Fallos jurisdiccionales

Dispuso tener por acreditados en forma sumaria los extremos declarados sobre el último domicilio de [causante]. El Juzgado de Paz certificó que [causante], fallecido en General Roca el 10 de enero de 2023, tenía su último domicilio en [domicilio causante], Río Negro, y que el fallecimiento ocurrió en General Roca porque se había trasladado allí para el tratamiento de su última enfermedad.

El Juzgado de Paz dispuso medidas cautelares provisorias por una denuncia de violencia familiar. Prohibió a '[DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]' acercarse a '[DENUNCIANTE_1]', ingresar a su domicilio o ubicarse dentro de un radio de 200 metros, y ordenó abstenerse de actos de contacto, perturbación o publicaciones por redes sociales. Las medidas rigen hasta que la jueza de Familia interviniente ordene lo contrario. También dispuso rondines policiales en el domicilio de la víctima y la elevación de las actuaciones al juzgado de Familia.

La jueza de Familia de Luis Beltrán decretó el divorcio vincular de [ACTOR_1] y [DEMANDADO_1], tuvo por extinguida la comunidad de bienes e impuso las costas por su orden. La actora había solicitado el divorcio tras la separación de hecho, sin acuerdo para homologar sobre las cuestiones vinculadas a los hijos o a los efectos del divorcio. También reguló honorarios del letrado patrocinante de la parte actora en la suma equivalente a 30 Jus y ordenó librar oficio al Registro Civil para la nota marginal.

La jueza de Familia de Luis Beltrán decretó el divorcio vincular de [ACTOR_1] y [DEMANDADO_1], tuvo por extinguida la comunidad de bienes y homologó con fuerza de sentencia el acuerdo de cuidado personal, prestación alimentaria y gastos extraordinarios relativo a sus hijos. La resolución impuso costas por su orden en divorcio, cuidado personal y gastos extraordinarios, y al alimentante por la prestación alimentaria. También reguló honorarios de la defensora oficial en 30 Ius por el divorcio, 3 Ius por cuidado y gastos, y 5 Ius por la prestación alimentaria.

La Cámara de Bariloche revocó la providencia del 30/12/2025 apelada por los herederos Margarita, Elida, Nélida y Raúl Aranda en una sucesión ab intestato. Ordenó al juez de grado cumplir lo ya dispuesto por la alzada y dar curso a la partición, pero desestimó el pedido de intimar al coheredero Carlos Aranda a suscribir una autorización de venta. El tribunal explicó que la inscripción registral con porciones no convertía la indivisión hereditaria en condominio y que, al no existir acuerdo sobre forma de venta, precio, plazos ni apercibimientos, correspondía encauzar la partición judicial. La resolución no impuso costas de segunda instancia porque no había mediado contradicción.

La jueza civil hizo lugar a la demanda de daños de [ACTOR_1] contra [DEMANDADO_1], excluyó la cobertura de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. y condenó a la demandada a pagar $361.557,00 más intereses. La sentencia tuvo por acreditada la mecánica del siniestro a partir de la pericia accidentológica, testimonios e informes municipales, y consideró que la demandada invadió el carril contrario. La exclusión de cobertura prosperó como defensa de la citada en garantía. Rechazó además el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 24.432 y del art. 730 del CCC. Impuso costas a la accionada, reguló honorarios en JUS y ordenó que, firme la sentencia y liquidados los intereses, OTIC practique la liquidación de impuestos judiciales.

El Juzgado de Paz ordenó llevar adelante la ejecución contra MARINA BODUNOV hasta el pago de $966.000 a RAIMUNDO MARCELO GARAY, más intereses desde el 10 de marzo de 2026. La sentencia monitoria declaró ineficaz la cláusula que fijaba un interés moratorio del cuatro por ciento diario y dispuso aplicar la tasa judicial conforme la doctrina legal vigente del STJ. También trabó embargo sobre haberes por el capital reclamado más $ 1.355.000,00 presupuestados para intereses y costas, e informó el plazo de cinco días para pagar u oponer excepciones.

El juzgado de Villa Regina hizo lugar a la demanda de [ACTOR_1] contra [DEMANDADO_1] y [DEMANDADO_2] por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. Condenó a ambos demandados a pagar en diez días $37.709.635, con los intereses definidos en los considerandos, y les impuso las costas. La sentencia tuvo por acreditada la procedencia de distintos rubros indemnizatorios, incluyendo incapacidad física, daño moral, reparación de la motocicleta y privación de uso; rechazó el daño psicológico porque el informe pericial indicó que la actora no sufría daño psíquico. La decisión partió de la rebeldía de los codemandados y de la prueba incorporada. También reguló honorarios profesionales y periciales sobre el monto de condena.

Dispuso tener presentes las medidas cautelares telefónicas dictadas por una denuncia de Ley 4241 y ordenó su remisión al Juzgado de Familia de Luis Beltrán. La resolución mantuvo la exclusión del hogar de S.N.D., la prohibición de acercamiento hacia C.B.(. y su grupo familiar conviviente, y el cese de actos de violencia o perturbación por S.N.D. y O.A.V. Las medidas son provisorias y rigen hasta que el juez de familia las ratifique, rectifique o amplíe.

Dispuso mantener el cese de hostigamiento de '[DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]' respecto de '[DENUNCIANTE_1]' y, en el mismo acto, levantó la prohibición de acercamiento y la exclusión del hogar dictadas el 30 de abril de 2026. La medida ordena abstenerse de incidentes, agravios, actos molestos, hostigamiento o reclamos personales por cualquier medio que no sea la vía legal. La intimación prevé intervención fiscal ante un eventual incumplimiento y ordena notificar al denunciado con habilitación de día y hora.