Fallos jurisdiccionales

El Juzgado de Familia fijó una cuota alimentaria provisoria y ratificó medidas protectorias en favor de [DENUNCIANTE_1] y de los niños [VÍCTIMA_1] y [VÍCTIMA_2]. Ordenó al progenitor [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] pagar el 100% del SMVM como cuota provisoria por un máximo de seis meses, y mantuvo prohibiciones de acercamiento, ingreso al domicilio familiar, actos molestos y contacto con los niños, con radios de 300 mts y vigencia de 90 DÍAS. También requirió intervención urgente de SENAF, vista a la Defensora de Menores e intervención del Equipo Interdisciplinario para evaluar riesgo e interacción familiar.

El Juzgado de Familia declaró la legalidad de una medida excepcional de protección de derechos respecto de [FAMILIAR_1]. La medida consiste en su alojamiento en el hogar de su abuela materna, [FAMILIAR_2], por noventa (90) días desde el 22 de mayo de 2026 hasta el 22 de agosto de 2026, con posibilidad de prórroga. La SENAF había requerido el control judicial tras disponer la medida provisoria, y el tribunal consideró que el alojamiento familiar alternativo resguardaba al adolescente frente a la situación de vulnerabilidad informada. También autorizó provisoriamente a [FAMILIAR_2] a percibir la Asignación Universal por Hijo y beneficios de seguridad social correspondientes al adolescente mientras dure la guarda.

La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de Jorge Onofri y confirmó la resolución del 10 de marzo de 2026 en el incidente de la sucesión PETRLICH. Aclaró que $282.539.816 es el monto total de la rendición de cuentas correspondiente a los frutos civiles liquidados por el período y bienes considerados, pero que esa cifra no implica una condena directa e inmediata por ese importe global. Las acreencias individuales de los coherederos deberán determinarse según sus porciones hereditarias y situaciones particulares. Impuso las costas de alzada al apelante vencido y reguló honorarios de los letrados intervinientes en el 27% y 25% sobre los honorarios de la incidencia de grado.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa hizo lugar a la demanda de cobro del Ente Compensador Agrícola de daños por granizo contra NESTOR PASCUAL BALEANI. Condenó al demandado a pagar $237.325,00 en el término de diez días, con más intereses, por el aporte adeudado al Fondo Mixto Compensador de Daños por Granizo. La decisión tuvo por reconocidos los hechos y la documental porque el demandado no contestó la demanda, no concurrió a la audiencia preliminar y había recibido una intimación de pago. El fallo aplicó los apercibimientos procesales por incontestación para tener acreditada la deuda reclamada. Impuso costas a la demandada y reguló honorarios de los letrados de la actora en 7 JUS+ 40%.

El Juzgado Civil ordenó llevar adelante parcialmente la ejecución promovida por [ACTOR_1] contra [DEMANDADO_1]. La sentencia monitoria fijó como capital reclamado $115.300, con intereses dentro de la doctrina legal del STJ y con intereses punitorios limitados al 50% de los moratorios. Aclaró que la ejecución se calculó sobre el capital nominal recibido por cuatro mutuos, deducidos los pagos denunciados, y que respecto de los mutuos del 11/09/2023 y 12/10/2023 no restaba capital, sino sólo intereses pactados. Presupuestó $.1.000.000 para intereses y costas y reguló honorarios en 5 IUS más 40%.

El Juzgado de Ejecución Penal modificó las reglas de conducta de DANIEL ALEJANDRO FLORES. Hizo lugar al cambio de domicilio a calle Francia 730 de General Roca y redujo a 100 metros la prohibición de acercamiento al domicilio de JOANA CECILIA GARRO, manteniendo en 200 metros la prohibición respecto de su persona cuando se encuentre en otro lugar. La decisión se adoptó sin oposición fiscal ni defensiva y mantuvo la obligación de abstenerse de molestias o actos turbatorios por cualquier medio.

El juzgado de Bariloche rechazó la designación de Risiko SRL como perito oficial en acústica en un proceso contencioso administrativo entre Pono SRL y la Municipalidad. Consideró que una empresa no podía actuar como perito oficial en los términos del CPCC y que su informe ya estaba incorporado como documental. Intimó a la actora a indicar en cinco días si insistía con la prueba y, en su caso, a proponer otro perito, bajo apercibimiento de resolver con los demás elementos.

El juzgado de Bariloche dispuso provisoria y cautelarmente medidas de protección solicitadas por A.E.M. respecto de D.N.R., extensivas a sus hijos. Ordenó prohibición de acercamiento a la denunciante, a sus hijos, al domicilio familiar y a sus lugares de actividad, con un radio de 200 metros, además de prohibición de contacto por cualquier medio. También dispuso oficios a la Policía, al SAT, a la Comisaría de la Familia y a los establecimientos educativos. Las medidas rigen hasta el 29.10.26 inclusive y no deciden la problemática de fondo.

La jueza civil ordenó llevar adelante la ejecución contra [DEMANDADO_1] hasta el pago de $396.000,00 a [ACTOR_1], con más intereses, costos y costas. La sentencia monitoria reguló honorarios de LUCERO María Noelia en la suma equivalente a 5 jus más el 40% al momento del efectivo pago. También ordenó notificar al ejecutado el plazo de cinco días para oponer excepciones y autorizó embargo por el capital reclamado más $800.000,00 presupuestados para intereses y costas, sobre bienes, cuentas, billeteras virtuales o haberes según se denuncie.

El juzgado de Bariloche hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción de Alejandro Daniel Garbuglia en una ejecución fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria. Declaró prescripta la deuda del período 2020 respecto del inmueble NC 192C15506, dentro de la sentencia monitoria dictada el 19 de mayo de 2026. También dejó sin efecto la regulación anterior de honorarios, fijó nuevos montos profesionales e impuso las costas de lo resuelto al ejecutante vencido.