que seguía siendo necesario apoyo para actos de administración, disposición patrimonial, tratamientos médicos y actos procesales. Ordenó reservar las actuaciones, prever nueva revisión dentro del plazo legal, inscribir la restricción y comunicarla a los registros de propiedad. Impuso costas por su orden y no reguló honorarios a los defensores oficiales.

El Juzgado de Familia declaró acreditados los extremos exigidos para la internación involuntaria de '[NOMBRE PACIENTE] DNI [DNI_1]' desde '[FECHA_1]'. La resolución valoró los informes del Hospital Area Programa Villa Regina, la intervención de dos profesionales del servicio asistencial, el consentimiento informado y la conformidad de la Defensoría Oficial. El juzgado señaló que la internación se indicó por riesgo para sí, con objetivo de contención, evaluación y compensación. Ordenó notificar a la defensa, a la paciente indicada en la resolución y al hospital.

El Juzgado de Familia fijó alimentos provisorios a cargo de E.C. para el adolescente, equivalentes al 25% de los haberes menos descuentos de ley, con piso mínimo de 1 1/2 SMVM, desde julio y por 6 meses, más asignaciones familiares si las percibiera. También ratificó por 90 días las medidas dictadas por el Juzgado de Paz de Ingeniero Huergo: exclusión del hogar y prohibición de acercamiento de E.C. a 300 mts de M.D.M., de su hijo M.G.C., del domicilio y de sus lugares de trabajo, estudio y esparcimiento.