Fallos jurisdiccionales

La Cámara del Trabajo de Viedma declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Provincia de Río Negro contra una sentencia interlocutoria. La demandada invocaba el tope del 25 % del art. 730 del Código Civil y Comercial para costas y honorarios, pero el tribunal verificó un obstáculo formal: el valor del litigio no alcanzaba el mínimo legal vigente de $5.400.000 fijado por la Acordada N° 31/25. Ese recaudo era ineludible para acceder a la vía de legalidad y funcionó como impedimento formal suficiente. Por eso rechazó la habilitación de la instancia extraordinaria y no impuso costas, porque la contraparte no contestó el recurso.

La Cámara del Trabajo de Viedma declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Raúl Carlos Aramayo contra la sentencia definitiva del 07/05/2026. El actor cuestionaba la interpretación del régimen salarial del Servicio Penitenciario y sostenía que los decretos 597/17 y 681/17 habían sido aplicados de modo erróneo. El tribunal aplicó la doctrina obligatoria de los precedentes Aravena, Mora y Pereyra y concluyó que habilitar la vía extraordinaria produciría un dispendio jurisdiccional innecesario. La decisión cerró la instancia extraordinaria local sin reabrir el fondo salarial. Impuso costas y reguló honorarios de las abogadas Lucía Benatti y María Lucrecia Rodrigo en $365.849,40 para cada una, más IVA si correspondiera, pagaderos dentro de diez días.

La Cámara Segunda del Trabajo declaró inadmisible el recurso extraordinario de la parte actora contra la interlocutoria que había admitido la excepción de cosa juzgada. El actor pretendía revisar un reclamo salarial contra la Provincia de Río Negro, pero el tribunal consideró que el recurso no superaba el umbral económico exigido por el art. 61 inc. b de la Ley 5631 y la Acordada 031/2025. El monto debatido, aun con intereses y capitalización, ascendía a $ 2.468.756,88 y quedaba por debajo del mínimo legal de $5.400.000. También recordó que el valor computable es el sometido a revisión extraordinaria. Impuso las costas a la actora y reguló honorarios por $158.436 y $132.030.